Defensor del Pueblo presentó demanda ante el TC, pese a que su hermana tiene proceso por extinción de dominio

Hace unas semanas, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó formalmente una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la ley de extinción de dominio. Lo que no dijo en ese momento es que una de sus hermanas, Sara Gutiérrez, tiene un caso de extinción en curso, en calidad de representante legal de una empresa a la cual las autoridades le incautaron un vehículo en Huánuco valorizado en más de S/800.000.

Según información del Ministerio Público, el 18 de octubre del 2023, fue intervenido un vehículo mayor que transportaba una motoniveladora en las inmediaciones de la carretera central, con dirección de Huánuco – Lima en San Rafael (Ambo, Huánuco). Sin embargo, no se contaba con la documentación necesaria de circulación en la zona y “estaría vinculado a la actividad ilícita de contrabando”, se indicó desde la fiscalía.

El vehículo es de propiedad de la empresa Multiservicios y Constructora JJJ Cruz E.I.R.L., que tiene como representante legal a Sara Gutiérrez Cóndor.

Ante ello, la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Huánuco solicitó la respectiva medida cautelar de incautación, a fin de salvaguardar la preservación del bien mueble, la cual fue amparada por el Poder Judicial.

“La obtención de la medida cautelar se dio tras acreditar la existencia de los presupuestos de verosimilitud de los hechos, el peligro en la demora, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida, respecto del bien que habría sido utilizado en la comisión del delito de contrabando”, se indicó desde el Ministerio Público.

La fiscalía también presentó la respectiva demanda en extinción de dominio, la cual fue admitida por el juzgado y se realizaron las audiencias de inicio y actuación probatoria. Según informó la fiscalía este viernes 16 de agosto, los alegatos de clausura en este proceso culminaron el 26 de junio pasado, y se está a la espera de que el Juzgado de Extinción de Dominio de Huánuco emita la sentencia correspondiente.

Sara es una de los siete hermanos que tiene Josué Gutiérrez, según su declaración jurada de intereses.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien también ha sido abogado del prófugo Vladimir Cerrón, negó conocer del caso y dijo que no vive con ninguno de sus hermanos, pues él vive en Lima, y que cada uno es independiente en su vida empresarial, profesional y personal.

Asimismo, agregó que la demanda de inconstitucionalidad que presentó “no es que se trate de beneficiar a mi hermana, o me beneficio yo, o a mi amigo” sino que “es un tema de derechos” y un “es un tema muy trascendente, que está por encima de las personas, por encima de cualquier especulación”. “Jamás lo haría pensando en lo mío”. indicó.

“El que va a evaluar, no va a evaluar por el señor Gutiérrez o por la Defensoría, no. Eso lo pudo haber presentado el grupo de parlamentarios que corresponde o otras instancias (...) Nosotros cuando tomamos la decisión de elaborar un estudio es porque hay denuncias correspondientes y que quepa la plena seguridad que no hay ningún interés subrepticio de ninguna naturaleza”, manifestó a El Comercio.

Justamente, el Poder Judicial incautó más de S/1,6 millones de las cuentas bancarias del exgobernador de Junín y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien lleva más de 10 meses prófugo, como parte de un proceso seguido por extinción de dominio y tras sospechas de un desbalance patrimonial.

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de Lima declaró fundada una medida cautelar solicitada por la fiscalía especializada, en tanto se resuelve la demanda de fondo planteada que actualmente está en curso.

En total, se trata de S/1′613.512,43, los cuales estaban distribuidos en dos cuentas a nombre de Vladimir Cerrón —S/1′236.543,30 y S/376.969,13, respectivamente—. Ahora, por disposición del juzgado de extinción de dominio, ese monto está a cargo de la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados.

El juez Juan Rosas Castañeda dispuso que se notifique la decisión al prófugo exgobernador “solo y únicamente después de ejecutada la referida medida cautelar”, según la resolución del 8 de agosto pasado a la que accedió El Comercio.

De acuerdo con la tesis de la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, el prófugo Vladimir Cerrón presenta un desbalance patrimonial que asciende a S/6′387.070,42 entre el período 2008-2021. Y el dinero incautado forma parte de ello.

“El dinero incautado forma parte de dicho monto, toda vez que no se encuentra respaldado por sus actividades laborales, como médico ni como funcionario, como gobernador regional de Junín entre los años 2011-2014 y 2019″, se indicó desde el Ministerio Público.

Para la fiscalía, “existen suficientes indicios que permiten considerar que dicho incremento patrimonial proviene de actividades ilícitas”, toda vez que Cerrón fue sentenciado hasta en dos oportunidades por corrupción en los casos conocidos como La Oroya y por Aeródromo Wanka, ambos cuando ejerció como gobernador regional de Junín.

Además, Cerrón cuenta con otras pesquisas fiscales en curso, como la que se sigue en su contra por lavado de activos y en donde se viene indagando el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre en el 2021.

A través de un mensaje en X el prófugo exgobernador indicó que una auditoría de la Sunat “ha concluido que mis cuentas son lícitas y provienen de mi trabajo de neurocirujano de 20 años, sueldos de gobernador, Essalud y docencia”. También volvió a arremeter contra el sistema de justicia y aseguró que se usaba “como instrumento político”.

Además, integrantes de la bancada de Perú Libre en el Congreso también emitieron pronunciamientos en donde mostraron su respaldo a su líder e insistieron en que había una persecución.

El abogado penalista Carlos Caro apuntó que la extinción de dominio es un proceso en donde lo que se persigue son los bienes y el punto de partida es el presunto “origen ilícito” de los mismos.

A diferencia de los casos penales, agregó, no entra en riesgo la libertad de una persona. Y remarcó que las investigaciones fiscales en curso que actualmente tiene el exgobernador, como la de presunto lavado de activos, va “en paralelo” bajo el actual esquema normativo.

“Lo único que necesita la fiscalía de extinción de dominio, es decir, hay este dinero, darle la oportunidad a Cerrón de probar la licitud de ese dinero. Y si no lo prueba, consecuentemente procede la extinción. Es una suerte de inversión de la carga de la prueba”, indicó Caro.