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La Oficina para los Derechos Humanos en América del Sur de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al Congreso que revise y revierta los efectos de la nueva Ley de Protección Policial, que fue promulgada la semana pasada.
Dicho organismo advirtió que la nueva norma contiene disposiciones que no se alinean con los estándares internacionales respecto al uso de la fuerza por parte de los encargados de imponer el orden.
“Hacemos un llamado urgente al Congreso de Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, se lee en el comunicado suscrito por Jan Jarab, representante de la entidad.
Jarab consideró que la promulgación de esta norma constituye un “retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia del uso de la fuerza”.
Indicó, asimismo, que “es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad”, en el marco de los esfuerzos que los países vienen realizando para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).
"No se deben dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, señaló Jarab.
El pasado sábado el Congreso de la República publicó por insistencia la Ley Nº 31012 de Protección Policial que tiene por objeto otorgar protección legal a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando, en ejercicio de su función constitucional, hacen uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria causando lesiones o muerte.
Esta ley también tiene por objeto brindar el servicio de asesoría y defensa legal gratuita al personal policial, que afronta una investigación fiscal o un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial.
