En los últimos tres años, los problemas de corrupción en los gobiernos subnacionales tuvieron un impacto significativo en las finanzas públicas. En el 2021, el costo ocasionado por este problema sumado a la inconducta funcional de las autoridades regionales y municipales fue estimado en S/13.204 millones, según cálculos de la Contraloría General de la República. Esta cifra es la más alta de los últimos tres años para ambos niveles de gobierno, superando los S/10.478 millones perdidos en el 2020 y los S/9.625 millones proyectados por esta institución en el 2019.

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