Fujimorista Segundo Tapia preside la Comisión de Ética
Fujimorista Segundo Tapia preside la Comisión de Ética
Gerardo Caballero

El congresista fujimorista Segundo Tapia asumió esta tarde la presidencia de la Comisión de Ética Parlamentaria. Lo acompañarán en la mesa directiva de este grupo de trabajo Richard Arce (Frente Amplio) en la vicepresidencia y Eloy Narváez (Alianza para el Progreso) en la secretaría.

La elección fue unánime, a pesar de que el parlamentario Yonhy Lescano (Acción Popular) pidió que, considerando que la esta comisión funciona como un tribunal de disciplina de los legisladores, y Fuerza Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso, el fujimorismo cediera la presidencia a otra agrupación.

El aprista Mauricio Mulder le dijo que su pedido era absolutamente improcedente, y que, si tenía algún reparo con que el fujimorismo presidiera la Comisión de Ética Parlamentaria, debió plantear sus objeciones en la Junta de Portavoces en la que se acordó que Fuerza Popular encabezaría la comisión. “Esta es una sesión de instalación. No puede haber ahora un debate previo”, enfatizó Mulder.

La parlamentaria fujimorista Úrsula Letona propuso la lista de candidatos que resultaría ganadora. Nadie presentó una lista alterna.

Al asumir la presidencia de la Comisión de Ética, Segundo Tapia afirmó que ejercería su labor “sin distinción de grupo parlamentario”.

“Vamos a trabajar de manera conjunta e imparcial, manteniendo las normas y los procesos como corresponde”, dijo el reelecto legislador fujimorista.

La Comisión de Ética Parlamentaria está integrada por nueve miembros, cuatro de los cuales son de Fuerza Popular: Segundo Tapi, Úrsula Letona, Liliana Takayama y Juan Carlos Gonzales. Las otras cinco bancadas tienen un representante cada una: Richard Arce, de APP; Mauricio Mulder, de la Célula Parlamentaria Aprista; Yonhy Lescano, de Acción Popular, y Guido Lombardi, de Peruanos por el Kambio, quien estuvo a cargo de la instalación.

La Comisión de Ética Parlamentaria es clave pues se encarga de tramitar las denuncias contra los congresistas en ejercicio, y eventualmente recomienda al pleno del Congreso sanciones que van desde la amonestación hasta la suspensión por 120 días.

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