Caso Madre Mía: Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva contra 9 militares implicados

El 22 de diciembre, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Amílcar Gómez Amasifuén y otros 8 implicados en el caso “Madre Mía”, por delito de desaparición forzada de personas en agravio de Jorge Ávila, Natividad Ávila y Benigno Sullca.

Los otros investigados -además de Gómez Amasifuén- son los militares Tobías Huaringa Rosales, Ramón Olimar Jaba, Limber Isuiza Isuiza y Nicanor Guerra Cárdenas y Gaspar Santillán Grandez

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Asimismo, Segundo Padilla Santillán, Rusell Vela Silva y Edgar Padilla Paredes. La solicitud de prisión preventiva había sido presentada por la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Lima.

El exsuboficial EP Amílcar Gómez Amasifuén, quien fue cercano al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y que es un personaje clave en la indagación, fue detenido en Tarapoto (San Martín) el pasado 5 de diciembre.

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El exmilitar estuvo destacado en la base contrasubversiva de Madre Mía (Tingo María Huánuco) en 1992, cuando Humala era el jefe del destacamento. En el 2000 lo acompañó en la asonada de Locumba y, durante su gobierno (2011-2016), laboró en el Ministerio de Defensa.

Gómez Amasifuén es acusado de haber entregado un soborno a Jorge Ávila Rivera para que cambiara su testimonio sobre la implicancia del exmandatario en el caso. El exsuboficial del Ejército es familiar de la esposa de Ávila.

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Según reveló Ávila a El Comercio, en el 2006 y 2011 (año en el que Humala ganó la presidencia por el Partido Nacionalista Peruano, el cual lidera) le pagaron 4500 dólares –en partes- para que negara que el exmandatario era el ‘Capitán Carlos’, como se conocía al jefe de la base de Madre Mía en 1992.

En el 2006, a Humala se le abrió un proceso penal por el caso, pero cuando Ávila cambió su versión sobre la presunta culpabilidad del expresidente, este ya no fue procesado.

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En el 2017, este Diario también reveló interceptaciones telefónicas legales que evidenciaban las conversaciones sobre el pago a Ávila, en el contexto de la campaña electoral del 2011 que Humala Tasso ganó. Los audios habían estado ocultos en una fiscalía por seis años.

Después de las revelaciones de abril del 2017 sobre las interceptaciones, el fiscal Luis Valdivia Calderón decidió reabrir, en junio de ese año, la investigación del caso. Ollanta Humala volvió a ser incluido como investigado.