Congresistas de bancadas de centro que en diciembre pasado se opusieron a admitir a debate la vacancia presidencial contra Pedro Castillo empezaron a darle la espalda ante una nueva crisis ministerial y las continuas denuncias de corrupción que involucran al Ejecutivo.
El vocero de Alianza para el Progreso (APP), el legislador Eduardo Salhuana, dijo que su agrupación estaría dispuesta a evaluar una vacancia “si se cumplen los requisitos que exige la Constitución”.
Salhuana insistió en que su bancada “no tendría ningún problema” en apoyar una moción de vacancia “si es que los hechos, los actos se incluyen dentro del marco legal”.
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En otro momento, cuestionó que tras seis meses de gestión, Castillo “sigue sin brindar planes concretos” para enfrentar los problemas del país.
En diciembre, 12 congresistas de APP votaron en contra de debatir la moción de vacancia y solo dos lo hicieron a favor (Gladys Echaíz y Roberto Chiabra).
El lunes, la congresista Susel Paredes (Partido Morado) se refirió a la búsqueda de una vía legal para retirar a Castillo de Palacio.
“Creo que hay que hacer las cosas de acuerdo a derecho. Tenemos que buscar una manera jurídicamente adecuada para sacarlo. Creo que tiene que haber un debido proceso, no debe ser solamente mi opinión subjetiva”, dijo a RPP.
La legisladora recordó que ella y su colega Flor Pablo presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 117 de la Constitución. Este señala que el presidente solo puede ser acusado durante su período por traición a la patria, impedir que se realicen elecciones, disolver el Congreso (salvo excepciones) o impedir el funcionamiento de los organismos del sistema electoral.
El proyecto de Paredes plantea que el mandatario también pueda ser acusado durante sus funciones por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, entre otros.
El mes pasado, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió dos investigaciones a Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencia, colusión y patrocinio ilegal, por los casos Petro-Perú y Puente Tarata y supuestas interferencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, dispuso que se suspenda el inicio de los actos de investigación hasta que culmine el mandato, en el 2026.
La semana pasada, el congresista Edward Málaga (Partido Morado) también se refirió a la posibilidad de que el mandatario deje Palacio antes del 2026.
“Yo le diría que renuncie, que le quedan grandes los zapatos. Creo que es hora de aceptar de manera hidalga y responsable, sin generar conflictos, que este no es su momento, que no ha estado a la altura. Que venga el siguiente o la siguiente”, dijo en entrevista con “Sálvese quien pueda”.
Málaga también dejó abierta la opción de apoyar una moción de vacancia.
En tanto, el vocero alterno de Somos Perú, Wilmar Elera, dijo a El Comercio que en estos momentos “no hay gobernabilidad”, pero esperará el nombramiento de un nuevo Gabinete Ministerial para tomar una postura. Añadió que hasta el momento se mantiene en contra de una vacancia presidencial, como lo hizo en diciembre.
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