Por nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este martes el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra Dina Bolouarte por haber firmado documentos privados del Club Departamental Apurímac, pese a su cargo público.
Así comienza un proceso de denuncia constitucional contra Boluarte que incluye diversas etapas como la designación de un ponente, una audiencia para escuchar los argumentos de Boluarte y de los denunciantes. El informe final debe ser elevado a la Comisión Permanente y luego al pleno del Parlamento.
El informe da luz verde a dos denuncias contra Boluarte, que se presentaron tras hacerse público el informe de la Contraloría que determina que la titular de Desarrollo e Inclusión Social habría incurrido en infracción al artículo 126 de la Constitución. Esto por haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, pese a su cargo como ministra.
Mira aquí el debate de la subcomisión:
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El documento declara procedente la denuncia constitucional 269 de las congresistas Norma Yarrow, Adriana Tudela y Patricia Chirinos por presunta infracción de los artículos 38 y 126 de la Constitución y los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
También, la denuncia constitucional 268 del congresista Javier Padilla Romero contra Boluarte por probable infracción del artículo 126 de la Constitución.
“Las denuncias constitucionales coinciden en señalar la infracción al artículo 126 de la Constitución, al indicar que la denunciada Dina Ercilia Boluarte Zegarra intervino en la gestión del Club Departamental Apurímac, siendo ministra de Estado, lo cual está prohibido expresamente por el citado artículo de la Carta Magna”, señala.
Sin embargo, plantea declarar improcedente el presunto delito de abuso de autoridad.
Tras conocerse el informe de la Contraloría, Boluarte negó haber cometido alguna irregularidad y cuestionó a dicha institución.
“Expreso mi protesta por el actuar de la Contraloría General de la República. Su informe de Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas 005-2022-CG/FID-FEDJ, de 60 páginas, no me ha sido notificado”, escribió.
Luego, admitió haber firmado documentos del Club Departamental Apurímac, cuando ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
“Sí, fue así [firmé documentos], y ese es el tema que voy a explicar […] Hay una ley de Registros Públicos y tiene su propia reglamentación, las personas que en algún momento asumieron la representación legal [del club], como es mi caso, mientras no se inscriba la sucesión [en Sunarp], la ley obliga…”, manifestó.
Revisa aquí el informe completo:
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