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"Desempolvemos los proyectos en educación", por M. Barclay

Contamos como país con un perfectible pero desarrollado marco legal en APP, refiere Michelle Barclay

Sector educación

(Foto: El Comercio)

Hace unos días este Diario publicó una nota retomando un tema que pareciera haber desaparecido de la actual agenda política: la urgente necesidad de contar con una adecuada infraestructura educativa pública en el país. Se resaltó que el 76% de la infraestructura de las escuelas públicas requiere ser reemplazada, reforzada o modificada, incluyendo 1.559 colegios públicos afectados por las lluvias e inundaciones generadas por El Niño costero.

Anteriormente, la Defensoría del Pueblo había emitido un comunicado señalando que al término de una supervisión de 53 instituciones educativas en Lima y Callao, estas tienen cercos perimétricos colapsados, aulas de alto riesgo, techos inapropiados, incumplimiento de la adecuación a favor de estudiantes con discapacidad, entre otros. No hay duda de que esto es así. Sin embargo, la grave situación de la infraestructura educativa en el Perú no es novedad.

En el 2014 el Ministerio de Educación (Minedu) llevó a cabo un censo de infraestructura educativa en el que se concluyó que se requería aproximadamente S/77.000 millones para solucionar esta situación.

Entre el 2015 y 2016, el Minedu elaboró, con el apoyo del Banco Mundial, el Plan de Infraestructura Educativa al 2025, cuyo objetivo es mejorar la condición, capacidad, gestión y sostenibilidad de la infraestructura pública que permita una educación de calidad. Al día de hoy ya contamos con una radiografía bastante clara del estado de las edificaciones educativas en nuestro país.

Los estudios desarrollados incluyen un diagnóstico de la situación, así como líneas de acción e intervención claramente definidas. Debemos mencionar, además, que hace cuatro años un grupo técnico del Minedu realizó intensas campañas ante grupos de inversionistas y empresarios para promover las asociaciones público-privadas (APP) en infraestructura educativa.

El Minedu destinó tiempo y recursos para establecer cuáles eran las APP en educación que debían ser priorizadas, organizó paquetes de proyectos e incluso propuso la creación de infraestructura educativa mediante la construcción de los colegios de alto rendimiento (COAR) en el norte, centro y sur del país. Asimismo, contamos como país con un perfectible pero desarrollado marco legal en APP y con interés de diversos actores del sector privado en intervenir en iniciativas relacionadas con infraestructura educativa.

Hoy recordamos al Gobierno que no podemos esperar más. Necesitamos desempolvar los proyectos educativos y acelerar su ejecución.

Juan Pablo Silva, quien ocupó anteriormente el cargo de viceministro de Gestión Institucional en el Minedu, dejó muy clara la relevancia de contar con infraestructura educativa que permita a cada estudiante acceder a condiciones dignas y seguras de aprendizaje. Él señaló que la infraestructura educativa es “la caparazón donde los alumnos aprenden las bases para transformar al Perú en el país que sueñan”. Caparazón sí, pero a tiempo de tortuga no.

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