Sesenta congresistas acumulan más de 170 carpetas abiertas en la fiscalía | INFORME

Los datos, que fueron recabados por el Ministerio Público entre el 21 de octubre y 8 de noviembre de este año, revelan que cinco bancadas albergan la mayor cantidad de congresistas con casos fiscales en curso (carpetas abiertas en tanto se llevan a cabo diligencias o actos de investigación). Estas son Acción Popular (11), Fuerza Popular (9), Perú Libre (7), Alianza para el Progreso (6) y Avanza País (5).

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Sin embargo, otras bancadas como Perú Democrático (4), Podemos Perú (4), Bloque Magisterial (3), Integridad y Desarrollo (3), los no agrupados (3), Somos Perú (2), Renovación Popular (1), Cambio Democrático-JP (1) y Perú Bicentenario (1) también tienen en sus filas a congresistas con estos casos fiscales.

En Acción Popular se acumulan carpetas por la comisión de presuntos delitos como organización criminal, peculado, lesiones leves, falsedad genérica, entre otros.

Mientras que en Fuerza Popular algunos de sus integrantes registran casos activos por presunto peculado, negociación incompatible, defraudación, entre otros.

En tanto, en Perú Libre se reúnen casos por la supuesta comisión de organización criminal, receptación-hurto agravado y concusión por parte de algunos miembros del bloque.

En APP congresistas de la bancada llevan carpetas por presunto peculado, lavado de activos y falsedad.

Finalmente, en Avanza País congresistas del grupo parlamentario tienen carpetas por presunto peculado, falsa declaración y lavado de activos.

Respecto a las demás bancadas referidas, hay una acumulación de carpetas por indagaciones sobre supuesta usurpación, colusión agravada, agresión, peculado, tráfico de influencias e incluso terrorismo.

Son tres los congresistas que reúnen entre sí más de cincuenta casos fiscales que figuran como activos. Se trata de legisladores de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y un congresista no agrupado que ingresó al Parlamento con APP.

Según la data recibida, el congresista Luis Raúl Picón Quedo (no agrupado) está como imputado o denunciado en 32 casos fiscales en Huánuco. De ellos, uno se encuentra en estado de acusación por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y concusión (colusión simple).

Además, figura con una sentencia declarada el 29 de abril del 2017 por incumplimiento de deberes funcionales. Mientras que tiene siete casos en investigación preliminar por presuntos delitos de concusión y negociación incompatible, adicionalmente a otros acumulados -en estado de audiencia de apelación, formalización de la investigación preparatoria o asignación a la Policía Nacional-, por presunta usurpación de función pública, concusión, negociación incompatible, peculado, entre otros.

Picón es congresista por la región Huánuco e ingresó al Parlamento junto a APP. Sin embargo, fue expulsado de la bancada el 8 de abril de este año debido a su desvinculación a las actividades de este bloque y su asistencia a actividades oficiales del gobierno de Pedro Castillo. Además, fue el único de su bancada que se opuso a la censura del exministro de Salud Hernán Condori y, según el colaborador CE-04-2022-Eficcop, Picón fue uno de los captados por el denominado ‘Gabinete en la sombra’. De acuerdo con estas declaraciones, habría coordinado con Biberto Castillo, exasesor del Despacho Presidencial, la designación de Luis Hernán de la Cruz Godoy en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Antes de ser electo, Picón se desempeñó como gobernador regional de Huánuco en el periodo 2011-2014. Previamente, fue vicegobernador de la misma región entre el 2007 y 2010.

También en APP, el congresista Alejandro Soto Reyes, vocero titular de la bancada, tiene 17 carpetas fiscales activas, de las cuales 12 están en estado de dictamen en la fiscalía de Cusco, donde el legislador figura como imputado. Mientras que tiene un caso en investigación preliminar por presunta falsedad. Soto ha sido regidor distrital en Cusco entre los años 1996 y 2002.

En tanto, en Podemos Perú el congresista Enrique Wong Pujada tiene nueve carpetas abiertas por diferentes procesos y en distintas etapas. De ellos, destaca uno que se encuentran en estado de investigación preliminar, donde el legislador figura como denunciado por supuesta apropiación ilícita.

El Comercio intentó comunicarse con los tres congresistas mencionados para obtener más detalles sobre las etapas en que se encuentran estas carpetas, pero no hubo respuestas.

En los últimos cuatro meses, dos congresistas de la República, Wilmar Elera (Somos Perú) y Raúl Doroteo (Acción Popular), fueron sentenciados por el Poder Judicial debido a casos que recaían en ellos antes de iniciar el periodo legislativo 2021-2026.

En el caso de Elera se dictó en su contra una sentencia por presunta colusión agravada en agravio de la Municipalidad de Pacaipampa, con una pena de 6 años de prisión. Mientras que contra Doroteo hay una condena de cuatro años de prisión suspendida, en primera instancia, por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

De acuerdo con el acta de la sesión de la Mesa Directiva del Congreso, el pasado 13 de setiembre se acordó aplicar la suspensión temporal perfecta a los trabajadores de confianza del despacho de Elera. Mientras que el Congreso informó en octubre a El Comercio, a partir de una solicitud de información, que el referido parlamentario no recibió la remuneración de setiembre de este año.

