La casa de Miriam Arce vive entre dos realidades. Si desde el frontis mira hacia el mar de Chancay, a su espalda una lona verde la separa de la pesadilla que ha sido para ella la construcción del megapuerto. Junto a sus vecinos y representantes de 100 asociaciones, creó un Frente de Defensa para denunciar afectaciones en sus propiedades. Empezó con denuncias por daños visibles en sus casas (rajaduras, polvo y el ruido incesante), pero ahora hay otro problema aún peor que nadie parece querer ver: una ciudad donde la delincuencia está ganando terreno.
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“Chancay era tan tranquila que podías andar con tu celular o en la madrugada y no te pasaba nada. Ahora hay sicariato, balaceras por peleas de mafias de construcción civil, secuestros y robos que no habían. Cada semana, cada mes hay un muerto. Éramos una población acostumbrada a vivir pacíficamente en una ciudad pequeña que nunca se planificó como ciudad puerto. La improvisación nos ha sacrificado”, cuenta a El Comercio.
Miriam Arce, dirigente del Frente de Defensa de Chancay , denuncia que su vivienda sufre constantes daños en su propiedad debido a la construcción del megapuerto. "No estamos en contra de la obra sino de la ubicación. Nos impusieron el puerto, no hubo un estudio real de factibilidad para asegurar que era necesario hacerlo acá, pudo hacerse más al norte y no en una ciudad tan pequeña", dice a El Comercio. Con el Frente de Defensa han denunciado presuntas irregularidades por falta de estudios en la entrega de autorizaciones, daños a su salud por el incremento de polvo y la erosión de playas. Debido a las protestas vecinales que realizan desde el 2020, unas 25 personas, ella incluida, han sido denunciados penalmente por la empresa Cosco Shipping.
/ Jorge CerdánLa preocupación del frente de defensa no es ajena a la misma policía. Ya en febrero pasado, como advertimos en un informe previo realizado por este Diario, el jefe de la División Portuaria Antidrogas, coronel Luis Bolaños Melgarejo, reconoció ante la Comisión Especial Proyecto Chancay del Congreso la amenaza latente de que redes y organizaciones criminales busquen aprovechar el megapuerto para trasladar cocaína hacia el continente asiático.
El problema de la seguridad no es exclusivo de Chancay. El llamado norte chico, que incluye las provincias de Huaral (donde se encuentra Chancay), Huaura y Barranca, ha sido escenario de una creciente delincuencia vinculada a cobro de cupos, sicariato y tráfico de terrenos que, en uno de sus momentos más críticos, causó una pelea a balazos en la sala de emergencias de hospital de Chancay en abril del año pasado.
Solo en las tres provincias se han registrado 31.310 denuncias en el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (SIDPOL) entre el 2020 y 2023. De estas, 17.989 corresponden a delitos contra el patrimonio (robo, robo agravado, hurto, estafas, extorsión, entre otros). En cuatro años, el aumento es del doble: de 2.932 denuncias por estos delitos en el 2020 subieron a 6.350 para el 2023. El incremento también se repite en Chancay. Si en el 2020 hubo 215 denuncias por delitos contra el patrimonio, para el 2023 fueron 464.
Los homicidios no se quedan atrás. De 60 casos en el 2020, subieron a 152 en el 2023 en Barranca, Huaura y Huaral. En total, en esos cuatro años, hubo 447 homicidios. Solo en Chancay fueron 39.
De acuerdo con información solicitada por este Diario a la PNP, cada año detienen a un promedio de 2 mil personas por distintos delitos. Del 2020 al 2023 registran 8.249 detenciones, principalmente por delitos contra el patrimonio y contra la seguridad pública (incluyen peligro común, delitos contra los medios de transporte y contra el orden migratorio).
Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este megaproyecto, a cargo de la empresa china Cosco Shipping, es clave para el comercio internacional y será un hub que redistribuirá la carga de los países de Chile, Ecuador y Colombia. Los vecinos, sin embargo, enfrentan problemas por afectaciones a sus casas y creciente inseguridad.
/ Jorge CerdánAunque el problema se agudiza, no es nuevo. Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y representante de las empresas de carga, advierte que desde hace por lo menos una década existen tramos de la Panamericana Norte tomados por delincuentes que asaltan y cobran cupos a camioneros. “Los puntos negros de asalto siguen siendo los mismos desde hace 10 años: Huaral, Barrancal, Huacho y Huarmey. Trancan la carretera con troncos y palos y cuando el vehículo disminuye la velocidad, asaltan a los choferes con pistolas. Los delincuentes tienen aparatos de tecnología colombiana para bloquear los GPS. Estamos frente a bandas de alta tecnología y fuertemente armadas que están tratando de establecer emporios en Chancay”, dice a El Comercio.
Falta presupuesto
Para enfrentar este problema, la comisaría de Chancay tiene apenas 60 policías y cuatro patrulleros, según advierte el alcalde de Chancay, Juan Alberto Álvarez. La promesa del Ministerio del Interior es crear un complejo policial que reúna en Chancay, a una distancia de apenas un kilómetro del puerto, todas unidades tácticas y logísticas necesarias para atender distintos tipos de criminalidad. Lo malo es que ese complejo no estará listo para este ni para el próximo año.
El Crnl PNP Jorge Eduardo Maguiño, jefe de Administración de la Región Policial Lima, informó a El Comercio que el proyecto de complejo policial aún no cuenta con expediente técnico. En enero pasado, el terreno de 4.600 m2 fue declarado viable y se estimó la construcción en 83.5 millones de soles. De ese monto, se necesita 1,9 millones de soles para la formulación del expediente técnico, dinero que aún no reciben. “Hemos tenido reuniones con PCM y estamos a la espera del primer tramo de presupuesto. El expediente deberíamos terminarlo a fin de año y la construcción va a demandar dos años. Para noviembre de 2026 estaríamos culminando la construcción”, dijo.
En dicho complejo funcionará la jefatura de la División Policial de Huaral, el Departamento de Investigación Criminal, el Departamento de Operaciones Especiales, el Departamento de Emergencias, el de Tránsito y Seguridad Vial, el Escuadrón Verde y la unidad de Operaciones Especiales.
Además, hay un proyecto de mejoramiento de las comisarias de Chancay y Aucallama, en zona de influencia del megapuerto, que requiere 17 millones de soles. También está en fase de estudios. El proyecto incluirá ampliación de recursos logísticos y humanos. ”Actualmente necesitamos algo de 300 efectivos adicionales a los que tenemos. Eso lo está previendo la comandancia general para crear nuevos cuadros a través de las escuelas de formación”, explicó.
Mientras tanto, la seguridad de una nueva ciudad puerto sigue en manos de apenas 30 policías por turno.
Judith Apolinar Melendez, comunicadora de Chancay y administradora de una cuenta de Facebook donde reúne denuncias, asegura que le abrieron tres procesos judiciales por hablar de presuntas irregularidades en la ejecución de megapuerto.
/ Jorge Cerdán
