“Y de repente llegamos al 28 de julio y no hay gobierno. Eso puede pasar. Y, si es así, ¿Quién va a gobernar el Perú?”, preguntó el excongresista Víctor Andrés García Belaunde en “Cuarto Poder” el último domingo. E inmediatamente, él mismo se respondió: “El nuevo presidente del Congreso, que tendrá que convocar a nuevas elecciones”.
¿Es viable el escenario que plantea García Belaunde y tiene respaldo constitucional? Los abogados constitucionalistas Natale Amprimo, Javier de Belaunde y Luciano López coincidieron, en diálogo con El Comercio, en que no es posible desconocer las elecciones del seis de junio pasado.
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Si hasta el 28 de julio no tenemos presidente electo, “evidentemente asumiría el presidente del Congreso, pero no para convocar a elecciones, sino hasta que se tengan los resultados”, dijo Amprimo. Añadió que llegar a esa fecha sin presidente electo es poco probable, a pesar de la carga que representan las cientos de solicitudes de nulidad de actas presentadas por Fuerza Popular y Perú Libre.
En tanto, De Belaunde opinó: “No tiene respaldo constitucional [lo que dice García Belaunde]. La única autoridad competente en el Perú para decidir dejar sin efecto el proceso electoral es el JNE. El Congreso no podría invadir esa competencia y desconocer un proceso que ya ocurrió”.
De Belaunde también consideró que el excongresista “se puso en un supuesto muy extremo, que veo difícil que ocurra, por no decir casi imposible”, en referencia a llegar al 28 de julio sin presidente electo.
Para López, Víctor Andrés García Belaunde habría hecho “una interpretación muy forzada del artículo 115 de la Constitución”. Este establece la línea sucesoria en Palacio de Gobierno.
Antes de que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunciara que Óscar Urviola asumiría la defensa de su agrupación, le habíamos consultado al expresidente del Tribunal Constitucional por la afirmación de García Belaunde. Esto nos dijo:
“No estaría en condiciones de decirte si se tendría que convocar a nuevas elecciones porque no se podría aplicar el artículo115 [de la Constitución] en su integridad. Si al 28 de julio todavía no hay un resultado de un proceso que no ha sido declarado nulo, tendríamos que esperar”.
Añadió que “en el supuesto de que el JNE se pronuncie y diga que no hay ganador, ahí sí se tendría que aplicar en su totalidad el [artículo] 115″.
El lunes pasado, más voces se sumaron al pedido de nuevas elecciones. El congresista electo Jorge Montoya, de Renovación Popular, aseguró en Twitter: “La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”.
Ello a pesar de que observadores internacionales han avalado el proceso electoral y las presuntas irregularidades denunciadas por Fuerza Popular y Perú Libre siguen su curso en los jurados electorales especiales correspondientes.
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Los abogados constitucionalistas consultados por este Diario coincidieron en señalar que se debe respetar la decisión que tomen las autoridades electorales. López precisó: “Es clave que el Jurado Nacional de Elecciones se plante bien sobre la tierra y distinga todas aquellas impugnaciones interpuestas fuera de plazo. [...] Que cierren el proceso electoral antes de julio porque, de lo contrario, será un caos”.
Nuevas gestiones de Fuerza Popular
Mientras tanto, Fuerza Popular solicitó el lunes a la ONPE que realice una auditoría informática del proceso de digitalización de las actas electorales, más de una semana después de la segunda vuelta presidencial y cuando esa institución ya procesó el 100% de las actas.
La personera legal de la agrupación, Milagros Takayama, argumentó que “se ha detectado por redes sociales” cuestionamientos al sistema de la ONPE. Hasta la semana pasada, la versión oficial del partido fue que no atribuía presuntas irregularidades a la ONPE ni al JNE, sino a Perú Libre, al que acusó de orquestar un “fraude en mesa”.
Fuentes de la ONPE informaron que se responderá la solicitud dentro del plazo de 30 días hábiles.
El abogado José Naupari, experto en derecho electoral, recordó que “cuando se han aprobado auditorías, fueron previas al proceso electoral y pensadas en el voto electrónico, que en estas elecciones no hubo”.
Naupari consideró que Fuerza Popular buscaría “tener una alternativa ante la posibilidad de que se caigan las nulidades de actas que han solicitado [al JNE]”.
Natalie Amprimo señaló que el pedido de Fuerza Popular podría ser extemporáneo. “Los personeros tienen un momento para objetar el sistema de cómputo que utiliza el ente electoral. En materia electoral y procedimental, todo tiene su momento y su etapa, porque si no, seguimos dilatando los resultados”, dijo.
El especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos señaló que no están contemplados plazos determinados para este tipo de solicitudes. Precisó que se trataría de un pedido genérico.
También recordó que la ONPE ha informado sobre capacitaciones a personeros de ambos partidos antes de los comicios. En estas se explicaron cómo funcionan los sistemas de cómputo electoral.
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