María Rosa Villalobos

Muchos, incluyendo a nuestros legisladores, sabemos que el título que lleve un proyecto de ley puede convertirse en un ‘trending topic’ o un meme que abone a la discusión política, pero la viralidad o mediatización no siempre va de la mano con la rigurosidad en la formulación de dicho documento. Por eso venimos detenidos en la discusión de si es “terrorismo urbano” o “criminalidad sistemática” y no nos hemos cuestionado si existe la posibilidad de extender recursos y apoyo político a una unidad policial cuyo trabajo se enfoque en la inteligencia.

En medio de la distracción por rebautizar la anhelada cura para la inseguridad ciudadana, lo último que supimos del Ejecutivo es que evaluaba imponer un toque de queda. Y luego, una tibia conferencia presidencial con lugares comunes y llamados a una empatía que linda con la irresponsabilidad.

La evaluación de la medida antes mencionada nunca tuvo una definición. De hecho, algunos de los alcaldes de los distritos declarados en emergencia han indicado que no fueron advertidos previamente de la medida. Dos de ellos, Rennán Espinoza (Puente Piedra) y Hernán Sifuentes (San Martín de Porres), aseguraron a El Comercio que no han tenido en los últimos siete días comunicación ni coordinación con el Gobierno central.

¿Cómo entender entonces que un país -y sus poderes- quieran luchar contra la inseguridad sin comunicación con los gobiernos locales? Esta falta de coherencia en los mensajes y la visible ausencia de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo resulta desolador.

Es entonces notorio que las posibilidades de que los ciudadanos veamos un plan articulado, con un tiempo de aplicación y que incluya a todos los actores, (autoridades, fuerzas del orden y vecinos) son una ilusión. Nos toca ejercitar la tolerancia a convivir con medidas efectistas, poco ruido y menos nueces.

Ojalá alguien le recuerde a los tomadores de decisión que se necesitan considerar dos planes: el inmediato, que exige revisar las medidas que han funcionado en el pasado e invertir en inteligencia policial y en soluciones rápidas como el Internet en comisarias, la luz, computadoras e incluso, sillas para sentarse. Mientras que para el largo plazo será necesario realizar los ajustes regulatorios a las normas existentes, sin hacer uso de la creatividad semántica o el tecnicismo vacío. Los ciudadanos exigimos lo mínimo: poder ir a trabajar sin que nuestras vidas o las vidas de los que más queremos corran peligro.

María Rosa Villalobos Editora de Economía y Día 1

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