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En el Vaticano, el corazón mismo de la Iglesia Católica, frente a Sor Simona Brambilla, la primera mujer prefecta encargada de supervisar todas las instituciones de vida apostólica del mundo, se selló la muerte del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC). El 14 de abril, el superior general de la organización religiosa firmó el decreto de supresión y con ello se pone fin a la sociedad fundada en 1971 por Luis Fernando Figari. Se trata del último capítulo de una investigación ordenada por el papa Francisco en el 2023 tras más de dos décadas de denuncias de abusos sexuales, físicos y psicológicos contra ex miembros.
Comunicado de supresión del Sodalicio, a Fraternidad Mariana de la Reconciliación, las Siervas del Plan de Dios y el Movimiento de Vida Cristiana firmado por Sor Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.
“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión aprobada de manera específica por el Papa Francisco que pone fin a nuestra sociedad”, indicó ayer el SVC en un comunicado, en el cual reiteraron el pedido de perdón para las víctimas de abusos cometidos incluso desde la misma creación de la sociedad de vida apostólica. El Informe Final de Reparaciones, que acompañó el comunicado, admite cinco casos entre 1971 y 1979. En total, el Sodalicio reconoce 98 víctimas, 37 de ellas por abusos sexuales (17 cuando eran menores de entre 11 y 17 años).
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Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.
El Informe Final de Reparaciones del Sodalicio reconoce 98 casos de abusos dentro de la organización. En 17 casos, fueron de tipo sexual contra menores de edad.
A la disolución del Sodalicio se suma la supresión de todos los grupos religiosos fundados por Figari: la Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR), las Siervas del Plan de Dios y el Movimiento de Vida Cristiana. La semana pasada, la FMR anunció la intimación de su propia orden de disolución debido a “los abusos y el comportamiento impropio y abusivo de Figari y de muchos de sus colaboradores”.
El 14 de agosto de 2024, la Conferencia Episcopal Peruana hizo de conocimiento público el Decreto emitido por el Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, de la Santa Sede, con el cual informa, a norma del canon 746 del Código de Derecho Canónico, la expulsión del Señor Luis Fernando Figari Rodrigo de la sociedad de vida apostólica Sodalicio de Vida Cristiana.
Mons. Jordi Bertomeu Farnós fue nombrado como Comisario Apostólico para las tareas de la supresión. La Dra. Milagros Revilla Izquierdo, constitucionalista y canonista, explicó a este Diario que él se encargará, en primer lugar, de garantizar que los bienes de la suprimida organización sirvan para resarcir a las víctimas. “La finalidad indiscutible del trabajo del comisario es velar para que las víctimas sean resarcidas con respecto al daño psicológico y espiritual y, en su momento, sean asistidas materialmente. Por eso debe velar para que lo bienes del Sodalicio, aquellos que ellos no lograron cambiar de dueño buscando que no sean eclesiales, sean destinados a este fin”, dijo a este Diario.
De igual forma, el comisario deberá ayudar a las personas que están comprometidas a través de la consagración en el Sodalicio, las Fraternas y las Siervas. “Hablamos de un promedio de 400 personas. Mons. Bartomeu velará para ayudar a que estas personas encuentren un camino para continuar su vida de acuerdo a lo que decidan”, añadió. Mientras que sobre los sacerdotes, el trabajo estará relacionado con su incardinación en otras instituciones De la Iglesia católica.
Revilla Izquierdo recuerda que la supresión del Sodalicio y sus ramas responde a la falta de carisma de Figari. “El carisma es un don del espíritu santo que reconoce la iglesia cuando se forman este tipo de instituciones”, detalló la canonista.
Figari fue Superior General por casi 40 años, hasta su renuncia en el año 2010. A él se le señala como perpetrador y encubridor de abusos psicológicos, físicos y sexuales. En el año 2017, un informe realizado por una comisión de expertos convocada por el mismo Sodalicio reconoció los abusos contra al menos 19 menores y 10 adultos.
