Vivimos en un país expuesto a eventos climáticos extremos como lluvias torrenciales, terremotos, huaicos, heladas, entre otros. Este tipo de eventos como el niño costero del 2017, junto con la pandemia del Covid 19 han resaltado las vulnerabilidades estructurales a las que nuestra sociedad está expuesta. En marzo 2023, el ciclón Yaku volvió a recordar el estado precario de nuestra infraestructura y la dependencia en la ayuda de los gobiernos para apoyar a los afectados. ¿Por qué dependemos de la ayuda del gobierno? ¿Por qué siempre las mismas vulnerabilidades son expuestas? En las próximas líneas buscamos abordar estas dudas y estimar el impacto económico.
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El bajo nivel de viviendas aseguradas. Normas laxas o ausentes y con escaso cumplimiento por parte de autoridades municipales han permitido la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo y de condiciones estructurales inadecuadas. Esto, junto con el fenómeno de la autoconstrucción y la informalidad resulta en que, a diferencia de Chile (23%) y Colombia (10%), en el Perú solo un 3.2% de las viviendas cuenten con un seguro que las proteja en casos de incendios, inundaciones, desastres naturales y robos. El 87% que cuentan con tal seguro lo hacen al obtener un crédito hipotecario, es decir, de forma obligatoria. A su vez, si examinamos el material de construcción, particularmente en zonas rurales, veremos que un 63% es tierra o arena, lo que lo hacen altamente vulnerable a lluvias torrenciales. Al no contar con un seguro privado y contar con una estructura precaria no es sorpresa que los eventos climáticos extremos terminen en tragedia.
Pero la infraestructura publica tampoco alivia el impacto. La ausencia de una inversión eficiente es uno de los primeros problemas. Esto esta evidenciado en una ejecución inferior al 60% del presupuesto de inversión en prevención de desastres naturales durante los últimos cinco años por parte de los gobiernos locales y regionales de la costa norte. Tumbes el de menor ejecución (<25%) y Piura el de mayor (70%). Asimismo, otros indicadores relacionados a la presencia del estado para garantizar el desarrollo pleno de las capacidades de los ciudadanos en el territorio muestran que la región del norte se encuentra por debajo de la media nacional.
Existen distintos cálculos preliminares publicados en relación con el costo económico del ciclón. Según el ministerio de producción, alrededor de 131 distritos y 10,600 familias fueron afectados explicando una caída agregada en ventas de S/1,195 millones. El Ministerio de Economía estima que, incluyendo el daño a infraestructura pública, este costo se duplicaría fácilmente. Asimismo, el Ministerio de Agricultura estima que el 1.2% de toda la superficie agrícola nacional fue afectada, teniendo una incidencia similar a la registrada por el Fenómeno del Niño 2017. Nuestros cálculos tomando como referencia el impacto observado el 2017, de alrededor de S/ 20,000 millones, y la producción sectorial e infraestructura comprometida, especialmente en la región del norte, que explica el 20% del PBI, ascendería a S/ 13,000 millones. Este impacto sería mitigado por el gobierno a través de la implementación de su programa de atención de desastres que asciende a S/ 4,000 millones.
¿Qué hacer para que la próxima lluvia no cause estragos? Estructura de vivienda social que cuente con seguro privado para que la gente no se quede sin nada, un plan de infraestructura nacional que englobe el problema como un todo y no la suma de planes menores enfocados en diferentes localidades, transparencia absoluta en el gasto para que el apoyo de la población se mantenga, y un reforzamiento del seguimiento para el complimiento de licencias adecuadas en la construcción de viviendas y la prohibición de construcción en áreas de riesgo geográfico. Nuevamente, insistimos, para poder incrementar la probabilidad es necesario que “se involucren todos”.