Este martes 3 de octubre, el Ministerio Público se reunirá con funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a fin de conocer la situación del proceso de ampliación de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo, por el Caso Ecoteva.
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Así lo informó la fiscal Liliana Magdalena Briceño Aguayo, de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, durante la audiencia del juicio oral contra el expresidente por el presunto delito de lavado de activos.
Ante la Novena Sala Penal Liquidadora, Briceño Aguayo informó que tras un pedido de su despacho, la Oficina de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público dio cuenta de las gestiones que venían desplegando.
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“Se ha recibido este oficio, mediante el cual se comunica que, sobre el particular, se están haciendo las coordinaciones con las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América a efectos de que se pueda llevar a cabo una reunión de coordinación y obtener información acerca de las gestiones que se vienen realizando respecto a la solicitud de extradición”, indicó.
Como se recuerda, Toledo Manrique afronta este juicio oral “en reserva” debido a que la justicia de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre la ampliación de su extradición.
“Tentativamente, se informa que la primera reunión se llevará a cabo el día 3 de octubre del 2023 y en cuando se tengan los resultados de la misma, se informará a la Sala sobre los trámites o en qué estado se encuentran los trámites respecto de ese proceso”, agregó la fiscal.
La fiscalía ha solicitado 16 años y ocho meses de cárcel para Alejandro Toledo. La misma pena pidió para Eliane Karp, esposa del exmandatario, quien se encuentra prófuga de la justicia; y para Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno durante el gobierno de Toledo.
De otro lado, la Procuraduría ha solicitado S/38′220,000 por concepto de reparación civil que deberá ser pagada de forma solidaria entre los procesados de ser hallados culpables.
Según la acusación, el expresidente habría incurrido en el delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, conversión y transferencia, al haber dispuesto a compra de inmuebles y el pago de hipotecas con dinero de procedencia ilícita.
Se le atribuye haber participado como coautor del delito de lavado de activos en la etapa de colocación, al haber convertido el dinero producto de la comisión del delito de corrupción de funcionarios, utilizando la cuenta de Confiado”
Ministerio Público
El dinero, imputa el Ministerio Público, provino de los presuntos actos de corrupción cometidos por Alejandro Toledo durante su gobierno. Y, para darle apariencia de legalidad, habría dispuesto que su suegra realice la compra de un inmueble en la calle Cascajal, en Las Casuarinas (Surco), así como una oficina y dos depósitos en el edificio de La Torres Omega (Surco).
Junto a esto, pagó la hipoteca que mantenía por la compra de una casa en la playa de Punta Sal (Tumbes) y su casa de la Urbanización Camacho.
Desde abril de este año, el ex jefe de Estado se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, luego de ser extraditado por Estados Unidos en el marco del Caso Interoceánica.
