Esta semana, El Salvador aprobó que el bitcoin se use como moneda de intercambio de curso legal, tras la aprobación de ley de implementación, pese al riesgo que el país centroamericano se convierta en un paraíso fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión fiscal.
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La Ley Bitcóin, aprobada en las últimas horas del martes por la Asamblea Legislativa salvadoreña, entrará en vigor en un plazo de noventa días y convertirá a El Salvador en el primer país del mundo en aceptar el bitcoin como medio de pago.
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Sin embargo, hasta el momento se conoce muy poco sobre cómo se implementará dicho sistema y los beneficios que traerá la población en general.
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Para el economista Ricardo Castaneda, uno de los expertos que advierte sobre dicho riesgo, la ley “no debería entrar en vigencia en noventa días porque se requiere de más tiempo para explicar a la ciudadanía cómo funcionaría, cuáles serían los beneficios y qué implicaciones tendría”.
Adicionalmente, indicó el economista, “creo que antes que entre en vigencia se debería de contar con estudios técnicos que realmente permitan constatar que los beneficios van hacer mayores que los costos”.
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“Lastimosamente como no habido una explicación clara o un documento que explique la forma aplicación no se puede ahondar mucho sobre el tema”, apuntó Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en una conversación con Efe.
POSIBLES CONSECUENCIAS Y REACCIÓN DE OTROS PAÍSES
Castaneda señaló que lo aprobado por el Parlamento es un “hecho inusual” porque ningún otro país lo tiene como referente, por lo que “no sabemos cómo van a reaccionar los otros países”.
Sin embargo, señaló, “es muy posible que el perfil de riesgo de El Salvador aumente, que la calificaciones de riesgo también se incrementen y que las tasas de intereses pueda subir”.
Que El Salvador se convierta en un paraíso fiscal es una de las posibles consecuencias, de acuerdo con el economista, porque “lo que sucede al adoptar una moneda de este tipo es que se puede propiciar que el país se convierta en un paraíso para el lavado de dinero, esto sí puede provocar que otros países puedan poner a El Salvador dentro de sus listados negros”.
Señaló que en la ley quedó establecido, en el artículo 5, que todos los intercambios en bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital.
Lo anterior significa que “si una persona o una empresa tiene sus transacciones en dólares pero los pasa todos a bitcoin simplemente quedará exento del pago de impuesto y a partir de ahí es una forma implícita de que El Salvador se pueda convertir en una especie de paraíso”.
OPORTUNIDADES E IMPLICACIONES
El experto señaló que las oportunidades que traería el curso legal de dicho criptoactivo “van a depender qué tanto el Gobierno logré generar la infraestructura adecuada para que toda la población realmente tenga la educación financiera necesaria y tenga los medios disponibles, como computadores o celulares, para que se pueda aprovechar el sistema”.
“Se habla de más inversiones, pero por el momento esas inversiones son más en el ámbito especulativo y el hecho aquí es lograr que se transforme en el ámbito real”, apuntó.
Según Castaneda, las implicaciones que se puedan tener son “variadas”, pero el punto es que obligar a que se acepte el bitcoin, tal como lo establece la ley, “es un riesgo muy grande por la volatilidad que se tiene”.
El artículo 7 de la normativa señala que todo agente económico deberá aceptar el bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiera un bien o servicio.
LA NECESIDAD DE UN ECOSISTEMA
Por su parte, el experto costarricense en criptomonedas Daniel Rojas expuso a Efe que para lograr utilizar el bitcoin como un método de pago es necesaria la creación de un ecosistema de intercambio en El Salvador.
La comunidad de usuarios de las criptomonedas en el país no es muy conocida y presentan algunas dificultades con los bancos para adquirir los criptoactivos.
Señaló que para el uso del bitcoin en el intercambio de bienes y servicios se necesita una “red de comercio muy grande” que lo acepte, porque de lo contrario habría que cambiarlo por dólares.
“El problema es que necesitas infraestructura ya existente ahí, es como un tipo de esfuerzo más en conjunto”, indicó.
Actualmente, el país no cuenta con esta este tipo de red de comercios y su uso, incluso antes de la aprobación de la ley, se registra únicamente en la playa El Zonte, muy popular entre turistas extranjeros, donde los habitantes compran diferentes tipos de productos con la criptomoneda.
En este lugar, según explicó Rojas, se utiliza la “lightning network”, que es “una tecnología de segunda capa” que funciona sobre la red de bitcoin y permite un pago de comisiones más bajo.
Cada transferencia de bitcoin debe pagar una comisión a los mineros -encargados de validar transacciones- para que confirmen las transacciones y estas se ejecuten.
Indicó que con “lightning network”, para cuyo uso se necesita una aplicación de teléfono inteligente, se hace un pago de una tarifa inicial y posteriormente se pueden hacer transferencias “casi que de gratis”.
“Enviar dinero de un lugar a otro es muy rápido e instantáneo”, señaló.
También indicó que la gran mayoría de plataformas de intercambio, como Binance, no aceptan aún este método y que para mover en ellas el bitcoin es necesario sacarlas de esta red secundaria, lo que también implica un costo.
Advirtió que en el tema de seguridad “no es tan fuerte” la “lightning network” como la red principal de bitcoin.
Se prevé que el Gobierno salvadoreño impulse el uso de esta red para el comercio con bitcoin, pero hasta el momento se conocen pocos detalles.
UNA BILLETERA ESTATAL Y UN FIDEICOMISO
Antes de la aprobación de la Ley Bitcoin, el presidente Nayib Bukele se conectó a un espacio de discusión de Twitter con “bitcoiners” para hablar, únicamente en inglés, sobre la iniciativa.
De acuerdo con reportes de la prensa local, Bukele explicó que el Gobierno tendría una billetera digital propia en la que los comerciantes podrán cambiar los bitcoins que reciban por dólares.
Esta billetera sería desarrollada por los mismos creadores de la aplicación Strike, sin que se conozca si esto implicaría algún costo para el Gobierno o si se realizó un proceso de licitación con más interesados.
La ley también establece, sin precisar ningún monto, la creación de un fideicomiso y, según dijo Bukele la noche del martes, este sería de 150 millones de dólares.
Este sería manejado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) y alimentaría la billetera digital gubernamental.