Luciana León acusada por el Congreso: los ‘Intocables ediles’ y otros casos que la involucran

La votación se dio por cada uno de estos delitos. Para el de tráfico de influencias, 73 congresistas se adhirieron con su voto; para cohecho pasivo impropio, 74; y para peculado doloso por apropiación, 75.

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Con esta decisión, la fiscalía podrá iniciar la formalización de investigación contra Luciana León e incluso pedir medidas restrictivas en su contra.

La congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) fue la encargada, como parte de la subcomisión acusadora, de exponer el informe final contra León tras la denuncia constitucional presentada el 14 de marzo del 2022 por parte de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Como medios probatorios para el delito de tráfico de influencias agravado se reunieron 122 documentos, entre ellos conversaciones vía WhatsApp, actas de transcripción telefónicas e informe periciales. De otro lado, para el cohecho pasivo impropio, se reunieron 17 documentos, entre ellos actas de transcripción de comunicaciones y material incautado en el domicilio de la excongresista León. Esto, añadieron, “configuran indicios reveladores de que la denunciada habría recibido sumas de dinero a cambio de sus gestiones, lo cual involucraría a la denunciada con los elementos del tipo penal de cohecho pasivo impropio”.

Asimismo, en cuanto al presunto delito de peculado doloso por apropiación, citan que el aspirante a colaborador eficaz 05-2019-3D2FPCEDCF refirió que León tenía “entre las personas que laboraban para ella personal que recibía una remuneración mensual sin efectuar labores por dicho pago. Es decir, que recibían un sueldo del Estado, pero en realidad no realizaban ningún trabajo”, citan sobre el caso de trabajadores fantasma por el que la excongresista también es investigada.

Aunque el informe final había concluido acusar también a la excongresista por el presunto delito de organización criminal, este extremo para acusar a León fue rechazado por la Comisión Permanente en la sesión del pasado 24 de marzo de este año.

Votación por el presunto delito de tráfico de influencias:

Votación por el presunto delito de cohecho pasivo impropio:

Votación por el presunto delito de peculado doloso por apropiación:

Los congresistas que votaron en contra de que la excongresista Luciana León sea acusada por el presunto delito de tráfico de influencias son Wilson Soto y Edwin Martínez, de la bancada de Acción Popular; y Kira Alcarraz, de Podemos Perú. Mientras que quienes se abstuvieron de emitir una decisión fueron Jorge Flores (Acción Popular), José Elías (Podemos Perú) y Héctor Valer (Somos Perú).

Del mismo modo, los congresistas Soto como Martínez votaron en contra de que León sea acusada por los delitos de cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. También se abstuvieron en ambos casos Jorge Flores (Acción Popular), José Elías (Podemos Perú) y Héctor Valer (Somos Perú).

Durante el debate, el congresista Soto consideró que se estaba “criminalizando” la representación parlamentaria. “Cuántos de nosotros hemos ido a ministerios, pero no quiere decir que hemos pactado”. “Nunca he visto que la fiscalía, atropellando, haya entrado al Parlamento. Como congresistas tenemos que defender el fuero parlamentario porque no podemos permitir ciertos atropellos”, añadió.

Mientras que Martínez dijo en su intervención “¿Cuántos de nosotros vamos a terminar denunciados, por colaboradores eficaces, por supuestos, por enemigos políticos?”. “Cuando haya pruebas contundentes se debe sancionar y por algo tenemos un Ministerio Público. El Congreso debe fiscalizar, pero también gestionar. ¿No puedo llevar a un par de alcaldes a hablar con el ministro, no puedo conseguir una obra para mejorar las condiciones de vida?”, expresó Martínez luego de la defensa de Luciana León.

La excongresista había dicho que esta denuncia correspondía a “una venganza política”. Asimismo, rechazó haber cometido tráfico de influencias. “Escuchaba a los ciudadanos. Siempre me he reunido con ellos y los llevaba a los ministerios”, alegó en su defensa.

