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MARIO MEJIA (@mariomejiah)
Abimael Guzmán y otros diez miembros de la cúpula de Sendero Luminoso afrontarán un nuevo proceso penal por el atentado de la calle Tarata y las vinculaciones con el narcotráfico con prisión preventiva.
Así lo determinó la jueza Mercedes Cabello, del Segundo Juzgado Penal Nacional, quien declaró fundado el pedido del fiscal Jhonny Soto para que los integrantes del comité central de la organización terrorista (algunos de los cuales están por cumplir sus respectivas condenas) se mantengan en la cárcel durante el proceso que se inició esta mañana.
Ellos son, además de Guzmán, Elena Iparraguirre, Óscar Ramírez Durand, Osmán Morote, Margie Clavo, María Pantoja, Florindo Flores Hala ('Artemio'), Margot Liendo, Edmundo Cox, Laura Zambrano, y Florentino Cerrón. Sus abogados indicaron que interpondrán recursos de apelación contra esa decisión.
CON COMPARECENCIA
La magistrada Cabello igualmente dispuso que los también acusados Victoria Cabrera y Moisés Límaco sean procesados con mandato de comparecencia con reglas de conducta. En sus casos, según la jueza, no se ha comprobado fehacientemente que hayan formado parte del comité central de Sendero Luminoso. Cabrera actualmente está en libertad después de haber cumplido una condena de 15 años. Límaco saldrá en libertad en junio al cumplir 20 años de condena.
La jueza dijo que tomó la decisión de no dar comparecencia a los miembros de la cúpula terrorista porque se encontraron elementos de convicción fundados y graves de que el atentado de Tarata, que ocurrió el 16 de julio de 1992, fue ordenado por Guzmán y su comité central. Ese atentado, como lo recordó el fiscal, ocasionó la muerte de 17 personas y dejó a 155 personas heridas.
En la audiencia, llevada a cabo en la Base Naval del Callao, el fiscal también había sustentado que "existían sólidos elementos de convicción" de que la cúpula había hecho acuerdos con los jefes del narcotráfico para ofrecerles protección y dejarlos trabajar en la zona del Huallaga.
Alfredo Crespo y otros abogados de los terroristas señalaron que la decisión de no darle comparecencia a la mayoría de la cúpula senderista era el resultado de una persecución política contra los miembros del partido comunista Sendero Luminoso.
