El Estado, lamentablemente, ha venido deslizándose hacia una estructura presupuestaria cada vez más rígida, donde el crecimiento del gasto corriente y las dificultades en la inversión han generado una gestión ineficaz de los recursos afectando la sostenibilidad fiscal y la capacidad del Estado para cerrar las brechas sociales.
El Estado, lamentablemente, ha venido deslizándose hacia una estructura presupuestaria cada vez más rígida, donde el crecimiento del gasto corriente y las dificultades en la inversión han generado una gestión ineficaz de los recursos afectando la sostenibilidad fiscal y la capacidad del Estado para cerrar las brechas sociales.
Uno de los principales factores que han contribuido a esta rigidez es el crecimiento sostenido del gasto en personal y obligaciones sociales. Entre 2019 y 2024, este gasto se incrementó en 40.9%, pasando de S/56,254 millones a S/79,264 millones. A nivel de gobierno, el nacional absorbió el 49% del total, los gobiernos regionales el 43% y los gobiernos locales el 8%. En términos de empleo público, el número de trabajadores en el sector estatal alcanzó 1.5 millones en 2024, lo que representa un aumento del 8% en comparación con 2019. El gasto promedio anual por trabajador también ha crecido de manera significativa, ascendiendo a S/57,224 en 2024, un 21% más que en 2019. Estas cifras, sin duda, generan un ruido atronador en el ciudadano de a pie cuando confirma que estos incrementos no se condicen con una mejora similar en la calidad de los servicios públicos.
Si bien es cierto que el crecimiento del gasto en planillas estatales genera serios problemas a la presión fiscal, el tema va más allá de eso. Una de las principales preocupaciones es que el incremento del gasto corriente reduce la flexibilidad presupuestaria, limitando la capacidad del Estado para reasignar recursos en función de necesidades emergentes o cambios en el ciclo económico. En la literatura económica, se ha documentado cómo estructuras presupuestarias rígidas restringen la capacidad de respuesta del Estado ante crisis o necesidades urgentes, generando situaciones en las que es necesario recortar recursos dirigidos a áreas estratégicas para cubrir compromisos salariales previamente adquiridos.
El otro gran desafío en el manejo del gasto público es la inversión en infraestructura, que, aunque ha mostrado cierta recuperación en términos de ejecución, sigue enfrentando problemas estructurales que impiden su impacto de calidad en el cierre de brechas. Existen tres modalidades principales de ejecución de la inversión pública en el país: obra pública, Asociaciones Público-Privadas (APP) y, en menor medida, Obras por Impuestos (OxI). Si bien, cada una de estas tiene sus propios desafíos, claramente las más importantes en compromiso fiscal son las dos primeras.
Así por ejemplo en el caso de la obra pública, entre 2019 y 2024, se registraron un total de 83,827 proyectos nuevos, con un promedio de 13,971 proyectos por año. Esta situación se agrava los años de cambios de autoridades. Solo en 2024, 12,579 proyectos de obra pública eran nuevos, lo que representó el 22% del total de proyectos con presupuesto institucional modificado (PIM). No obstante, en el mismo año, 12,012 proyectos de obra pública fueron descontinuados, evidenciando una alta tasa de proyectos que podrían ser considerados como obras paralizadas. Esto es parte de la explicación de la baja tasa (1%) de cierre de proyectos.
Si bien la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), se ha recuperado, gracias a un trabajo “a pulso”, pasando de adjudicarse proyectos por un valor de USD 229 millones en el 2018 a USD 5,017 millones en el 2024, ha mostrado, en otro tanto, un desempeño desigual en cuanto al plazo incurrido para la firma del contrato. En efecto, si bien entre 2007 y 2024 se adjudicaron USD 27,513 millones en proyectos APP el proceso se ha ido haciendo más lento. Así, mientras que en el periodo 2007-2011 los tiempos de adjudicación tomaban en promedio 20 meses entre el encargo y la firma de contrato, en el período 2018 y 2024 este plazo casi se triplicó, saltando a 58 meses. Es decir, un Estado que se vuelve enemigo del propio Estado, impactando negativamente en el cierre de brechas; mellando nuestro potencial de crecimiento; y, con ello, la capacidad de traer mayor bienestar a la población.
Tomando en cuenta esta problemática, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) propone un conjunto de medidas orientadas a mejorar la eficiencia y efectividad de la inversión pública en el Perú. Se propone, por ejemplo, desarrollar una metodología para la habilitación de recursos a lo largo del año fiscal, con el fin de asignarlos a proyectos prioritarios en función de indicadores de desempeño de las unidades ejecutoras. A pesar de avances en la priorización de proyectos, el actual ritmo de asignación presupuestaria es insuficiente para cerrar brechas en un tiempo razonable, lo que evidencia la necesidad de mejorar la programación del gasto. Para agilizar la ejecución de Asociaciones Público-Privadas (APP), se propone que cada sector elabore una ficha técnica con requerimientos y niveles de servicio mínimos para APP, lo que reduciría incertidumbre y cambios en el proceso también fusionar en un solo documento el estudio de pre-inversión y el Informe de Evaluación en APP cofinanciadas, con el objetivo de reducir plazos en la fase de formulación y evitar duplicidad de requerimientos. Estas propuestas buscan acelerar la ejecución de proyectos de inversión y mejorar la eficiencia del gasto público, priorizando la asignación de recursos en proyectos estratégicos con impacto en el cierre de brechas de infraestructura y servicios.
Cabe indicar que recientemente se han aprobado dos medidas que buscan mejorar la eficiencia del gasto de inversión. La modificación de la Directiva del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Resolución Directoral N° 0002-2025-EF/63.01) introduce plazos y procedimientos para la culminación de proyectos, con el objetivo de reducir la acumulación de inversiones inconclusas y mejorar la trazabilidad de los recursos. Un cambio importante es la exigencia de registrar la culminación de las obras en un máximo de 60 días posteriores a su ejecución física y de cierre de inversión en un plazo de 180 días. Adicionalmente, los nuevos Lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública (DS Nº 020-2025-EF) buscan mejorar la articulación de las inversiones entre los distintos niveles de gobierno y establecer criterios claros para la priorización de proyectos estratégicos. Si bien estas iniciativas representan un avance, su efectividad dependerá de su implementación rigurosa y de la voluntad de las instituciones responsables para cumplirlas.
El desafío es claro: se necesita un Estado que priorice la eficiencia en el uso de los recursos, optimizando el gasto corriente y ejecutando la inversión de manera oportuna y efectiva. De lo contrario, la sostenibilidad fiscal seguirá deteriorándose y las brechas de infraestructura persistirán, afectando la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos.
