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La jueza María Álvarez Camacho dictó una orden de comparecencia con restricciones para el exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon, investigado por presuntamente haber favorecido a la constructora brasileña Odebrecht con el proyecto Trasvase Olmos.
La misma medida fue dispuesta para Pablo Salazar Torres, exgerente general del proyecto Olmos. Ambos recuperaron su libertad tras permanecer diez días detenidos de manera preliminar.
Así, la magistrada de investigación preparatoria rechazó el pedido que hizo el equipo especial para que se dictara prisión preventiva por 36 meses contra el también expresidente regional de Lambayeque.
La fiscalía ha apelado la medida dictada por la jueza, por lo que una segunda instancia revisará la decisión de la magistrada.
Simon y Salazar no podrán salir del país, ni comunicarse directa o indirectamente con otros investigados, testigos, peritos, entre otros vinculados a las pesquisas que dirige el fiscal José Domingo Pérez.
Ambos deberán asistir cada fin de mes a la sede del Poder Judicial para el respectivo control biométrico.
Además, la jueza ordenó el pago de una caución en el plazo de tres días. Simon y Salazar deberán cumplir el pago de S/30 mil y S/10 mil, respectivamente.
Los motivos
La jueza Álvarez precisó que los elementos presentados por la fiscalía y que vinculan a Simon con una presunta organización criminal carecían de contundencia. La magistrada sí valoró aquellos indicios que demostrarían los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.
“No estamos señalando que no exista la organización criminal, estamos postulando que la contundencia que nos exige este tipo de medidas, la más gravosa para la libertad, no se ha cumplido”, señaló la magistrada.
Sobre el presunto delito de colusión, consideró que “si bien es cierto la participación en una suscripción de documento la encontramos en la firma del contrato de concesión, sí existen otros elementos que darían cuenta de la presunta participación como la designación de Jorge Pasco Cosmópolis como la persona encargada, conjuntamente con Proinversión, de la remuneración unitaria máxima (de la obra)”.
Al mismo tiempo, consideró que no existe peligro de fuga ni de obstaculización de Simon y Salazar. Agregó que los investigados cuentan con arraigo en el país.
La magistrada no consideró ninguno de los elementos de prueba presentados por la fiscalía para demostrar el peligro procesal en el caso, tras indicar que “carecen de contundencia”.
El equipo especial presentó conversaciones de Whatsapp entre Simon y Salazar vinculadas a la investigación fiscal. Con este elemento, la fiscalía buscaba acreditar que el exgobernador habría intentado influir en su coimputado.
“De la revisión íntegra de esta conversación el órgano jurisdiccional no evidencia el argumento vertido por el Ministerio Público, incluso atendiendo y acogiendo el razonamiento de fiscalía hay un ámbito que no puede ser dejado de lado, se evidencia que Salazar habría declarado lo que para él corresponde a su verdad, a criterio del órgano jurisdiccional no se cumple un comportamiento inidóneo”, sostuvo la jueza.
Respecto al peligro de fuga, Álvarez Camacho consideró que existe “sujeción a la investigación”, debido a que Simon no sale del país desde antes de que inicie la investigación por el caso Olmos.
La jueza también mencionó la declaración de Luis Nava Guibert, quien dijo ante la fiscalía que el expresidente Alan García entregó dinero a Yehude Simon para la compra de un inmueble. Indicó que con su testimonio, Nava “no ha presentado un dato objetivo".
Simon deberá cumplir la medida impuesta mientras dure la investigación.
