Indecopi: Poniendo al rey como el jefe de Gobierno, por Alejandro Falla

La semana pasada se ha presentado en el Congreso un proyecto de reforma constitucional que busca otorgar autonomía constitucional a Indecopi (Proyecto 6919-2020-CR). Gozan de esa condición sólo algunas entidades (Banco Central de Reserva, por ejemplo). Se buscaría reforzar su independencia y reducir riesgos de interferencias. Se propone que los integrantes de su Consejo Directivo sean elegidos, mediante un concurso público de méritos, por una comisión integrada por varias entidades (desde el Defensor del Pueblo hasta el Contralor de la República). Actualmente son designados por el Poder Ejecutivo.

No está mal que el Congreso busque fortalecer la autonomía de Indecopi. Tal vez se ha dado cuenta que ha cometido un error al colocar “la carreta delante de los caballos”. Le ha entregado armas sin preocuparse mucho de las manos en las que caerán. Hace poco le ha entregado el poder de aprobar o desaprobar “matrimonios empresariales” permitiéndole incluso revertir “matrimonios” consumados que no debían pasar por una revisión previa. ¿Se imagina si este tipo de instrumentos empiezan a ser usados para aniquilar a los enemigos del gobierno o del presidente de turno? A Trump le hubiera gustado hacer eso. Lo intentó. Pero una serie de “candados” le impidieron lograr su objetivo.

Desde hace varios años se viene insistiendo en la necesidad de colocar más “candados” en Indecopi. El riesgo es el político. Pero también los empresarios y quienes alegando la defensa de los consumidores buscan asegurarse una fuente de ingresos con las multas que impone.

Indecopi es una institución cuya estructura única le ha permitido sobrevivir -con sus baches- a varios gobiernos y contextos políticos. Pero requiere ajustes. La separación entre quienes deciden (Tribunal y Comisiones) y quienes administran el presupuesto (Consejo Directivo) ha evitado que se presenten incentivos perversos (“aplicar multas para llenar la caja”); y ha permitido mantener su funcionamiento en manos de técnicos apartados del juego político. Esta separación ha hecho “casi” irrelevante los cambios de miembros del Consejo Directivo. Su presidente “reina, pero no gobierna”. Su principal función es servir de paraguas para que los técnicos hagan su trabajo.

La independencia que debe garantizarse es la de los técnicos; no la de los integrantes del Consejo Directivo quienes juegan en el terreno político. Para ello no se requiere de una compleja reforma constitucional. Basta que la mayoría de los integrantes del Tribunal de Indecopi sean elegidos por el Banco Central de Reserva, como sucede en otras jurisdicciones. Reforzar la independencia del Consejo como se pretende, además de intrascendente, parece querer poner al Rey como Jefe del Gobierno. Eso sería peligroso.

Hace bien el Congreso al poner este tema en discusión. El reto de esta reforma es hacerla preservando un diseño institucional que ha demostrado en el tiempo tener algunas ventajas. Hay que proteger al gobierno; no al rey.