Mientras la obtención de citas para el pasaporte peruano sigue siendo uno de los trámites más complicados -El Comercio comprobó que incluso hoy no hay citas en línea-, la Superintendencia Nacional de Migraciones afronta una nueva crisis. El Sindicato Nacional de Trabajadores CAS de la Superintendencia Migraciones (Sicasmigra), que agrupa a unos 700 trabajadores, informó que realizarán una huelga nacional indefinida desde el sábado 27 de julio.
Captura del 23 de julio. A las continuas las demoras en el sistema de citas de Migraciones se suma el anuncio de huelga indefinida.
A través de un comunicado, el sindicato denuncia “el incumplimiento del Convenio Colectivo Único y en Conjunto suscrito entre la Superintendencia y las organizaciones sindicales de Sicasmigra y Sitramig Perú, firmado el 14 de julio de 2023 y aún vigente”.
Con la medida de fuerza se suspenderán, desde las 00 horas del 27 de julio, los servicios de atención al público, emisión de pasaportes, paralización de ingresos y salidas del Perú, paralización de las importaciones y exportaciones, procesamiento de trámites y la atención en los diferentes puestos de control migratorio a nivel nacional.
Como antesala a la huelga, el pasado 12 de julio realizaron un plantón nacional para insistir en que se cumplan las demandas relacionadas con sus condiciones laborales.
“Los ciudadanos que reciben sus pasaportes o carnés de extranjería es gracias a nosotros, no a los que se toman la foto […] Venimos hace más de 10 años con el mismo sueldo, hasta los terceros ganan más. Nosotros movemos el país, somos los que trabajamos en el aeropuerto mañana, tarde y noche. El que gana 1.000 soles es el que se saca la mugre”, dijo entonces Yasser Boluarte, representante del sindicato.
El pliego de reclamos para la huelga incluye el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, infraestructura digna en la sede central, las de jefaturas zonales y puestos de control migratorio a nivel nacional, “fin al favoritismo en la convocatorias de las plazas CAS y servicios por terceros, garantizando procesos transparentes e imparciales en la selección de personal” y el cambio de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
La superintendencia confirmó a este Diario que el jueves 25 de julio se desarrollará una reunión entre funcionarios de la superintendencia y representantes del sindicado. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) participará del encuentro que determinará si la medida de fuerza se ejecuta según el anuncio de los trabajadores.
El año pasado, también en julio, el sindicato anunció una huelga indefinida por los mismos términos, pero el establecimiento de un convenio colectivo suspendió la medida. Ahora, denuncian que los acuerdos firmados en ese momento no han sido cumplidos.
Boluarte aseguró que la huelga será acatada por inspectores del aeropuerto Jorge Chávez, inspectores de las fronteras, personal que trabaja en la emisión de pasaporte electrónico, administrativos, entre otros. Aunque dijo que dejarán un piquete a cargo de las labores migratorias, estima que la pérdida diaria ascendería a 10 millones de soles.
“El inspector migratorio no lo reemplaza cualquier persona porque tiene que ser alguien que conoce la política migratoria. Nosotros somos la seguridad nacional […] Vamos a dejar a un número mínimo de personas que no se van a abastecer. En el aeropuerto entran más de 3.000 mil personas por turno de 12 horas. En un día son 6.000 y no se van a dar abasto. Los compañeros que trabajan en altamar ya se han caído al mar y hemos tenido problemas de salud”, declaró para Radio Uno de Tacna. Este Diario intentó comunicarse con el representante, pero al cierre de la nota no fue posible.
Respecto a los sueldos, Boluarte dijo que, al ser CAS, los aumentos solo podrían darse a través de bonos. “El tema salarial no podemos negociarlo porque eso lo ven las confederaciones. Nosotros lo que pedimos son bonos porque no podemos cambiar por el régimen CAS indeterminado. Los que ganamos no alcanza. Pedimos una tarjeta de alimentos de 4 soles por turno de 12 horas. Hemos pedido uniformes porque tampoco tenemos”, añadió.
De acuerdo con información obtenida por el periodista Paolo Benza, en total piden 12 bonos para el periodo 2024-2025 entre los que incluyen tres pagos extraordinarios por S/5.150, un bono de reconocimiento semestral de S/1.000, bonos mensuales de S/800 para los estudios de los hijos de los empleados o por trabajar en zona alejada o de frontera. “Un bono de S/500 para los coordinadores, un bono de S/1.000 para los puestos de confianza y un subsidio de S/2.000 mil cuando fallezca algún familiar de un trabajador. Además, exigen un apoyo de S/5.000 cuando un familiar tenga una enfermedad terminal o cáncer, una canasta navideña de S/1.000 y subir e monto de las tarjetas de comida a S/10 diarios”, según explicó Benza en su programa La Contra.
Para Roxana del Águila, exsuperintendenta de Migraciones, esta situación deriva de la falta de gestión de las autoridades que brinde las mejores condiciones a los trabajadores. Estimó que la actual gestión intentará llegar a un acuerdo este jueves 25 a fin de que no se perjudique la ciudadanía por la medida de fuerza
“Antes se trabajaba en modelos de gestión con enfoque al usuario interno y externo. Los trabajadores podían percibir el trato y mejoraron las instalaciones, sus condiciones de trabajo, el equipamiento. Son varias decisiones en materia de gestión pública que se requieren porque el personal, aunque siempre es complejo brindarles todas las necesidades, percibe si hay un trabajo constante a favor suyo. No existe posibilidad de que una institución reciba reconocimientos si el trabajador no es reconocido”, dijo a El Comercio.
