Reforma al sistema de pensiones: no tenemos que destruir una casa para construirla de nuevo

Siempre pensé que pedir a una comisión de congresistas rediseñar el sistema pensionario del Perú era como pedirles que inventen una vacuna para el COVID-19. No me equivoqué. Lo leído hasta ahora en este documento me confirma que nuestros parlamentarios complican el problema en vez de solucionarlo.

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En general, los lineamientos publicados establecen tres pilares o niveles pensionarios. El primero, llamado Base del Sistema, busca establecer una pensión básica universal para que todos los peruanos de la tercera edad accedan a una pensión mínima, lo que en la practica equivaldría a expandir y profundizar el programa de Pensión 65. Actualmente, se estima que hay un millón y medio de ancianos en pobreza en nuestro país. Sin embargo, Pensión 65 alcanza sólo a unos 550 mil peruanos adultos mayores en necesidad con una magra pensión de S/125 por mes.

El objetivo es muy loable y urgente. Aquí la gran pregunta es: ¿a quién le sacamos la plata para pagar este programa? ¿Cuán recesivo sería en esta coyuntura económica subir el IGV, el impuesto a la renta o similares para cumplir este objetivo?

UN SISTEMA MITAD ESTATAL Y MITAD PRIVADO

El segundo pilar, bautizado como Contributivo, crea un sistema híbrido de pensiones, mitad estatal y mitad privado. Bajo este esquema, todos los asalariados que ahora aportan a una AFP o la ONP, tendrán que aportar el 50% a un fondo solidario (una ONP pero con otro nombre) y 50% a un sistema privado con cuentas personalizadas. Es decir, la mitad de nuestros aportes mensuales irán a una olla común a solventar la pensión de otros, ni más ni menos que un impuesto adicional a los salarios. Al final del día, estamos entregando la mitad de nuestros aportes al Estado, premiando así al ente que peores pensiones ha dado en las últimas décadas debido a corrupción, ineptitud e ineficiencia. Porque, así nos caigan mal las APF, la verdad es que el sistema privado probó ser menos malo que el público en los últimos veinticinco años.

Adicionalmente, este segundo pilar contributivo viene “robustecido” con normas complementarias para asegurar que los aportantes obtengan una pensión “justa”: capital semilla (el Estado aportaría un capital inicial a la cuenta de pensiones de cada peruano), sistema de copago (el Estado aportaría un monto por definirse por cada aporte que hagan el individuo); etcétera. Ustedes lectores, como yo, deben estarse preguntando ¿y el costo fiscal?

¿DESTRUIR UN SISTEMA PARA CONSTRUIRLO DE NUEVO?

Las pensiones en Perú serán decentes solo cuando los sueldos suban y la informalidad baje. Mientras logramos lo anterior, no compliquemos las cosas haciendo “reformas integrales al sistema”. No tenemos que destruir una casa para volver a hacerla de nuevo, máxime cuando hay cosas que han funcionado. El Estado debería focalizar sus esfuerzos en expandir Pensión 65 y convertirla en una pensión universal que llegue a todos los que ancianos en necesidad y dejar que el sector privado atienda el llamado Pilar Contributivo.

Las AFP, los bancos, las aseguradoras, tanto locales como internacionales, tranquilamente pueden ofrecer productos pensionarios que -compitiendo entre sí- satisfagan las diferentes necesidades de los aportantes. En este último punto, el rol del Estado debería ser mínimo o inexistente, porque la historia peruana nos enseña que mientras más lejos estén los fondos individuales de los aportantes de las garras de los gobiernos, pues tanto mejor.

Se supone que el ser humano aprende de sus errores. Sin embargo, parece que Acuña tenía razón, los peruanos somos “una raza diferente”. No sé de donde sale la necesidad de cargarle más roles a un Estado peruano que, a través de los años, nos ha demostrado que no hace –casi nada– bien. No en vano el Perú ostenta el lugar número uno en el mundo de muertos por millón en esta pandemia.

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