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Enrique Cornejo, ex ministro del segundo gobierno del fallecido ex presidente Alan García Pérez, junto a otras seis personas detenidas en el marco del Caso Odebrecht, cumplieron con pasar por el control de identidad ante el Poder Judicial (PJ) que ordenó su captura preliminar.
El PJ informó a El Comercio que entre ayer miércoles y hoy jueves, el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala; y el ex jefe de Provías Nacional durante el segundo gobierno de García Pérez, Raúl Torres, fueron llevados ante el juez de investigación preparatoria nacional anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena.
La mismo sucedió con el ex secretario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Jorge Menacho; el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras; y Samir Atala Nemi (hijo de Miguel Atala).
El magistrado corroboró la identidad de todos los requeridos por la Fiscalía y luego fueron trasladados hasta la sede de la Prefectura de Lima, ubicada en la avenida España del Centro de Lima.
Todos ellos han sido implicados por la fiscalía en una trama de corrupción que suponía la recepción y ocultamiento de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht.
-Apelarán decisión-
Mientras tanto, el ex secretario general del gobierno del ex presidente Alan García, Luis Nava Guibert, permanece internado en una clínica local donde viene siendo custodiado por la Policía que espera su alta médica.
Su abogada, Cinthia Yanelli, anunció que apelaría la medida de detención emitida por el juez Sánchez Balbuena, pues indicó que su patrocinado no ha realizado ningún acto que obstruya la actividad probatoria de la investigación.
"No ha realizado ninguna obstrucción, ninguna conducta obstructora de la investigación ni tampoco que diera indicios de que él iba a realizar algún acto de fuga; y que toda medida restrictiva requiere que se cumplan cualquiera de esos presupuestos", dijo.
Remarcó que Nava Guibert se había mostrado llano a aceptar el impedimento de salida del país que había solicitado inicialmente la fiscalía.
"Los argumentos de la resolución son paupérrimos para sustentar la detención, pero lo que nos preocupa es el delicado estado de salud de mi patrocinado. Bajo esa situación estamos considerando apelar la resolución porque su ejecución podría desencadenar efectos más graves", anunció.
