Facultades delegadas: ¿qué modificaciones se incorporaron al dictamen y cómo se desarrolló el debate?

Tras 52 días de presentada la solicitud, la Comisión de Constitución del Senado aprobó este lunes el dictamen que otorga al Ejecutivo 27 de las 66 facultades solicitadas para legislar durante 90 días en materias de seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Ahora el texto será debatido este miércoles por el pleno de la Cámara Alta.

La votación se realizó en dos bloques: primero, el texto de 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados y, luego, la incorporación de siete medidas adicionales a la propuesta de la Cámara Baja.

Ambas votaciones fueron aprobadas por unanimidad por los senadores presentes en la sesión: el titular de la comisión, Carlos Mesía, así como Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Katherine Ampuero y Lourdes Alcorta, de Renovación Popular; y Roger Astucuri, del Partido Cívico Obras.

Tal como adelantó El Comercio, la participación de Obras fue clave. La asistencia de Astucuri Laura permitió alcanzar el quórum y los votos. Sin él, la comisión habría contado con seis de los siete integrantes necesarios para sesionar.

Fuerza Popular y Renovación Popular suman apenas seis integrantes en la comisión.

En esta sesión no asistieron Víctor Cutipa, Iber Maraví y Humberto Morales, de Juntos por el Perú. Tampoco participaron Ruth Luque, de Ahora Nación, ni Patricia Iturregui del Partido del Buen Gobierno. Sus ausencias se produjeron en el segundo intento de dejar sin quórum al grupo de trabajo. El primero ocurrió el jueves pasado.

Los argumentos detrás de las ausencias fueron similares. Algunos legisladores habían expresado su rechazo a las nuevas facultades incorporadas a la propuesta original. Otros, en cambio, acusaron al fujimorismo de obstruir el debate.

Desde Fuerza Popular, Juárez Gallegos cuestionó al bloque de izquierda por no asistir a la comisión. Mostró en una conferencia de prensa sillas vacías con logos del Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú. Sostuvo que aquellos que no asistieron “dejan desprotegidos a los ciudadanos frente a los criminales y El Niño”.

“Estas sillas vacías representan a aquellos políticos que le dan la espalda al reclamo de los ciudadanos, son aquellos que se levantaron y no quisieron dar quórum para aprobar las soluciones que el pueblo peruano reclama”, indicó.

“Son los mismos que se rasgan las vestiduras en nombre del pueblo, se llenan la boca hablando de justicia y por detrás huyen cuando se trata de castigar a los delincuentes. Usan discursos floridos para defender un sistema podrido. Ponen las diferencias políticas por sobre las urgencias ciudadanas”, aseveró.

Por su parte, el senado Daniel Barragán se refirió al voto a Obras a favor de las facultades. “Yo no hablo de oposición. Nosotros no somos oposición, somos solución, pero haremos el control correspondiente al Poder Ejecutivo para que pueda cumplir con los objetivos que ellos están solicitando”, señaló.

Ruth Luque, de Ahora Nación, cuestionó al fujimorismo por estar “acostumbrado” a imponer sus votos y dominar el Parlamento.

“Están acostumbrados a imponer sus votos, dominar el Parlamento. Ellos están acostumbrados a eso. Lo he vivido cinco años. Entonces, que no pretendan darme ejemplos porque ejemplo de nada son”, enfatizó.

Agregó que “quienes han petardeado la democracia es el propio fujimorismo que ha diseñado una bicameralidad donde es un unicameralismo encubierto”.

Por su parte, Héctor Ventura, de Fuerza Popular, sostuvo que los legisladores de izquierda intentaron desnaturalizar la propuesta original al incorporar, entre las facultades solicitadas por la Cámara de Diputados, la siguiente medida: “Crear la carrera del servidor público para Centros de rehabilitación juvenil”.

Sin embargo, recordó que esta propuesta fue eliminada del nuevo texto y cuestionó que “han pretendido romper estas facultades desnaturalizándolo”.

“Han estado dilatando escenarios, han estado dilatando tiempos. [...] Han pretendido boicotear la Comisión de Constitución del Senado. Estas actitudes antidemocráticas hacen que el Perú siga esperando a sus autoridades”, criticó.

Principales cambios

Iniciado el debate, el senador Roger Astucuri planteó algunas modificaciones al texto. Estas fueron recogidas y, poco después, la sesión ingresó a un cuarto intermedio (pausa de la sesión) para replantear la propuesta final.

Entre los puntos modificados destaca la libertad vigilada postpenitenciaria. En el nuevo texto, se reemplazó el criterio general de delitos de alta peligrosidad, lesividad o pluriofensivos por delitos específicos de sicariato, extorsión y casos de organizaciones criminales que atenten contra la seguridad ciudadana.

Además, se agregó que la libertad vigilada postpenitenciaria estará “bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo”.

En la nueva propuesta se eliminó la calificación de organizaciones criminales como “grupos hostiles” y se planteó una regulación más amplia sobre las condiciones de intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.

Según el senador Héctor Ventura, esta modificación fue un “tecnicismo jurídico”, pues el fondo es el mismo: combatir la ola delincuencial.

“El propio decreto legislativo tiene dentro de su desarrollo el término “grupos hostiles”. La esencia no se ha cambiado”, dijo.

Otro de los cambios corresponde a la modificación de la Ley contra el Crimen Organizado, que busca establecer criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales.

En el nuevo dictamen, se reemplazó la frase “empleen de forma sistemática métodos de violencia propios del terrorismo” por “empleen técnicas utilizadas por el terrorismo o análogas”, como parte de los criterios de calificación.

En cuanto a las facultades referidas al Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), se incorporaron disposiciones sobre la coordinación e interoperabilidad entre los componentes del sistema.

También se precisó que sus mecanismos de producción, procesamiento, intercambio y análisis de inteligencia deben responder a amenazas contra la seguridad nacional y la criminalidad organizada.

Respecto de los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas, el nuevo texto establece que estos se ejercerán a través de la Comisión de Inteligencia del Senado.

Finalmente, se añadió expresamente la condición de no “afectar los derechos fundamentales”.