“Queridos compatriotas: hemos presentado un proyecto de ley que implementará un descuento de hasta el 15% en los recibos de electricidad de las familias más vulnerables. Esta medida no supone ningún costo al tesoro público y beneficiará a más de 21 millones de peruanos”. Con este mensaje vía Twitter, el Ejecutivo anunció la presentación de una iniciativa legislativa para reducir el costo de los recibos de electricidad para la gente de menores recursos. Suena maravilloso. Encontraron la forma de hacerlo sin que ello implique “costo para el tesoro público”. Doblemente maravilloso. Pero ¿dónde está el truquito? ¿Quién paga la cuenta?
En el año 2001 fue creado el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE, Ley 27510) dirigido a favorecer el acceso y permanencia en el servicio eléctrico de los usuarios residenciales con consumos mensuales menores a 100 kWh mediante un descuento en sus recibos. El objetivo era otorgar este beneficio a la población de menores recursos con dificultades para atender el pago de ese servicio producto de la situación económica de ese momento. En los hechos también se han beneficiado de este descuento (probablemente sin saberlo y sin poder renunciar al beneficio) quienes tienen casas de playa: al ser usadas sólo durante tres meses al año, su consumo promedio los coloca dentro del umbral necesario para acceder al beneficio.
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El descuento se financia con el aporte hecho por el resto de los usuarios. El que consume más de 100 kWh financia al que consume menos. Unos subsidian a otros sin que el tesoro público se moje. No es un tributo. Es una “donación forzada”. En simple, meten mano en su bolsillo, sacan plata y se la entregan a otro. Hacen todo esto sin preguntarle si está o no de acuerdo. Juegan con su plata.
Este subsidio fue concebido inicialmente para un período de 30 meses. Se trataba de enfrentar una coyuntura particular. Sin embargo, luego de un tiempo, se convirtió en permanente.
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Ante la coyuntura generada por la pandemia y el incremento de las tarifas eléctricas se busca echar mano nuevamente del FOSE. Se quiere ampliar su alcance comprendiendo a más usuarios (incluyendo ahora consumos menores a 140 kWh). Este mayor costo lo pagarán los clientes libres (mineras, empresas industriales y comerciales) que hasta la fecha no contribuían a ese fondo (contribuyen a otros).
Sin perjuicio de la discutible constitucionalidad de esta iniciativa, llama la atención que la propuesta no contemple una limitación temporal del subsidio. Si se busca atender una situación coyuntural, el subsidio debe terminar una vez se supere esa coyuntura. Tampoco se reconoce el aporte de los usuarios como un gasto deducible de impuestos. Al tratarse de “donaciones forzosas” ese reconocimiento no debería tener un tope. En vez de andar jugando con plata ajena, el Ejecutivo debería apuntar a bajar el tipo de cambio. Eso reduciría las tarifas eléctricas para todos. “Siempre con el Pueblo”.
El procurador Daniel Soria solicitó con esta denuncia que Zoraida Ávalos abra una investigación preliminar al presidente de la República. Estos fueron sus motivos. 
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