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¿Más castigo o más prevención? El dilema detrás de reducir la edad penal en Perú
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¿Más castigo o más prevención? El dilema detrás de reducir la edad penal en Perú

¿Más castigo o más prevención? El dilema detrás de reducir la edad penal en Perú

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En un país sacudido por la creciente percepción de inseguridad, la aprobación de la ley que reduce la edad penal juvenil reabre un intenso debate: ¿endurecer las sanciones es la vía para frenar la delincuencia o solo perpetúa un ciclo de violencia y reincidencia? Mientras especialistas advierten que esta medida carece de sustento y podría agravar el problema, la falta de información en la ciudadanía amenaza con convertir soluciones complejas en simples consignas populistas. ¿Está el Perú preparado para enfrentar la delincuencia juvenil con justicia y visión de futuro?

“La reducción de la edad penal de los adolescentes no tiene evidencia de que haya funcionado ante la delincuencia. Lo que sí tiene evidencia es que los menores de edad que ingresan al sistema de justicia reinciden en el delito. Es perjudicial, costoso y sin beneficios”, explica Jhon Gamarra, especialista en políticas públicas y adolescencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al equipo de Corresponsales Escolares del Colegio de la Inmaculada.

Para conocer qué tanto conocen los jóvenes este tema, el equipo realizó una encuesta a 72 estudiantes de 5to de secundaria que revela que solo el 12,5% está enterado de los recientes cambios legislativos relacionados con la juventud en el país, mientras que un abrumador 87,5% desconoce estas modificaciones. Este alto nivel de desinformación refleja un problema clave: la falta de difusión y educación sobre políticas públicas que afectan directamente a los jóvenes.

Según el especialista Jhon Gamarra, medidas como la reducción de la edad penal no solo son contraproducentes, sino que, al no ser comprendidas ni discutidas por la ciudadanía, aumentan el riesgo de aceptación acrítica de políticas punitivas. Esto refuerza la necesidad de programas preventivos como “Cambiando Rumbos” del Ministerio de Justicia, que no solo trabajan en la gestión emocional de los jóvenes, sino que también deben acompañarse de campañas que informen a la población sobre las alternativas efectivas para reducir la delincuencia juvenil.

Aunque la mayoría de los encuestados por los Corresponsales Escolares desconoce los recientes cambios legislativos sobre la edad penal, algunas opiniones apuntan a la importancia de priorizar la reinserción y la prevención. Como comentó un participante: “Me parece correcto, creo que sí era necesaria la reforma del Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para mejor prevención y medidas de reintegración”. Esta visión respalda la necesidad de enfoques que busquen soluciones sostenibles para reducir la delincuencia juvenil, en lugar de centrarse únicamente en el endurecimiento de penas.

Con su experiencia en el Ministerio de Justicia, Jhon afirma que uno de los elementos que hacen de la reducción penal una estrategia ineficaz es lo traumático del proceso para menores de edad: prisión preventiva, procesos judiciales marcados por estigmas por parte de jueces, abogados que tienden a dilatar los tiempos y, sobre todo, la pérdida de libertad que, en muchos casos, revierte el proceso de reinserción.

Está dirigido a adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años de edad en situación de exclusión social, vulnerabilidad social y en territorios que presentan altos índices de criminalidad.
Está dirigido a adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años de edad en situación de exclusión social, vulnerabilidad social y en territorios que presentan altos índices de criminalidad.

La razón por la que nuestro sistema judicial -y el de muchos países- fracasa, es porque se prioriza el castigo en lugar del perdón, comenta. A pesar de que el agresor, en este caso un joven, sea condenado a un tiempo prolongado, esto no necesariamente genera un sentimiento de reconfortamiento en la víctima. Si realmente queremos asegurar un sistema justo, el perdón debe ocupar un lugar central.

Propuestas que sí han demostrado efectividad son programas como “Cambiando Rumbos”, también dirigido por Jhon. Este programa busca prevenir la delincuencia en zonas de alta peligrosidad, especialmente en distritos con elevados índices de criminalidad como Villa el Salvador, donde el año pasado más de 250 jóvenes fueron intervenidos satisfactoriamente.

Su objetivo principal es que los jóvenes aprendan a gestionar sus emociones, en particular la ira y la impulsividad. Además, busca fortalecer sus capacidades de empatía y tolerancia a la frustración. La metodología empleada se basa en la realización de talleres psicoeducativos con jóvenes y padres, donde se enseñan estos valores a través de juegos, actividades artísticas y deportes. Todas las dinámicas comparten un propósito común: establecer parámetros de respeto a las normas, y todo el proceso está acompañado de asistencia psicológica constante.

Capacidad para sancionar y reeducar

“Lo penal hay que verlo en dos dimensiones: en términos textuales, la norma penal es buena, restrictiva, concreta, clara respecto a las sanciones. El gran problema es la aplicación, desde la capacidad de detección hasta el tiempo en que se aplica la sanción hasta la resocialización, explica Nicolás Zevallos, exviceministro de Seguridad Pública del Mininter y actual director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia.

Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación, Maranguita
Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación, Maranguita

En entrevista con los Corresponsales Escolares, destaca un punto clave sobre la reincidencia de la delincuencia juvenil: la débil capacidad operativa peruana. Según la Defensoría del Pueblo (2022), en casos de menores infractores, menos del 50% recibe medidas efectivas de resocialización. Esto refleja que, los programas de reintegración, como consecuencia de ya sea una mala infraestructura de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, una mala capacitación técnica del capital humano, la poca cantidad de este personal en función de los detenidos, la falta de seguimiento efectivo y los burocráticos procesos judiciales, convierte la sanción en un ciclo repetitivo más que en una oportunidad de cambio.