De otro lado, de la información recibida por este Diario, ocho congresistas tienen casos con acusaciones formuladas. Ellos son María Córdova (Avanza País) por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo; Raúl Huamán (Fuerza Popular) por presunta falsedad; Luis Kamiche (Perú Democrático) por presuntas agresiones en contra de mujeres o integrantes del grupo familiar; Edwin Martínez (Acción Popular) por supuestos actos de conversión; Luis Picón (no agrupado) por presunta negociación incompatible y concusión; Héctor Valer (Perú Democrático) respecto a quien se señala una acusación por presunta contaminación ambiental y otra por presunta concusión; Magaly Ruiz (APP) por presunto peculado; y Óscar Zea (Podemos Perú) por presunto peculado. Los dos últimos se desempeñaron también como ministros durante el gobierno de Pedro Castillo.

El congresista Martínez dijo a este Diario que desconoce el estado en que se encuentra este caso, pero que fue por un hecho denunciados por anteriores regidores de la Municipalidad de Mariano Melgar por presunto mal uso de dinero del municipio. “Está en proceso de investigación, me llamaron para responder, está en espera respecto a qué se decide”, comentó Martínez, y se reafirmó en que los señalamientos son infundados. “Se me ha denunciado de todo cuando fui alcalde y todas han sido y están siendo archivadas. […] Me he sometido a todos los procesos”, finalizó.

En tanto, el congresista Óscar Zea respondió que la fiscalía ha solicitado que el caso sea sobreseído (archivado). “El Ministerio Público ha dicho que aquí no hay delito, obviamente que esto tiene que terminar. No ha sido comunicado porque el juez tiene que resolver sobre el sobreseimiento. Es cuestión de tiempo”, dijo. El caso, comentó, se refería a una rendición de viáticos.

Huamán indicó sobre su caso que la fiscalía ha ordenado su archivamiento. “Dieron a entender que ya no ameritaba iniciar otro proceso porque anteriormente ya había sido procesado y ya estoy rehabilitado. Fue por supuesto abandono de familia, por alimentos”, precisó.

El congresista Valer dijo que ha formulado una apelación, respecto al caso de contaminación ambiental, que está por ser resuelta. En cuanto a la acusación por presunta concusión, indicó que hay un error de conceptualización. “Nunca recibí un sol del erario nacional. Me involucran por haber sido gerente de mi empresa, que tampoco recibió un sol del erario. Estamos a la espera de la sentencia correspondiente que es seguramente de absolución”, añadió. Luis Kamiche comentó que la acusación por presunta agresión “está en un proceso del cual no puedo hablar”.

Finalmente, la congresista Córdova respondió: “Desde que gané las elecciones como congresista vengo siendo víctima de numerosas denuncias falsas. Se me investiga por supuesta falsa declaración y proceso administrativo, la misma que, se encuentra en etapa de acusación, pero demostraré mi inocencia. La denuncia en cuestión no tiene fundamento, porque todas mis declaraciones ante las entidades de transparencia y el Congreso son veraces. El caso está en investigación y al finalizar quedará demostrado que no tiene asidero legal”.

Mientras que hay 20 congresistas con casos en estado de investigación preliminar o ampliación de la misma. La mayoría de ellos tiene fecha reciente y corresponde a congresistas de bancadas como Perú Democrático, Avanza País, Acción Popular, Perú Libre, APP, Cambio Democrático-JP, Bloque Magisterial y Podemos Perú.

De acuerdo con el registro, este grupo es indagado por la comisión de presuntos delitos como terrorismo, lavado de activos y organización criminal. Finalmente, algunos de estos congresistas señalados en los reportes tienen casos activos por delitos de funcionarios, entre ellos algunos que tienen que ver con presunta corrupción. [Ver cuadro]

La Constitución, en su artículo 34-A, establece que están impedidos de postular a cargos de elección popular aquellas personas que tienen una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autores o cómplices, por la comisión de delitos dolosos. Es decir, la legislación no establece ningún impedimento para que postulen ciudadanos que se encuentren en calidad de investigados.

El exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva comentó a El Comercio que el extenso número de carpetas que involucran a actuales congresistas es una “situación muy irregular” que deriva de una situación de “descomposición política y de crisis moral que está sufriendo el país”.

“Ahora para llegar al Congreso se requiere un prontuario. Llegan los que están denunciados, procesados, acusados; y no solo por hechos simples, sino casos graves como corrupción, lavado de activos, etc”, agregó Cubas.

El exfiscal se refirió también a las actuales reglas para postular a cargos públicos. Según opinó, “de eso tiene la culpa el mismo Estado porque permite que postulen personas involucradas en comisión de delitos. Les permiten postular adoptando actitudes hipócritas de que respetan el principio de presunción de inocencia. Como aún no están condenados, se les permite”.

Comentó también que sería importante la discusión de una reforma al respecto. “Una reforma que podría hacerse es que ninguna persona que esté denunciada, incluso inicialmente, pueda postular a un cargo público”, dijo.

La politóloga Paula Távara comentó que esta situación es una muestra del “poco compromiso real de los partidos políticos para que tengamos una representación lo más limpia posible. Si bien la ley no los obliga, sí podrían procurar que tengamos representantes que sean lo más limpios posible”. Por tanto, que la primera responsabilidad recae en ellos.

Agregó que una propuesta de reforma no tendrá mayor impacto si no va acompañada por un compromiso por parte de los mismos partidos políticos. “Con estos partidos podríamos proponer cualquier reforma, podrían aceptarla y al día siguiente presentar cualquier excusa y no llevarla a cabo”, comentó Távara.