Patricia, el Congreso y la Junta: morir matando, por Fernando Vivas

Quizá Patricia se entusiasmó con la ovación que recibió en el Colegio de Abogados de Lima el 7 de diciembre. Era un auditorio pleno de simpatizantes de políticos que se han proclamado víctimas, como ella, de ‘fuerzas oscuras’, o, simplemente, ‘caviares’. Ver en Patricia la promesa de archivos, de restituciones de prestigios venidos a menos o de venganzas, era una ilusión que merecía su aplauso. Los perdedores de la judicialización de la política abrazaban a una flamante perdedora de la politización de la justicia.

El lunes, en la Comisión de Justicia, Patricia enfrentó a un auditorio más balanceado, donde algunos la defendieron sin mucha convicción y otros le restregaron los cargos letales que le hicieron de refilón (pues no tienen la prerrogativa de investigarla) los miembros del equipo especial que lidera Marita Barreto. En esa suerte de empate se podía concluir, preliminarmente, que la mayoría congresal que se proclama ‘anti caviar’ ya no se desvive por salvar o reponer a Benavides, sino por liquidar a la Junta.

Varias razones inflaban esa tendencia dual, desde más trascendidos de los chats de Villanueva hasta recuerdos precisos de las primeras menciones de Patricia en la prensa nacional, cuando su madre Emma Vargas era alcaldesa provincial de Huancavelica y fugó para no afrontar una orden de captura. Patricia trabajaba en la fiscalía local y se sospechó que alertó a su madre (“El Sol”, 30 de abril de 1996). Llegó a la fiscalía de la nación con una mochila pesada que ni los ‘caviares’ se la inventaron, ni los ‘anti caviares’ se la aliviarán. La última encuesta de Ipsos para América arroja que un 85% aprueba su suspensión.

La fiscalía pos Patricia, tomó decisiones bajo el cortísimo interinato de Pablo Sánchez: restituir a Barreto, incorporar a la fiscal suprema Delia Espinoza que estaba destacada en el JNE y declinar ante Juan Carlos Villena, flamante fiscal de la nación interino que ha debutado –oh, fresca novedad- sin cuestionamientos de cuidado. A notar que, esta vez, la renovación de la cabeza fue provocada por una denuncia interna, y no, como en los casos de Blanca Nélida Colán, Carlos Ramos Heredia y Pedro Chávarry; por presión externa. Villena, ya en pleno ejercicio, continúa desmontando los cambios hechos por Benavides.

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Patricia era insostenible y se descarta una posibilidad pronta de que vuelva a asumir como fiscal, pues, aún si se defenestrara a la JNJ entera y los accesitarios revirtieran su suspensión, o si el PJ le diera un amparo contundente; enfrentaría a un MP absolutamente hostil a ella. Sin embargo, repito, en la lógica política de la mayoría congresal, la defenestración de la JNJ no pierde sentido porque Benavides esté perdida. Uno de los mayores promotores de la remoción, Alejandro Muñante, me dijo sin ambages en una entrevista en vivo que no esperaba la restitución de la ex fiscal.

El debate sobre si convenía defenestrar a la JNJ o no, fue, en las bancadas del llamado ‘Bloque País’, menos importante que el debate sobre cómo y en cuanto tiempo hacerlo, de modo tal que se permitiera el derecho a la defensa. La idea de repetir el estándar de noviembre, cuando el Congreso estuvo a punto de votar en el pleno la destitución (no lo hizo pues el PJ dio una media cautelar frenando el proceso), era demasiado engorrosa ante la angurria de hoy. Encontraron una interpretación extrapolada de la propia normativa de la JNJ señala la destitución como posible sanción ante magistrados que no adviertan de sus causales de inhibición. En realidad, esa sanción solo la podría aplicar el pleno de la JNJ en un proceso disciplinario. Además, en este caso, la JNJ ya había resuelto que no había razones para inhibirse ante conflictos de intereses generados en un enfrentamiento previo con la propia procesada y, menos, si las inhibiciones dejaran al tribunal sin quórum para decidir un caso.

Más razonable, desde el punto de vita de los ‘anti Junta’, era invocar el Art. 43 de la Ley orgánica de la JNJ que señala que ante presunción de delito (como es el caso, si se tiene como base lo trascendido de la Operación Valquiria respecto de Benavides) se debe cursar al Congreso una denuncia constitucional. Ese artículo, sin embargo, no prohíbe que a la vez se investigue y tomen medidas cautelares. Pero estas razones argumentadas sobran ante el duelo final. La mayoría postergó la votación al viernes para que todas las votaciones previas sirvieran de cartas de negociación, en especial, la del último integrante del TC, que también requirió 87 votos y se eligió a Pedro Hernández. Cierro estas líneas sin saber el resultado.

El jaleo congresal judicial ha sido una panacea para Dina Boluarte y Alberto Otárola. Que el foco de atención esté en el Congreso y en organismos normalmente grises como la JNJ y el TC (que procesa un conflicto interno por discrepancias en torno a la resolución que ordenó la liberación de Fujimori); alivia al gobierno de la presión que genera la crisis de inseguridad y la recesión económica. El 22 de diciembre se vence el plazo de las facultades delegadas por el Congreso para que el Ejecutivo legisle en materia de seguridad, gestión de riesgo de desastres (fenómeno del Niño Global) e infraestructura social; así que están en cierto apuro para tener listos los últimos decretos leyes del año. Si incluyen leves matices de reforma, esto no compensará para nada el combo contrarreformista de estos tres días de pleno Congresal.