El especialista sostiene que la raíz del problema es que estas medidas han sido concebidas con un enfoque populista, lo que ha planteado interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo. Un caso conocido, explica, es el de Maranga, que carece de infraestructura adecuada, recursos humanos y el apoyo necesario para brindar recursos socio educativos a los menores internos.

Por otra parte, Zevallos marca una fundamental interrelación entre el derecho, la edad y la responsabilidad. Existe un desfase entre lo que dicta la ley y lo que propone la ciencia: mientras que la neurociencia establece que la madurez psicológica plena se alcanza recién entre los 21 y 25 años, en la mayoría de códigos penales, incluido el peruano, se reconoce responsabilidad penal del ciudadano a los 18 años, alegando que se encuentra en sus completas facultades. En ese sentido, el marco legal continúa sancionando bajo criterios de adultez a aquellos que siguen en un proceso de desarrollo cognitivo y emocional.

Para Zevallos, las medidas que sí funcionan para la reinserción social son aquellas que generan oportunidades y proyectos de vida viables para el menor, pero suelen ser de largo plazo. “A corto plazo, se necesita atacar a las organizaciones criminales que los reclutan”, dice. Esto es clave: mientras se busca transformar los factores estructurales detrás de la delincuencia juvenil, es de suma importancia desarticular a las mafias que tienen como principal objetivo reclutar a los menores, que se aprovechan de su vulnerabilidad para someterlos, y así, poder romper los eslabones de poder que estas organizaciones criminales tienen en la comunidad. Según datos del Ministerio del Interior (2023), más del 60% de menores infractores habían sido reclutados o influenciados por redes delictivas organizadas.

Y es aquí donde un desapercibido proyecto juvenil, galardonado con la mención de honor en la competencia de Premios Juventud 2023, intenta ofrecer una respuesta a la problemática previamente planteada. Gabriela Samaniego es la principal cabeza de la iniciativa Family R.U.T, un proyecto donde se busca construir espacios deportivos empleando materiales piezas recicladas de madera y metal, ofreciendo un lugar donde se pueda practicar distintas disciplinas como calistenia, el skate, el boxeo, entre otros. Desde 2018, la iniciativa que nació por la falta de medios logísticos y económicos que tenían los jóvenes de de Huaycán en Ate para acceder a centros de entrenamiento deportivo (en un contexto de aumento del pandillaje y de grupos clandestinos), se convirtió en una comunidad juvenil en activo crecimiento, brindándoles no solo apoyo para ejercitarse sino también emocional, moral y psicológico. Joseph Chávez, miembro fundador del proyecto, nos explicó que su principal motivación para comenzar Family R.U.T era tener un espacio donde entrenar de forma segura en camaradería y motivar a aquellos que formaban parte de su grupo para competir y seguir entrenando activamente en lo que hubiesen elegido. De igual forma, darles objetivos por los que sentirse orgullosos incluso en la adversidad de la pobreza, Más de 200 niños han sido acogidos en los brazos de la comunidad Family R.U.T, muchos de los cuales buscaban ayuda y refugio.

La iniciativa Family R.U.T. consistió en recuperar y transformar espacios públicos en centros de entrenamiento, totalmente gratuitos para los jóvenes y niños que practican deportes urbanos en lugares de extrema pobreza como el distrito de Huaycán.
La iniciativa Family R.U.T. consistió en recuperar y transformar espacios públicos en centros de entrenamiento, totalmente gratuitos para los jóvenes y niños que practican deportes urbanos en lugares de extrema pobreza como el distrito de Huaycán.

Joseph nos explicó también que uno de los beneficios del deporte es que te da la oportunidad de liberar emociones e impulsos fuertes, un momento donde la emoción y la adrenalina te obliga a darlo todo por llegar al final. Como se mencionó previamente este era uno de los problemas en los centros de internamiento para menores, donde el ambiente estresante y represivo evita que los menores puedan liberar su energía impulsiva, los que disminuiría la efectividad de los programas de rehabilitación. Estarían dispuestos a llevar a Family R.U.T a estos centros para trabajar con los jóvenes.

Como jóvenes en el Perú creemos que este tema debería ser más hablado y discutido en los colegios y universidades para que estemos informados de todo lo que pasa con las políticas relacionadas con menores de edad. Como ya hemos visto a lo largo de este artículo reducir la edad legal para arrestar a un menor no necesariamente significa que estos dejen de delinquir e incluso podría hacer que, tras cumplir su condena, cometan peores actos.

Joseph Roberto Chavez Serpa es uno de los líderes del proyecto
Joseph Roberto Chavez Serpa es uno de los líderes del proyecto

Somos conscientes de la realidad en nuestro país en la que muchos de los jóvenes que cometen delitos pueden tener detrás problemas de necesidades básicas no cubiertas y es por eso que estamos tan interesados en demostrar que este problema puede ser solucionado con ayuda de las municipalidades y el gobierno. Iniciativas como Family R.U.T. ayuda a que los menores de edad tengan en el arte o deporte alternativas al pandillaje u otras acciones de impulsividad. Consideramos que más personas, especialmente los jóvenes, deberían estar enterados de todo lo ya mencionado, ya que, aunque ellos tal vez no lo sufran directamente, deberían ser conscientes de una realidad que afecta al Perú y que parece que por ahora no se está llevando por el mejor camino.

Autores

Esta nota fue escrita por los corresponsales escolares Renato León, Elena Huaraz, Luciana Diaz, Alejandra Ponce y Andrés Valdiviezo del Colegio de la Inmaculada - Jesuitas bajo la mentoría de la docente Lissie Kong y la periodista de El Comercio Gladys Pereyra Colchado.  

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