¿Edmundo González Urrutia podrá jurar como presidente de Venezuela tras el reconocimiento de Estados Unidos?
Hace unos días, en un artículo con el título “La Ley soy yo”, hemos encontrado falsedades y conclusiones ligeras sobre lo que está ocurriendo en Miraflores.
Faltando a la verdad, se afirma que se paralizaron más de 100 proyectos inmobiliarios cuando son 8 de un universo de 123, centenar que a la fecha está en ejecución en el distrito. Las constructoras acudieron al Poder Judicial, así que corresponde esperar.
De otro lado, no hay 15 mil trabajadores de construcción civil en Miraflores, tal como lo advierte su autora. Paradójicamente, la propia ASEI aseveró que se habría afectado a 60 mil empleos por paralizaciones a nivel nacional. Entonces, resulta por demás absurdo pensar que la cuarta parte de esta cifra se encuentra concentrada en un solo distrito como Miraflores.
También se afirma que existe una resolución de Indecopi que determinó que “suspender licencias de proyectos en curso es ilegal”. Esto es falso porque no existe resolución firme que señale eso. El municipio siguió procedimientos administrativos lícitos, sin ninguna arbitrariedad o extorsión.
Tampoco es cierto que el decreto de sustitución voluntaria de la demolición por una compensación fue producto de “la presión ejercida contra el alcalde”. Nuestra iniciativa cumple con lo ordenado por el Tribunal Constitucional (sentencia de pleno 302/2023), que establece que la comuna debe revisar “caso por caso” la nulidad de las licencias otorgadas al amparo de las normas declaradas nulas, a fin de evitar la afectación a terceros.
Nadie “impone barreras al libre desarrollo de la inversión privada”, porque se actúa en defensa del interés de los vecinos, afectados por el propósito mercantilista de construir edificios de más de 20 pisos y con casos donde por cada tres minidepartamentos hay un solo estacionamiento, lo que generaría en Miraflores una gran congestión vehicular y el uso de parques como estacionamientos.
El gran responsable de este problema es el Ministerio de Vivienda, por pasar encima de las competencias que por ley le corresponde ejercer a los municipios y esperar a que el TC le enmiende la plana.
Realmente no es coherente que el Estado, con dinero de todos nosotros, subsidie “viviendas de interés social” en un distrito que tiene el precio por metro cuadrado más alto de Lima, en vez de apoyar a muchos peruanos a resolver sus problemas de vivienda digna y servicios básicos.
Y peor aún, resulta terrible la campaña mediática que invisibiliza a miles de vecinos afectados por empresas inmobiliarias que no respetan la ley.
