Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de esta semana.

► Revisa aquí las ediciones anteriores de "La posverdad de la política"

Esta afirmación es imprecisa.
“Cuarto poder” denunció que el legislador de Fuerza Popular Federico Pariona contrató al sobrino de su colega Segundo Tapia, José Pérez Tapia; mientras, su pareja Kirstell Díaz era contratada por Tapia.
En conversación con este Diario, el congresista amplía su respuesta: “La ley es clara, nepotismo se genera cuando contraes matrimonio o cuando la convivencia es constituida”. Pariona señala que su relación con Kristell Díaz empezó cuando ella ya era trabajadora de esta entidad y que recién empezaron a convivir cuando ella ya había dejado este trabajo. Sobre el sobrino de Tapia, señala que solo se fijó en sus credenciales, pues ya había trabajado en el Legislativo.
El especialista en temas parlamentarios José Elice señala que, en efecto, legalmente no es nepotismo. Además, es difícil probar que hubo algún tipo de negociación para el intercambio de favores por los defectos que tiene la actual legislación.
Pero desde el punto de vista ético sí es cuestionable. “Podemos sospechar que hubo un acuerdo, pero no lo podemos probar”, señala.

Esta afirmación es falsa.
Uno de los argumentos que el defensor del expresidente Alejandro Toledo utilizó ante la corte de California fue que el caso por el que se solicita su extradición está basado en un testimonio endeble: el del empresario Josef Maiman, quien ha cambiado de versiones.
Ante la imposibilidad de contactar a Archer, el abogado de Toledo en el Perú, Heriberto Benítez, responde por él. “En el cuaderno de extradición que se ha enviado, el único cargo que se le imputa está basado en la versión de Maiman, cuando empieza su colaboración eficaz. Incluso incluyen el Caso Ecoteva, las cuentas y el circuito de Maiman”, dice.
Pero, después, Benítez reconoce que el primer testimonio de Jorge Barata también está incluido en ese cuaderno de extradición, preparado en el 2017. En esa colaboración, el exjefe de Odebrecht en el Perú señaló que Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo, fue quien actuó de intermediario para el pago del soborno por la carretera Interoceánica Sur. Barata también dio detalles sobre reuniones en Palacio de Gobierno, en Río de Janeiro y el pedido de US$35 millones formulado por el expresidente.

Esta afirmación es imprecisa.
El despacho del procurador Enco explicó que la denuncia formulada por este contra el procurador Jorge Ramírez no podría ser extensiva a los fiscales del caso, pues son los procuradores los encargados de cautelar por el cobro de las reparaciones. Señala que el único que puede buscar la remediación del daño es el perjudicado, en este caso el Estado, representado por Ramírez.
Pero el exprocurador Antonio Maldonado indicó que si bien es cierto que el pago de la reparación está en manos de la procuraduría del caso, la colaboración eficaz está dirigida por el Ministerio Público. La decisión de inaplicarle a Odebrecht la Ley 30737, que asegura el pago de las reparaciones, está bajo decisión de la fiscalía, explica Maldonado. Por ello, bajo el razonamiento de Enco, los fiscales también deberían ser responsables. Además, señala que la denuncia contiene la frase “contra los que resulten responsables”, lo cual abre una ventana para investigar a los fiscales que participaron en la firma del acuerdo.
Lee aquí la respuesta completa del despacho de Enco:

Esta afirmación es imprecisa.
Pier Figari fue el primer investigado en pedir que su proceso por lavado de activos se adecúe a la ley que regula el financiamiento prohibido a organizaciones políticas, de reciente promulgación. Esta norma establece cuatro fuentes vedadas. Para el congresista Jorge del Castillo, los aportes a partidos anteriores a la publicación de la norma no constituyen delitos.
El exprocurador Yvan Montoya señala que si bien el financiamiento ilegal recién es delito, el lavado de activos está tipificado hace muchos años. Para él, los casos de aportes de Odebrecht a organizaciones políticas están claramente procesados por lavado, pues se atribuye que el origen de los fondos vienen de actividades ilícitas y hay modalidades de colocación –como el pitufeo– para darle apariencia de legalidad.
“Lo que se está procesando son actos de lavado por el origen y por los actos de intercalación y ocultamiento”, señala. Montoya afirma que si se produce un hecho similar en el futuro, los implicados pueden ser procesado por ambos delitos.
El Comercio no se pudo comunicar con el congresista Del Castillo para que argumente su punto de vista, pese a las continuas llamadas y los mensajes dejados.