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Industriales vs. eléctricas: el trasfondo del conflicto

La SNI y distribuidoras se enfrentan por reforma del sector. La primera se opone en defensa de las pymes. Las segundas advierten estragos para usuarios finales

Sector eléctrico

Más de 1.000 comercios e industrias han migrado al mercado libre en los últimos dos años debido a las distorsiones en el sector eléctrico, según los especialistas. (Foto: El Comercio)

Los ánimos se caldean entre los industriales y las distribuidoras eléctricas, conforme el Congreso debate la propuesta del congresista Percy Alcalá para corregir las distorsiones en el sector.

Dicha propuesta pretende dos cosas: eliminar la declaración única del precio del gas y subir la valla que separa a los usuarios regulados (7 millones de familias y pequeños negocios) de los usuarios libres (industrias y mineras). Para los industriales es vital evitar lo segundo.

VALLA ELEVADA
“El fondo del problema, más que el precio del gas, es la diferenciación entre clientes libres y regulados. En el Perú, todos aquellos que consumen entre 200 KW/hora y 2.500 KW/hora pueden optar entre ser clientes libres o regulados, pero lo que quiere un grupo de personas es subir la valla a 1.000 KW/hora”, refiere Leandro Mariátegui, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Según la SNI, elevar dicha valla evitará que 10 mil pymes, que hoy consumen poco más de 200 KW/hora, puedan migrar del mercado regulado al libre en pos de tarifas eléctricas más baratas.

“Lo que está en juego es el derecho que tienen las pymes a negociar y comprar su electricidad directamente con los generadores en mercado libre, como hacen las grandes industrias y mineras”, anota Mariátegui.

De acuerdo a estadísticas de Osinergmin, 1.100 comercios e industrias han abandonado las empresas distribuidoras y migrado al mercado libre en los últimos dos años.

Se trata de un fenómeno nunca visto en la historia del mercado eléctrico, que los expertos en energía atribuyen a las distorsiones del mercado.

PLATOS ROTOS
“Nunca, desde que se inició la liberalización del sector en 1993, se han visto precios tan bajos en el mercado libre (US$25-30 MW/hora). Es una situación irreal”, explica Anthony Laub, socio del estudio Laub & Quijandría.

El especialista apunta que la genuina aspiración de los industriales a aprovechar esta situación deja una secuela de afectados.
Los primeros son los distribuidores, que se han quedado ‘colgados’ con contratos de potencia que no utilizan pero que igual deben cancelar, porque las generadoras no aceptan renegociarlos. Y los segundos serían los usuarios finales.

“Los usuarios regulados no nos beneficiamos de nada de esto, porque somos los únicos que no podemos migrar de un mercado a otro. Por el contrario, pagaremos los platos rotos, porque la fuga de clientes industriales al mercado libre llevará a las distribuidoras a bajar costos [sinónimo de peor servicio] o a tomar medidas extremas que incrementarán las tarifas en el mercado regulado”, refiere.

DISTORSIÓN O STATU QUO
Para no quedarse colgado nuevamente con potencia que no podrá emplear, Luz del Sur planea sacar licitaciones de largo plazo (5 a 10 años) solamente para los usuarios regulados que consumen menos de 200 KW/hora, es decir, para aquellos que no migrarán con total seguridad.

Para el resto, proyecta sacar licitaciones de un año. El efecto de esta medida será una alta volatilidad en las tarifas reguladas.

Como contramedida, las distribuidoras han solicitado al Gobierno y al Congreso subir la demarcación entre clientes regulados y libres a 1.000 KW/hora, como se estilaba en el modelo inicial de la ley de concesiones eléctricas. De esta manera, aseguran, podrán calcular mejor los contratos de suministro que tienen que suscribir.

Mario Gonzales, gerente de Desarrollo de Luz del Sur, sostiene que esta medida busca corregir la distorsión generada por los menores precios del mercado libre para que el sector sea sostenible.

“Que los industriales se estén beneficiando con tarifas 50% más baratas debido a una distorsión del mercado no les da derecho a pretender que este debe ser el statu quo. Por el contrario, es una situación insostenible que solo beneficia a 1.100 industrias en perjuicio de 7 millones de usuarios”, remarca.

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