Hace unas semanas, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra la ley de extinción de dominio. Lo que no se conocía en ese momento es que esto lo hizo a pesar de que su hermana Sara Gutiérrez tiene un proceso extinción en curso, en calidad de representante legal de una empresa a la cual las autoridades le incautaron un vehículo valorizado en más de S/800.000.
Según información del Ministerio Público, el 18 de octubre del 2023, fue intervenido un vehículo mayor que transportaba una motoniveladora en las inmediaciones de la carretera central, con dirección de Huánuco – Lima en San Rafael (Ambo, Huánuco). Sin embargo, no se contaba con la documentación necesaria de circulación, por lo que “estaría vinculado a la actividad ilícita de contrabando”, se indicó. El vehículo es de propiedad de la empresa Multiservicios y Constructora JJJ Cruz E.I.R.L., que tiene como representante legal a Sara Gutiérrez Condor.
Ante ello, la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Huánuco solicitó la respectiva medida cautelar de incautación, a fin de salvaguardar la preservación del bien, la cual fue amparada por el Poder Judicial.
“La obtención de la medida cautelar se dio tras acreditar la existencia de los presupuestos de verosimilitud de los hechos, el peligro en la demora, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida, respecto del bien que habría sido utilizado en la comisión del delito de contrabando”, se indicó.
También se presentó una demanda en extinción de dominio, la cual fue admitida y se realizaron las audiencias de inicio y actuación probatoria. Según el Ministerio Público este viernes 16, los alegatos de clausura en este proceso culminaron el 26 de junio pasado, y se está a la espera de que el Juzgado de Extinción de Dominio de Huánuco emita la sentencia correspondiente.
Niega conocer proceso
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien también ha sido abogado del prófugo Vladimir Cerrón, negó conocer del caso y dijo que no vive con ninguno de sus hermanos y que cada uno es independiente en su vida empresarial y profesional.
Agregó que la demanda de inconstitucionalidad que presentó “no es que se trate de beneficiar a mi hermana, o me beneficio yo, o a mi amigo” sino que “es un tema de derechos”.
“Nosotros cuando tomamos la decisión de elaborar un estudio es porque hay denuncias correspondientes y quepa la plena seguridad que no hay ningún interés subrepticio de ninguna naturaleza”, manifestó a El Comercio.
