Cincuenta meses le tomaría a un empleado con sueldo mínimo ganar lo mismo que percibe el puesto mejor pagado del Estado: el del presidente del Poder Judicial.
En el 2017, en las postrimerías del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el pleno del Congreso aprobó un bono en la ley de presupuesto –que en principio iba a ser extraordinario para el 2018– para jueces supremos titulares de la Corte Suprema.
Con ese adicional, los 12 magistrados que tienen más de cinco años en el cargo pasaron de ganar S/31 mil mensuales a S/42,7 mil. Superaban así al que en los últimos años había sido el funcionario mejor pagado del Estado: el presidente del Banco Central de Reserva (BCR).
En el gobierno de Martín Vizcarra, ese bono se convirtió en permanente, luego de que la Sala Plena de la Corte Suprema interpretara que la modificación de este bono significaba un recorte a los derechos de los jueces, de lo que dio cuenta este Diario el 23/6/2019. Al presidente de este poder del Estado, José Luis Lecaros, le corresponde una bonificación adicional, por lo que percibe S/46,7 mil mensuales.
El mismo beneficio elevó los sueldos de ocho jueces supremos que aún no han cumplido cinco años en el cargo, quienes pasaron a percibir S/34,9 mil mensuales.
Esta situación genera un problema, pues la ley orgánica del PJ establece que los jueces de menor rango deben ganar porcentajes establecidos en función de lo que recibe un vocal de la Corte Suprema, situación que en la práctica no se cumple, como ha advertido el exfiscal Avelino Guillén a este Diario.
En opinión de Mayen Ugarte, docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Universidad Católica, la decisión de estos aumentos no fue técnica ni jurídica, sino política. Considera que la carrera judicial es especial, por lo que es muy difícil que su escala salarial se adecúe a la Ley Servir. En cambio, los empleados administrativos sí deberían pasar al nuevo sistema.
—El turno de los autónomos —
Por debajo de los altos funcionarios del Poder Judicial se encuentran las cabezas de los organismos autónomos. El primero de ellos es el presidente del BCR, Julio Velarde, quien recibe S/41,6 mil mensuales, según su declaración jurada que consta en el portal de la contraloría. Su institución no publica el detalle de las planillas de todos sus empleados en su página de transparencia.
Por debajo de Velarde figura otro funcionario del BCR: Renzo Rossini Miñán, gerente general de esta entidad. De hecho, otros 18 funcionarios del BCR que ocupan los puestos de gerentes, subgerentes y asesores tienen sueldos por encima de los S/25 mil. Es la entidad pública con mejores salarios para este tipo de trabajadores.
Luego de Velarde y Rossini, aparece la jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Socorro Heysen. Su sueldo es S/38.500.
Los nueve superintendentes adjuntos de la SBS –entre los que se incluye al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera– ganan tres mil soles menos que Heysen.
Siguen en la lista las máximas autoridades de otros tres organismos autónomos: los siete magistrados del Tribunal Constitucional (S/35 mil); el jefe de la contraloría, Nelson Shack (S/32,5 mil); y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona (S/31 mil). Inmediatamente después de ellos se ubica el primer gerente general de una empresa pública: Petro-Perú. Según su declaración jurada, percibe S/30,2 mil al mes.
—Sectores del Ejecutivo —
Los cargos públicos sometidos a mayor escrutinio del Congreso de la República figuran por debajo de los 45 funcionarios mencionados anteriormente: los ministros de Estado. En el 2014, se cuestionó arduamente la duplicación de sus sueldos, gracias a lo cual pasaron a ganar S/30 mil. Incluso en reiteradas ocasiones se han planteado iniciativas para que sus sueldos se reduzcan a la mitad.
Ellos encabezan la administración de aproximadamente el 60% del presupuesto público, por lo que es de sumo interés que sean funcionarios competentes. Esta obligación es compartida con los 37 viceministros que tiene en total el Ejecutivo, quienes perciben S/28 mil.
El Ministerio Público, entidad que tiene responsabilidades equiparables a las del Poder Judicial, está lejos de la cima de este ránking. La titular de este sector, la fiscal Zoraida Ávalos, percibe S/28,7 mil. El resto de sus colegas no alcanza a entrar a este grupo.
Por debajo de todos ellos hay 96 empleados públicos que ganan S/25 mil. De ellos, 74 han sido contratados por el régimen de personal altamente calificado. Aunque aparentemente reciban un sueldo elevado, no tienen vacaciones, seguro ni beneficios.
Para Ugarte, la distribución de los altos sueldos es desordenada. Pero el tránsito hacia la Ley Servir –que debería regularlo– puede ser lento y generar altos costos. Por ello, se debe afinar el proceso para seleccionar y evaluar a los funcionarios que el Estado quiere mantener.
EL CLUB DE LOS 25 MIL
SIN BENEFICIOS
La mayoría de los funcionarios con sueldo de S/25 mil se encuentra contratado bajo el régimen de personal altamente calificado (PAC). Ellos no reciben beneficios laborales ni gratificaciones.
MINISTERIOS
Solo el despacho presidencial, los ministerios, el Seguro Integral de Salud, Pro Inversión y la APCI tienen servidores con estas características.
CLAVES
Ocupan puestos de directores generales de ministerios, superintendentes, presidentes de entidades y secretarios generales.