:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/JCAAMJ5TMNDU7DDB3EZW4DD3RM.jpg)
Debe haber pocas situaciones más desesperantes que sentir que uno no tiene los recursos para salvarle la vida a su madre o su abuela. Que la plata no le alcanza para costear un día más en el respirador, pero que la salud vale hipotecar el futuro de toda la familia. Esta es la situación por la que han pasado muchas de las personas que se han visto obligadas a asistir a una clínica debido al COVID-19.
Mira: Manuel Merino: “Si el Ejecutivo quiere aplicar el artículo 70, tiene que hacerlo a través de ley del Congreso”
El representante de la Asociación de Clínicas Privadas del Perú, Carlos Joo, lo dijo muy claramente en el programa de Mávila Huertas el martes en Canal N: “El COVID-19 cuesta y tenemos que empezar por entender que cuesta”. Así que joven, señorita, se lleva a su mamá a morirse a otro lado porque, como dicen por ahí, vivir es un lujo y si no tiene la plata para pagarlo, pues ese no es nuestro problema. Y para evitar la molestia de tener que atender a pobres, pedimos garantías astronómicas como técnica –en palabras de Joo– ‘disuasiva’. Funciona de maravillas, excepto para las señoras que vendieron poco más que un riñón para poder juntar los S/100.000 y que ahora han quedado endeudadas de por vida. Pero siempre hay daño colateral, dirá seguramente el simpático portavoz.
Hace dos meses que las clínicas negocian con el Gobierno una tarifa para el tratamiento del COVID-19 en sus instituciones. ¿Por qué tienen que negociar? ¿Qué les pasó de chiquitos a los dueños de las clínicas que no les queda empatía suficiente para proponer proactivamente una tarifa mínima, que permita al Estado costear el gasto de la atención de la pandemia?
Según Joo, que debe ser de los peores voceros que he visto en mi vida, la última oferta de la Asociación de Clínicas fue de S/97.000 por persona por 21 días de atención en UCI. Es decir, S/4.619 el día. “¿Sabes cuánto paga el SIS por cama en un hospital? S/70”, añadía Joo en la citada entrevista. Todos sabemos que el gasto en salud en el país es sumamente precario, pero no puede ser que las clínicas sean 6.500% más caras que la salud pública.
La respuesta del Gobierno ha sido una típica vizcarrada: una gran amenaza con poco sustento en la realidad, pero gran impacto popular. El presidente recurrió al artículo 70 de la Constitución, aquel que regula el derecho a la propiedad, para presionar a las clínicas a llegar a un acuerdo en máximo 48 horas. Si el acuerdo no se lograse, el Gobierno expropiaría las clínicas, pero un ratito nomás, mientras dura la pandemia.
¿Para qué el Gobierno pasaría por el trámite de comprar (porque toca pagar un justiprecio en la expropiación) las clínicas si las va a devolver en unos meses? ¿Cuánta plata, tiempo y gente se tendría que dedicar para que el Estado pueda estar en control de estas instalaciones? Parece, sin duda, más un bluf que una amenaza real; sin embargo, esto no hace menos grave que el presidente recurra con tanta ligereza a un recurso extraordinario como es el artículo 70.
Esperemos que las clínicas cedan y ofrezcan una tarifa justa, y que el Gobierno no se vea en la necesidad de cumplir su ultimátum solo para no quedar mal con la tribuna.
ACTUALIZACIÓN
Menos de 8 horas después de emitida la amenaza presidencial, las clínicas privadas bajaron el precio ofrecido al gobierno a una tarifa plana de S/55,000 por paciente. Esta es una buena noticia para el país, pues los ciudadanos podrán atenderse sin endeudarse de por vida; y también es una muy buena noticia para el presidente, porque sin duda lo va a ayudar a detener la caída en su aprobación. Lo malo es que se haya tenido que recurrir a la amenaza de la expropiación para conseguir esos dos resultados.