La supresión de la llamada ‘familia sodálite’ fue ordenada por el papa Francisco en enero pasado, luego de meses de expulsiones de hasta quince altos miembros de la organización. Todas las sanciones del Vaticano se sustentan en la investigación que realizó en el 2023 la misión especial integrada por Charles Scicluna, arzobispo de Malta, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cuyos antecedentes se remontan a la Inquisición. “Son los inquisidores que ya no persiguen a herejes sino a pederastas”, dijo en julio pasado Pedro Salinas, el periodista que junto a Paola Ugaz publicó ‘Mitad monjes, mitad soldados’ en 2015.
En el 2018, monseñor Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, enviados especiales del Papa, realizaron una investigación por abusos en la iglesia católica de Chile. FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO
/ Rodrigo Sáenz/AGENCIAUNO¿Qué pasará con las asociaciones y exmiembros del Sodalicio?
El proceso de supresión, incluido el tiempo que tomará y todas las coordinaciones necesarias, será definido por Mons. Jordi Bertomeu, Comisario Apostólico para la supresión. Entre sus responsabilidades está informar periódicamente al Dicasterio de Vida Consagrada sobre los avances del mismo. Aún no se han iniciado formalmente los trabajos con el comisario.
En el momento de la supresión, el Sodalicio contaba con 135 miembros en los 9 países donde estaba presente. Juan Carlos Boldt Pérez, último Vicario General del SCV, informó a El Comercio que será decisión personal de cada exmiembro laico vincularse, si así lo desea, con alguna congregación o institución existente. En el caso de los sacerdotes que deseen seguir con el ministerio, deberán entrar en un proceso de vincularse con alguna comunidad religiosa o diócesis en la cual el Obispo del lugar los acepte.
“Cada uno está llamado a hacer un proceso de profunda reflexión. Son muchos los años que hemos dedicado a una vida de servicio a la Iglesia en el Sodalicio. Somos personas de fe. Es un tiempo de revisión y de escuchar renovadamente la voz de Dios. Es significativo para nosotros que el decreto haya sido firmado en la Semana Santa donde hacemos memoria del Misterio Pascual del Señor. Esta semana adquiere una dimensión muy particular para todos nosotros, en estar más unidos que nunca a nuestro Señor Crucificado. Esperamos que sea un tiempo profundo de conversión, para pedir perdón y acogernos al camino redentor que Jesucristo nos ofrece. Esa es nuestra esperanza”, dijo en comunicación escrita con este Diario.
Sobre las empresas vinculadas del Sodalicio, Boldt Pérez respondió que “todos los entes a nombre del Sodalicio tanto en el ámbito civil como eclesial serán extintos, y de esto se encargará el comisario”. Sin embargo, “otras instituciones que tuvieron relación con la labor apostólica del Sodalicio seguirán funcionando bajo dirección de sus responsables y cumpliendo sus fines como ha sido hasta ahora”.
Consultado específicamente por asociaciones como Asociación San Juan Bautista, la red de colegios sodálites y la Fundación Acción Solidaria, dijo por escrito que seguirán funcionando: “Se ha suprimido el Sodalicio, no estas instituciones que seguramente seguirán su labor según sus fines. Sus representantes son los responsables por ellas”.
El Sodalicio tenía seis comunidades en el Perú: Nuestra Señora de Chapi (Arequipa), Santa María (Chincha), Santa María de la Evangelización (Lima), Madre de la Fe (Lima), Nuestra Señora de Guadalupe (Lima), Nuestra Señora de la Reconciliación (Lima). Sobre esto, último Vicario General del SCV indicó que cada lugar tiene realidades diversas en personas y labores apostólicos. “Primero se debe velar por los miembros consagrados de cada una de las sedes en esta nueva etapa. Secundariamente debemos tomar en cuenta los distintos ámbitos apostólicos donde desempeñaban su labor. Me parece importante cuidar para que no se pierda la labor pastoral que se realizó por tantos años en estos lugares. Varios obispos han manifestado su cercanía y su deseo de que los ex miembros del Sodalicio puedan seguir sirviendo en sus Diócesis”, añadió.
