Congreso aprueba ley que reduce IGV a 14% pero subirá 2% a fondo de municipios, ¿por qué expertos dicen que es una medida fiscal dañina?

El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de la “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun)”. Según el proyecto, se buscaría aliviar el reparto de ingresos públicos entre los gobiernos subnacionales y promover el desarrollo. Es así que la reciente aprobación del dictamen pretende un incremento del 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que forma parte de los recursos del Foncomun de forma progresiva hasta el año fiscal 2029.

No es el único cambio. Este documento, además, incluye un cambio del artículo 17 del Decreto legislativo 821, que corresponde al nuevo texto de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Esta modificación plantea reducir el IGV de 16% a 14% desde el 2026. ¿Qué implicará?

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El Impuesto de Promoción Municipal (IPM) grava a todas las operaciones afectas al Impuesto General a las Ventas (IGV) recaudado por la Sunat y destinado al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), que se distribuye entre todas las municipalidades del país para asegurar su funcionamiento.

El IPM tiene actualmente una tasa del 2% y su recaudación se hace efectiva junto con el pago del IGV, equivalente al 16%. La suma de ambos conceptos da como resultado el 18% actual, que afecta a todas las operaciones gravadas con el IGV.

Para el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, esta medida sería “uno de los retrocesos más grandes” en política tributaria. En conversación con este Diario, calificó la normativa como algo insólito que no responde a ningún tipo de reforma estructural para formalizar la economía, sino que más bien es una medida efectista para llegar a los municipios del país en un año prelectoral.

Castilla consideró importante que el Ejecutivo reconsidere su opinión e interponga una acción de inconstitucionalidad. “Esta política tributaria es nefasta, nos deja fuera de nuestra adhesión a la OCDE y a no ser considerados un país que maneja de manera técnica sus finanzas públicas”, agregó.

Es así que “la Ley que acaba de aprobar el Congreso reduce la tasa del IGV a 14% y eleva el IPM a 4%, para darle fondos anuales adicionales a los municipios. La tasa del IGV se mantendrá en 18% y los ciudadanos no van a sentir el cambio. Pero el Gobierno Central sí lo sentirá porque debe reducir su presupuesto y generará un impacto fiscal negativo, ya que esta norma implicará una pérdida anual de S/10.000 millones para el erario público”, aseguró Luis Arias Minaya, economista y exjefe de la Sunat, a este Diario.

Consideró que es una obligación legal del Ministerio de Economía oponerse a esta ley. “Esto por la sencilla razón de que esta ley del Congreso está creando gasto público de manera obligatoria. No hay forma que el ministerio pueda aceptar esta creación de gasto público. Esto es inconstitucional. Lamentablemente hemos visto con sorpresa que el premier ha adelantado opinión diciendo que la ley se promulgará inmediatamente”, cuestionó.

Waldo Mendoza, economista y exministro de Economía, afirmó que el Congreso ha aprobado la ley fiscal más dañina de este siglo. “El gobierno debe observar la ley y preparar la queja al Tribunal Constitucional (TC), que ojalá se comporte con responsabilidad”, dijo a través de su cuenta de X.

La norma aún está pendiente de ser aprobada u observada por el Ejecutivo. No obstante, el presidente del Congreso afirmó hace unos días que contaría con el respaldo del Gobierno. Durante la inauguración de la Mesa Municipal: “Fortaleciendo la Gestión Descentralizada - Agenda 2025” Macro Centro I, que se llevó a cabo en Junín la semana pasada, dijo que “la autógrafa aprobada por el Parlamento, que permitirá el incremento gradual del fondo del 2026 al 2029, será aprobada por este Gobierno a la brevedad".

Recordemos que el Perú lleva dos años consecutivos en los que el déficit fiscal ha estado por encima del ‘techo’ establecido para esos años, por lo que uno de los retos que atraviesa en este tiempo ha sido cumplir las reglas fiscales. Al cierre de este año, la meta es que esta meta sea de 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI).