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Un sector de la oposición en el Parlamento solicitará que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dé prioridad a la denuncia que interpuso el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por sus presuntos nexos con la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
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Pacheco- en el documento de 51 páginas- imputa a Ávalos de los delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento real, tráfico de influencias, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
El abogado de Estado sustentó su hipótesis, principalmente, en información periodística y en las declaraciones de la exfiscal Rocío Sánchez, quien fue parte del equipo especial que investigó el caso.
Al respecto, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que su bancada respaldará la denuncia del procurador anticorrupción, porque la titular del Ministerio Público debe despejar cualquier tipo de duda que pese sobre ella.
“Todo lo que sea para aclarar y para transparentar dudas, lo vamos a apoyar. Sí, se le debe dar prioridad para que se pueda realizar una investigación lo antes posible”, expresó en comunicación con El Comercio.
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Montoya indicó que la oposición no busca la destitución de Ávalos, sino “encontrar la verdad”. Añadió que el partido celeste pedirá a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tratar con celeridad este expediente.
El congresista Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, sostuvo que, en todas las instituciones, en especial en el Ministerio Público, “el origen” del ascenso de sus altos funcionarios “debe ser claro”, al subrayar que una eventual investigación a la fiscal de la Nación en el Parlamento no debilitará a la institución que dirige.
Guerra García, al ser integrante de la subcomisión, evitó pronunciarse sobre el fondo de la denuncia de Pacheco.
No obstante, fuentes de la bancada fujimorista señalaron a este Diario que, al igual que Renovación Popular, solicitarán que se priorice la acusación contra Ávalos.
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El portavoz de Avanza País, José Williams Zapata, dijo, a título personal, que la situación de la fiscal de la Nación es “delicada”, porque la denuncia hecha por el procurador anticorrupción que la relaciona a Los Cuellos Blancos del Puerto “tiene sustento”. Agregó que la única manera de que se aclare el panorama es a través de una pesquisa.
“La idea no puede ser destituir per se, los hechos son los que van a configurar lo que corresponde”, acotó.
Una evaluación de corte político
El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, refirió que su bancada aún no ha analizado a profundidad la denuncia interpuesta por Pacheco. Sin embargo, manifestó que no se puede permitir que la máxima autoridad del Ministerio Público genere dudas por una presunta vinculación a una red de corrupción en el sistema de justicia.
Vergara remarcó que una eventual investigación a Ávalos en el Congreso será marcada por una evaluación de corte político, más que penal.
A su turno, el portavoz de Somos Perú, Wilmer Elera, señaló, de manera particular, que la acusación amerita una investigación. Sin embargo, advirtió que el procurador Gallardo no ha presentado elementos concretos.
“No hay una sola prueba que la relacione directamente con Los Cuellos Blancos del Puerto, y si las tuvieran, hace tiempo las hubieran sacado. Políticamente, tenemos que esperar a que haya una opinión legal al respecto”, remarcó.
Elera también alertó que la acusación busca “quitarle poder al Ministerio Público” y a que Ávalos “no tenga credibilidad”.
Desde Alianza para el Progreso y Podemos Perú indicaron que aún no evalúan la denuncia, debido a que los parlamentarios se encuentran en semana de representación.
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El congresista Jaime Quito (Perú Libre) informó que su agrupación todavía no ha revisado la acusación del procurador. De manera general, dijo que presuntos hechos de corrupción, “no pueden quedar impunes”.
Este Diario intentó comunicarse con la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosio Torres (APP), pero no respondió a nuestras llamadas. Una fuente del referido grupo señaló que el documento aún no ha llegado. También adelantó que probablemente sí se le dé prioridad, como se hizo con una denuncia constitucional en contra del presidente Castillo una semana atrás.
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La fiscal de la Nación calificó de “poco seria” la denuncia hecha por Pacheco, debido a que se basa, en su mayoría, de recortes periodísticos.
“Hay una campaña sistemática, muy bien trabajada para desacreditarnos. Somos el único Ministerio público que tiene tantas investigaciones a diversos partidos políticos, a empresarios. Hemos abierto muchos frentes y esto causa molestia. ¿Cuál es la táctica? Hay que desacreditar. Como no tengo pruebas de corrupción, tengo que desacreditar, hacer que la ciudadanía pierda credibilidad”, dijo en RPP.
El procurador Pacheco afirmó que la información que tiene sobre Ávalos respecto a un presunto favorecimiento en su ascenso como fiscal suprema no solo está relacionada con José Luis Cavassa, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, sino con otros aspirantes a colaboradores eficaces.
En diálogo con radio Exitosa, Pacheco dijo esperar que el Parlamento “actúe de una forma célere”.
La acusación del procurador anticorrupción podría derivar en una eventual destitución de Ávalos como fiscal de la Nación y su inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Y también en la formulación de causa penal por los delitos que le imputa Pacheco por su presunta vinculación con “Los Cuellos Blancos del Puerto” [Ver infografía].
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(Infografía: El Comercio)
El punto de vista legal
El abogado penalista César Azabache consideró que la denuncia del procurador Pacheco no tiene nada nuevo en comparación a la información que ya se ha discutido en los medios de comunicación. “Desde el punto de vista legal, no hay nada que justifique una denuncia constitucional, se trata de una cadena de situaciones incómodas, que periodísticamente puede llevar a sospecha, pero que no tiene fuerza concluyente”, manifestó a El Comercio.
Añadió que la denuncia sobre una presunta falsificación de certificados en contra de Ávalos para ascender a fiscal suprema, es un tema que merece atención al detalle, pero que la acusación de Pacheco no aborda.
“Un ex funcionario del Ministerio Público [Luis Alberto Pacheco Mandujano] ha confesado un delito propio en público, esta persona debe decir qué documento falsificó a solicitud de la fiscal de la Nación, y la señora Ávalos debe tener una copia de los documentos con los que postuló en el 2012 [para ascender a fiscal suprema], que muestre que confirme su validez”, finalizó.
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El exprocurador Antonio Maldonado opinó que el procurador Pacheco se ha sumado a “un juego político”, porque en vez de presentar la denuncia contra Ávalos ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo ha hecho ante el Congreso, que es un fuero político. “El Parlamento ha mostrado una clara animadversión contra Ávalos, ahí no habrá una valoración jurídica, sino política”, expresó.
Maldonado recordó que la procuraduría anticorrupción, en noviembre de 2019, durante la administración de Amado Enco, emitió un informe sobre las pesquisas a Los Cuellos Blancos del Puerto, donde en sus conclusiones se destaca el compromiso de la fiscal de la Nación y del fiscal supremo Pablo Sánchez en este caso.
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“A mí me parece que esta denuncia la debió haber hecho ante la Junta Nacional de JAUSTICIA. Lo otro, en la conclusión 9 de ese estudio se agradece y se reconoce el trabajo de Ávalos y Sánchez. Y ahora, Pacheco saca de su manga una carta diciendo lo contrario del propio informe de su institución. O surgieron nuevos elementos o está siendo irresponsable”, cuestionó.
El exprocurador indicó que los elementos utilizados por Pacheco para fundamentar su denuncia son “débiles” y prueban que detrás hay una intención política.
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