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A diferencia de varios de sus antecesores, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, decidió respetar el reglamento y establecer la construcción de una agenda legislativa de prioridades que incluye al Poder Ejecutivo. Ante ello, el primer ministro Guido Bellido le envió, el pasado 16 de setiembre, un documento de nueve páginas con las 205 prioridades en la agenda oficialista.
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El largo listado, al que accedió El Comercio, empieza con la reforma del artículo 206 de la Constitución, la cual había sido anunciada por el presidente Pedro Castillo en su discurso del 28 de julio como una vía para instaurar una asamblea constituyente.
Pese a ser un anuncio presidencial, el primer ministro Guido Bellido declaró días después que la propuesta del Gobierno para cambiar completamente la actual Constitución no pasa por la modificación de su artículo 206, el cual establece las formas legales para llevar a cabo cambios parciales o totales del documento.
El partido Perú Libre, con varios de sus congresistas a la cabeza, recolecta firmas para un referéndum en busca de una nueva Constitución. Para el analista político José Carlos Requena, el oficialismo aún no tiene una ruta clara y está avanzando por varios flancos a ver cuál le resulta primero. “Saben que no es tan fácil llevar esta medida a cabo con un Ejecutivo tan débil. En general, su agenda legislativa es bien dispersa, con una retórica de cambios radicales. No encuentras un eje central”, refirió Requena.
Factor desconfianza
Si bien la agenda oficialista no tiene un eje, se puede encontrar un sesgo claro a través de propuestas como los cambios en la normativa sobre el control previo de operaciones de concentración empresarial, algo ya modificado en el período 2020-2021; la revisión de la normativa de tercerización de servicios; o medidas complementarias para la negociación colectiva.
Sobre este último punto, existe una demanda del anterior Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional sobre una ley aprobada por insistencia por el Parlamento. La norma establecía como materia negociable la determinación de todo tipo de condiciones de trabajo, incluidas las remuneraciones. Según cálculos oficiales, su aplicación implicaba un costo total de S/6.228 millones.
“Hay una mirada de desconfianza al sector privado presente en esta agenda”, advirtió José Carlos Requena.
En el sector educación, el Ejecutivo planteará cambios en la Ley de Carrera Pública Magisterial. Este punto es algo que reclaman los congresistas oficialistas que son docentes. Un reciente informe del portal digital Epicentro mostró una serie de presiones en el interior del Ministerio de Educación para “suavizar” la Prueba Única Nacional (PUN) que los maestros deben pasar cada año, y donde varios de ellos son descalificados.
Otro punto en el sector educativo es la “asistencia” a las universidades privadas con licenciamiento denegado. En agosto, el primer ministro Guido Bellido recibió a dirigentes de la Asociación de Universidades Privadas (ASUP) que buscan una “segunda oportunidad” para los centros de estudios que no pasaron la prueba de licenciamiento de la Sunedu.
En salud, se habla sobre “garantizar el funcionamiento de toda fuente generadora de oxígeno medicinal”. El pasado 20 de agosto, durante la inauguración de una central de oxígeno, el presidente Castillo refirió: “Vamos a romper con el monopolio del oxígeno. En nuestro gobierno, el oxígeno será un derecho del pueblo”. Esto ha despertado las alarmas en el sector privado, donde se ha interpretado que el gobierno podría tomar la administración temporal de las plantas productoras.
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Vía equivocada
Para el especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera, la agenda oficialista resulta muy genérica y con temas que podría resolver el propio Ejecutivo o que ya se vienen abordando.
“En la prevención y sanción de actos de corrupción, la Defensoría del Pueblo o la propia contraloría han abordado el asunto, impulsando propuestas normativas concretas como la que plantea la aplicación del control concurrente a todos los contratos públicos”, refirió.
En el caso del fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, Cabrera agregó que se resolvería con una resolución del Ministerio de Salud que implemente la unidad ejecutora para la creación de redes integradas.
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Desde la bancada
La representación parlamentaria de Perú Libre también remitió sus prioridades. Se observan proyectos para “la segunda reforma agraria”, vacancia de congresistas y una iniciativa para que no vuelvan a contratar con el Estado las empresas cuyos representantes estén vinculados a delitos de corrupción.
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