Tráfico de influencias agravado

Según la tesis fiscal, la excongresista Luciana León habría gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el financiamiento de obras públicas de la Municipalidad de La Victoria en el período entre marzo y junio del 2017 a cambio de la contratación de su hermano Rómulo León Romero como empleado de Alexander Peña Quispe, presunto cabecilla -junto al entonces alcalde Elías Cuba- de la organización criminal Los intocables ediles.

También le atribuyen haber gestionado con el apoyo de sus asesoras, entre el 2017 y 2018, el financiamiento de obras públicas ante el Ministerio de Vivienda a favor también de la Municipalidad de La Victoria, “las mismas que eran otorgadas para su ejecución a empresas y consorcios vinculados con Alexander Peña Quispe”.

La fiscalía añade que León, al haber ejercido un alto cargo en la administración pública, “sus influencias son reales” al haber estado en constante comunicación con ministros y funcionarios. “Esta capacidad le permitía interceder ante cualquier proceso o procedimiento de la administración”, agregan.

También León habría tenido influencias en el Ministerio de Vivienda al haberse reunido con funcionarios de esta entidad para “ayudar a que la red de La Victoria obtenga recursos y así ejecutar las obras, en las que resultaría beneficiado Alexander Peña Quispe”.

La fiscalía resalta que el motivo por el que León habría apoyado a la gestión de La Victoria fue porque Peña Quispe le habría solicitado ayuda a cambio de que este beneficie a su hermano, Rómulo León Romero, con una contratación.

Asimismo, según la fiscalía esto se encuentra relacionado con haber gestionado, a través de su entonces asesora principal del Congreso, Betsy Matos, “la implementación de una fábrica de ladrillos en el terreno de propiedad de Juan Peña Quispe, hermano de Alexander Peña Quispe, con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en el mes de mayo de 2017″.

Precisan que León, a través de su exasesora, hizo las coordinaciones para que ella y Juan Peña Quispe se reúnan con el alcalde provincial de Trujillo y empresarios para entablar posibles negocios.

Cohecho pasivo impropio

En cuanto a este presunto delito, la excongresista habría recibido dinero por parte de Alexander Peña Quispe a cambio de “ilícitas gestiones” que se dieron en marzo de 2017 hasta mayo 2018.

“Estas acciones han podido ser corroboradas con los elementos de convicción descritos en los párrafos precedentes, siendo estos, conversaciones telefónicas, chats en la aplicación WhatsApp, entre otros”, añade la tesis fiscal.

En consecuencia, León habría pedido donativos a cambio de realizar gestiones a favor de terceros.

“De otro lado, la comisión del delito de organización criminal se puede corroborar con la realización de los cuatro hechos descritos con anterioridad, ya que, la excongresista Luciana Milagros León Romero, debido a ser el brazo político y legal de la organización criminal “los intocables ediles” tenía como tarea o función el de contactarse con altos funcionarios para facilitarle a Alexander Peña Quispe la ejecución de sus proyectos de forma ilegal; siendo esta la función primordial de la excongresista; no importándole los protocolos o tramites que debía seguir para obtener alguna obra pública, sino al contrario solo se reunía con altos funcionarios; ya sean ministros, comandantes, directores de presupuestos públicos, entre otros, para que le facilitaran la obtención de las obras o de lo que podía requerir en ese momento Alexander Peña Quispe”, detalla la fiscalía.

Peculado doloso por apropiación

Según la fiscalía, León habría contratado a ocho personas como personal de confianza que no realizaba labores efectivas. “El dinero correspondiente a sus haberes sería entregado a Luciana León Romero en sobres”, se detalla.

“Los presuntos trabajadores que habían sido contratados no cuentan con documentos o informes que hayan presentado a su jefe inmediato durante su período de contratación y respalden que han laborado, o documentos que muestren las actividades que realizaban; no existiendo además un registro de que hayan asistido a las oficinas de la excongresista”, precisa la fiscalía.