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La creación del nuevo Ministerio de Infraestructura ha desatado una serie de preocupaciones válidas que giran en torno tanto a las funciones que asumirá, las capacidades que tendrá, las autonomías que se le otorgará, así como la incidencia que el mismo pueda tener en el creciente gasto corriente del gobierno. Recordemos que el déficit fiscal del 2023 de 3.,9% fue el mayor registrado en los últimos casi 30 años, excluyendo el año de la pandemia.
Sin embargo, hay dos aspectos importantes a resaltar producto de esta Ley que crea este ministerio. El primero está relacionado con el esquema institucional actual, bajo el cual el accionar de la Contraloría genera incentivos perversos en la toma de decisiones por parte del sector público, y, el segundo, vinculado a qué funciones deberían permanecer como responsabilidad del Estado.
Una premisa aplicable a ambos es la necesidad de entender que las consecuencias de las decisiones económicas que se toman se validan en función de los incentivos y restricciones que generan, y no en función de los objetivos que persiguen.
La creación de un nuevo Ministerio no atacará la enfermedad en la medida en que el sistema actual de incentivos generados por la intervención de la Contraloría siga inhibiendo la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos al instaurarles el temor de tener que lidiar después con cuestionamientos precisamente por las decisiones que toman.
Por más reforma, integración, o reorganización que se haga, en tanto no se modifiquen estos incentivos, las medidas serán inocuas y las consecuencias las mismas: temor de tomar decisiones, por ende, paralización en el desarrollo de todo proyecto de infraestructura pública.
Tomar decisiones con efectos económicos no debe ser algo sancionable per sé, menos aún cuando se hace sobre la base de información incompleta y en ambientes de incertidumbre.
Es fundamental cambiar este esquema de incentivos, contrario al interés público, si se busca priorizar el desarrollo de la infraestructura del país. ¡Todos somos generales después de la guerra! Además, este esquema genera un costo no menor: ¿qué profesional con capacidades va a querer asumir estos riesgos si el sector privado ofrece retribuciones mayores y a un riesgo sustancialmente menor?
La última sentencia del Tribunal Constitucional limitando la potestad sancionadora de la Contraloría va en la línea adecuada, pero aún insuficiente, de cambiar los incentivos mencionados.
Cada vez que se crea una institución pública tenemos que cuestionarnos, como sociedad civil, qué tamaño de Estado queremos y cuáles son las funciones que debe ejercer, caso contrario se convierte en una ameba que solo se expande generando mayores regulaciones.
Toda empresa privada que crea una nueva línea de producto decide si la misma continúa o no en función de sus resultados. Esa disciplina del mercado es inexistente para determinar la idoneidad o no de un Ministerio en particular, por ende es importante establecer indicadores que midan su desempeño. ¡Las consecuencias y resultados importan más que las intenciones!