Finalmente, de iniciarse nuevos procesos legales o investigaciones fuera del ámbito eclesial, el comisario será el responsable de responder de forma institucional. “Ahora ya no existe más el Sodalicio, cualquier proceso de carácter legal que involucre al Sodalicio extinto lo debe atender el Comisario. Él es el representante designado por la Santa Sede”, respondió Boldt Pérez.
El pedido de los sobrevivientes
El libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’ marcó un antes y después del caso Sodalicio porque logró recopilar treinta crudos testimonios de víctimas que evidenciaban los mecanismos de sujeción a los que estaban sometidos los jóvenes integrantes de la organización religiosa. Sin embargo, la primera revelación de abusos fue publicada el 26 de octubre del año 2000, por el exsodálite José Enrique Escardó.
El 26 de octubre del año 2000, José Enrique Escardó publicó la primera de una serie de columnas en la extinta revista Gente que marcaron el inicio de las denuncias contra el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).
En diálogo con este Diario, Escardó, quien también preside la Red de Sobrevivientes, considera que hay una reivindicación con las víctimas, pero reiteró que aún falta una investigación fuera del ámbito canónico.
“Es un reivindicación por parte del Vaticano, pero funciona desde el punto de vista de prevención y reparación las víctimas que son católicas o confiaban en la Iglesia. Pero para todos los demás, lo que buscamos es que se conecte con la justicia civil y penal. Los integrantes del Sodalicio cometieron delitos, no eran pecados, ni faltas, ni errores. Lamentablemente, el Estado peruano y no reaccionó y para mí es el caso más vergonzoso en la historia de justicia en nuestro país”, dijo.
Escardó también cuestionó que hasta ahora no se les haya pasado al estado laical a los sacerdotes expulsados del Sodalicio por el papa Francisco, entre ellos el Arzobispo Emérito de Piura Mons. José Antonio Eguren Anselmi. “Me parece incoherente que los sacerdotes se mantengan como tal. Una medida importante de la Iglesia debe ser que, si han cometido esos delitos que han significado su exclusión del Sodalicio, también se les retire el estado clerical y regresen a ser laicos. Es un tema importante porque nos acercaría a la posibilidad de encontrar justicia”, añadió.
Casi 100 casos de abusos reconocidos
De acuerdo con el Informe Final de Reparaciones del SVC, el proceso para identificar a las víctimas de los miembros y ex miembros de esta organización inició en mayo del 2016 con la creación de la Oficina de Escucha y Asistencia. Esta instancia recibió hasta el 11 de abril del 2025 un total de 98 casos de abusos (89 hombres y 9 mujeres) que derivaron en reparaciones extrajudiciales. Estas reparaciones fueron académicas, terapéuticas y/o económicas.
El Informe Final de Reparaciones del Sodalicio admite casos de abusos y maltratos desde 1971, año de fundación por Figari.
En 93 casos se entregaron indemnizaciones económicas por un monto de hasta US$ 6’491.000. “El Sodalicio realizó además los siguientes pagos en favor de las víctimas: Pagos por asesoría legal y por asesoría canónica, gastos notariales, viajes para firma notarial y/o presentación del testimonio, entre otros gastos”, indica el informe.
Al respecto, Escardó considera que el proceso no se limita al tema económico porque existieron daños de por vida que no se pueden cuantificar. “Todas las víctimas hemos sufrido de manera distinta, tenemos casos distintos y necesidades distintas. Un proceso de sanidad implicaría analizar cada caso y ver qué necesita. No se trata solo de dinero. Algunos necesita que se le cubra segura porque hay personas que se les ha dañado psicológicamente o terapia psiquiátrica de por vida. Hay víctimas con problemas económicos serios porque estuvieron 30 años en el Sodalicio y sin cts, AFP ni seguros”, dijo.
