El ministro de Economía, Pedro Francke, anunció que el informe preliminar del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el régimen tributario minero, da cuenta de que la carga impositiva promedio para este sector en el Perú asciende a 41,7%, cifra que se encuentra por debajo del 47,1% de Chile, del 47,9% de Brasil y al 49,9% de Canadá.
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Con este panorama, según el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) existiría un margen para incrementar la carga tributaria global al sector minero en 3 o 4 puntos.
Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), sostiene que la información proporcionada por el ministro Francke no es de conocimiento público, dado que el propio FMI ha señalado al gremio que el informe al que se hace referencia es aún preliminar, pues se encuentra en proceso de revisión y finalización.
“No podemos pronunciarnos respecto a esa información porque no se ha tenido acceso a revisarla. Me parece lamentable que se esté tomando como insumo de esta discusión un informe que ni si quiera se ha hecho público”, señaló.
Para De la Flor, esta medida debilitaría la competitividad de la minería peruana en un momento en que las empresas mineras vienen contribuyendo con cargas tributarias superiores a las que enfrentan en otros países, contrariamente a lo comentado por el MEF.
“Hay por lo menos 6 informes distintos de diferentes centros de investigación incluyendo CEPAL, IPE, Apoyo, Cesco en Chile y EY, que coinciden en señalar que la carga tributaria que enfrentan las empresas peruanas es marcadamente superior a la existente en Chile”, afirmó.
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En ese sentido, el director ejecutivo de la SNMPE consideró que el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo es bastante amplio. Y es que, para él, el Ejecutivo buscaría incrementar el impuesto mínimo, modificar las tasas de la regalía y el impuesto especial a la minería, así como eliminar la depreciación acelerada.
“El pedido es bastante genérico y no hay indicios de cuál sería la formulación específica que tienen en mente. Para nosotros es importante que la propuesta sea presentada y discutida en el Congreso a través de un proceso técnico que permita entender y justificar los lineamientos que estarían siguiendo”, dijo.
Más recursos
Para Rómulo Mucho, exviceministro de Energía y Minas, ha habido una buena recaudación por las exportaciones mineras que batirían récord este año y por los impuestos a grandes empresas; sin embargo, más que captar impuestos, hoy se debe asegurar la calidad del gasto.
“Todavía existe dinero del canon, regalías no gastadas, y si hoy piden más recursos, supongo que serán dirigidos para el asistencialismo que está planteando el Gobierno”, señaló.
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Para Walker Villanueva, socio del Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, el Estado se concentra en lo tributario, pero al no haber una reflexión y transparencia en el aspecto presupuestario, los resultados de ejecución están por debajo del 50% en algunos casos. Dichos recursos, además, se encuentran mal direccionados, pues terminan en obras con poco impacto social.
“Es legítimo recaudar tributos más razonables y acordes con el tiempo, pero sin perder de vista la competitividad del país y complementándolo con una gestión adecuada del presupuesto, que es lo que se termina perdiendo de vista”, dijo.
Desde el lado del Gobierno, Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros, señaló el domingo por la noche que la modificación de la Ley de Canon y Regalías es un tema pendiente, y se mostró a favor de mejorarla a fin de optimizar la ejecución de los recursos por parte de los gobiernos subnacionales.
“Se puede mejorar. Dialogando con las propias empresas, están de acuerdo porque afirman que a veces se paga el canon minero y no se traduce en obras que realmente generen desarrollo para la comunidad”, señaló en diálogo con Agenda Política.
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Según Vásquez, se debe revisar la norma para asegurar una mejor ejecución del gasto. “Hay un problema estructural que necesitamos solucionar sobre cómo mejoramos nuestra legislación, y el tema de la redistribución de los recursos, para que haya capacidad de ejecución. Hay que controlar la calidad del gasto y la corrupción”, añadió.
Incremento de la carga
Son 8 los impuestos que gravan la minería: impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, regalía minera, impuesto especial minero, gravamen especial minero, contribución a un fondo de jubilación minero, pago por regulación, pago de participación de los trabajadores en las utilidades.
De estos tributos, detalla Villanueva, el impuesto a la renta tiene una tasa de 29,5%; reparto de utilidades, 5%; participación de los trabajadores -aunque no va al Estado es un costo asociado a la operación minera-, 8%; regalías mineras, del 1% al 12% con escala progresiva acumulativa basada en el margen operativo; impuesto especial a la minería, de 2% a 8,4%. Además, la tasa para el fondo complementario de jubilación minera es 0,5%; la de la OEFA, 0,1% de las ventas; y de la Osinergmin, 0,14% de las ventas.
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“Si se aplican todos estos impuestos (no se suman linealmente) la tasa efectiva es próxima al 43,74% y va a depender de la eficiencia de cada compañía. La minería ya tiene un régimen tributario que captura las mayores utilidades operativas derivadas del incremento de precios de los minerales”, explicó Villanueva.
Asegura que se debe regular la carga tributaria con sentido de responsabilidad, para así no perder competitividad respecto a Chile, nuestro país vecino.
En esa línea, Mucho aseguró que sí es posible plantear un incremento en los impuestos del sector. Sin embargo, resaltó que esto no debe ejecutarse de manera unilateral, sino a través de un diálogo con las empresas.
“El tema debe conversarse en un momento oportuno con las mineras. En el informe del FMI no se habría tomado en cuenta todos los aportes de la minería, como el 8% para utilidades, los aportes a Osinergmin, a la OEFA y los gastos de responsabilidad social”, señaló.
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Inversiones
De aplicarse los cambios propuestos por el Ejecutivo, indica De la Flor, las inversiones se verían afectadas. Así, difícilmente se vería en los próximos años la puesta en marcha de nuevos proyectos a corto plazo y se pondrían en peligro futuras inversiones por más de US$ 50 mil millones.
“Las modificaciones que viene discutiendo el MEF serían un duro golpe a la competitividad de la industria. Los tributos que se dejarían de cobrar por efectos de la cancelación de estos proyectos supera largamente lo que el Gobierno esperaría recaudar con las modificaciones propuestas (unos S/ 1.200 millones)”, afirmó.
Por su parte, Rómulo Mucho aseguró que el aumento de impuestos sería contraproducente para atraer inversiones.
“Se debe negociar y dialogar de manera proactiva asegurando la calidad del gasto, porque si lo impones estás afectando futuras inversiones. Atravesamos momentos difíciles donde el Gobierno no transmite confianza y más se le percibe como una amenaza”, dijo.
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