El pleno del Congreso tiene hasta la próxima semana para aprobar la ley de presupuesto 2025. Si bien se presentará su fórmula final, se esperan movidas de partidas hasta el último momento. Este y otros puntos son analizados por un exministro, un gobernador y dos especialistas.
Luis Miguel Castilla, Zósimo Cárdenas, Martin Cabrera y Pablo Roca nos anticipan lo que observaremos en el debate parlamentario sobre el presupuesto que se destinará para el próximo año.
Los puntos claves de la ley de presupuesto 2025
Durante el debate y aprobación de la ley de presupuesto veremos quién manda en este país. Si bien los congresistas no tienen iniciativa de gasto, están facultados a mover partidas presupuestarias e incluir todo tipo de disposiciones. Si tuviéramos un Ejecutivo fuerte con bancada propia, solo se impondrían ajustes razonables. Sin embargo, la debilidad del Gobierno, la permisividad del MEF y la voracidad de Legislativo auguran una farra fiscal. El equilibrio presupuestario y la responsabilidad fiscal no son compatibles con móviles políticos que ya tienen el período preelectoral en la mira.
A la fecha, no se ha logrado consenso en 40 disposiciones en el debate del dictamen. Como ocurre todos los años, el Congreso quiere tener la sartén por el mango e, invocando al artículo 80 de la Constitución, se rehúye a autorizar la aprobación de modificaciones presupuestales mediante decreto supremo. Así, quiere forzar al Gobierno a tramitar una nueva ley cada vez que quiera realizar cualquier cambio presupuestario. Así, se le viene quitando flexibilidad y discrecionalidad al manejo hacendario.
El desenlace más probable apunta a que en la discusión del pleno se incluirán nuevas disposiciones (presionando por mayores remuneraciones y gasto corriente) y se incrementarán los proyectos de inversión en el anexo 5 del texto, sin contar con fuentes de financiamiento. Estamos advertidos
Los gobiernos regionales y locales entramos a nuestro tercer año de gestión, y es un período clave porque es el momento certero para que la población exija resultados tangibles. El primer indicador de gestión visible es la ejecución presupuestal para proyectos de inversión y solo dos gestiones (Junín y Ucayali) registran una cifra de 80% a poco más de un mes del cierre del 2024.
El Ejecutivo y el Congreso deberían tomar en cuenta los indicadores de gestión para la distribución de partidas presupuestasles del 2025. En el 2023, el gobierno brindó incentivos de gestión y Junín recibió S/180 millones, pero esto no se replicó en el 2024. No resulta responsable desperdiciar recursos públicos que se quedan en el aire por falta de gestión. Según el portal de Transparencia Económica del MEF, cuatro regiones han tenido que modificar su presupuesto institucional a la baja para balancear sus cifras de ejecución.
Es clave que la asignación presupuestal 2025 sea por resultados. Solo priorizando a las gestiones con resultados se podrá avanzar en el cierre de brechas, como en Junín, donde este año hemos entregado el hospital La Libertad y el puente Max Hongler. Para el próximo año tenemos un plan con 54 proyectos de inversión (29 con expediente técnico aprobado). El más relevante es la carretera departamental JU-103. Demostremos que se puede trabajar con indicadores de gestión.
La Comisión de Presupuesto, dirigida por la congresista Lady Camones (APP), durante los meses de setiembre y noviembre, ha dedicado al menos 140 horas a sesiones. Un esfuerzo significativamente ampliado por innumerables horas de trabajo en gabinete, necesarias para la revisión y modificación de los diversos pliegos presupuestarios.
Sin embargo, un estudio del 2018 de la contraloría observó la manera en que se llevan a cabo las modificaciones presupuestarias. El estudio señaló que los actores involucrados podrían recurrir a prácticas informales de negociación, debido a la ausencia de documentación que respalde las decisiones tomadas; más aún a la hora del debate en el pleno. Por años ha sido evidente el poder delegado de los coordinadores parlamentarios del MEF para negociar votos a cambio de proyectos.
Es imperativo que se implementen mecanismos más rigurosos para asegurar la transparencia y la trazabilidad de cada modificación presupuestaria, como la documentación para sustentar el origen de las modificaciones producto de las negociaciones (que son válidas), revelándose los criterios técnicos que las motivaron.
El papel de la Comisión de Presupuesto es crucial para la asignación eficiente de los recursos, y para mantener la integridad del proceso legislativo. Se debe asegurar que el presupuesto refleje las verdaderas prioridades del país.
A S/251.801 millones asciende el presupuesto 2025 según el proyecto de ley que se viene debatiendo y se discutirá la siguiente semana en el pleno del Congreso. Si nos preguntásemos si cada sol está bien asignado, la cantidad de preguntas ascendería a la misma cifra. Y es que la forma o metodología para evaluar el presupuesto más recurrente es comparar alguna partida, entidad o sector con su símil del año anterior, pero hay muchísimo más por explorar, contrastar y sopesar.
La ciencia política se pregunta, ¿quién gobierna? Si ubicamos esta pregunta en el contexto del debate presupuestario en el Perú podríamos analizar como hipótesis la influencia de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (agrupación de los últimos presidentes de la Comisión de Presupuesto) y actual gobernador.
Con la variación obtenida de la resta entre los presupuestos de apertura (PIA) y los proyectos de presupuesto (PP) de los últimos años, uno observa que en La Libertad la variación es millonaria: más de 240 (PP 2025- PP 2024) y más de S/626 millones (PIA 2024- PIA 2023). Pero hay más. Y al periodismo hay que exigirle más. La misma operación matemática puede aplicarse al comparar el PIA con el PP. Y nuevamente las cifras obtenidas ascienden a más de 18 y más S/117 millones al observar años previos: 2023 y 2024. ¿Qué pasará este año con la ley del 2025?
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