En el Perú se estima que el 95% de las habilitaciones urbanas son informales y que el 80% de las viviendas son producto de la autoconstrucción, e incluso, en las zonas periféricas de las ciudades, esta cifra llega al 90% según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), lo que genera que muchas de ellas sean vulnerables ante desastres naturales.
Esta falta de planificación territorial se pone en evidencia cada vez que existen fenómenos climáticos y reflejan la forma en que se permite la construcción en zonas de riesgo; así como la falta de una implementación de drenajes fluviales, dejando a miles de personas damnificadas y millones en pérdidas económicas, resalta la asociación.
Para ADI Perú, esto es producto de una mala gestión de las autoridades que, durante los últimos años, han optado por apoyar la formalización de las grandes extensiones de terrenos informales, o que han sido tomados por los traficantes de terrenos, en lugar de impulsar el fortalecimiento de los distintos programas de vivienda social que brinda el Estado a través de diversos programas de financiamiento con la finalidad de formalizar la vivienda como son Techo Propio, el Crédito MiVivienda y otros especializados como el Bono Verde.
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“Es necesario que las autoridades impulsen el mercado formal de habilitaciones urbanas y de viviendas. De esta manera, podremos asegurar que las familias no se expongan al peligro de vivir en zonas inseguras, que se encuentran a merced de acontecimientos como estamos sufriendo en la actualidad”, mencionó Antonio Amico, presidente de ADI Perú.
Por otro lado, ADI Perú cuestionó la forma en la que se han enfocado los proyectos de vivienda por parte de los últimos gobiernos.
“Lo que se aprecia es que se considera que los programas de subsidio a la vivienda son un gasto, mientras deberían considerarlo como una inversión fundamental. El Tesoro Público recupera 2,8 veces lo invertido en el subsidio del Programa MiVivienda, además otorga un espacio de calidad a millones de peruanos”, agregaron.
Para el gremio especializado otro punto a considerar es el monto que el Estado invierte para la instalación de agua y alcantarillado en las urbanizaciones informales y el tiempo que toma dotarlos de servicios básicos.
“Se estima que se invierte en promedio algo más de S/ 1.000 millones al año en las urbanizaciones informales para la instalación de agua y alcantarillado y les toma, en promedio, 10,5 años en obtener las conexiones de agua y saneamiento. Esto no ocurre en los proyectos grandes donde el mismo desarrollador asume estos costos”, señaló Antonio Amico.
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