El viernes por la tarde, alrededor de las 6:45 p.m., el periodista y funcionario municipal David Ulises Reátegui Apaza fue asesinado a balazos en Carabayllo. Según las primeras investigaciones, dos sicarios interceptaron a la víctima cuando se dirigía a su vehículo, frente a la biblioteca municipal. Esto ocurre en plena ola de extorsiones, crímenes por encargo, aumento de casos de sicariato y una serie de medidas dispuestas por el gobierno que no parecen tener resultados.
Paso a paso
Reátegui Apaza recibió cinco disparos a quemarropa. Poco después de su asesinato, se conoció que el año pasado denunció que era víctima de extorsionadores, y que además recibía amenazas. El hecho sucedió a solo cuatro cuadras de la municipalidad. Personal del serenazgo y agentes policiales llegaron al lugar para iniciar las diligencias.
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Cabe destacar que Reátegui Apaza no solo era subgerente de Educación y Cultura en la Municipalidad de Carabayllo, sino también se desempeñaba como periodista independiente en Lima norte. “Aquí lo que falta es la presencia de la policía. Exhortamos al ministro (del Interior) que tome cartas en el asunto por nuestro asentamiento humano”, declaró un vecino tras el asesinato.
La fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer el crimen. En paralelo, la Policía Nacional está trabajando en el análisis de posibles cámaras de seguridad de la zona y recopilando testimonios de testigos
📢 Tercera Fiscalía Penal de Carabayllo (2.° Despacho) abrió investigación preliminar por el presunto delito de homicidio en agravio del periodista y funcionario edil David Reátegui, quien habría sido acribillado cerca a la Municipalidad de Carabayllo. pic.twitter.com/4zShFgbscV
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 9, 2024
Pronunciamientos
A través de un comunicado oficial, firmado por el alcalde, regidores y funcionarios, la Municipalidad de Carabayllo expresó sus condolencias a la familia del periodista. Asimismo, se comprometieron a seguir con las investigaciones pertinentes.
“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos y expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de nuestro querido amigo y funcionario, en este momento tan difícil. Pedimos a la ciudadanía respeto ante esta lamentable pérdida y nos comprometemos a seguir con las investigaciones pertinentes”, se lee.
En tanto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su consternación por el asesinado del periodista y exigió que la investigación en curso determine el móvil del crimen, identifique a los responsables y garantice una sanción adecuada a los autores del delito.
Más asesinatos
En el Perú, cada cuatro horas una persona es asesinada. Así lo han demostrado las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Desde el 1 de enero al 27 de octubre de este año, se han registrado 1.601 homicidios en el Perú. Esta cifra refleja un periodo marcado por la violencia, con un promedio aproximado de cinco homicidios diarios.
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El aumento de los homicidios supera los niveles de años anteriores, posicionándose como un pico histórico. En 2017, se registraron 671 homicidios, desde entonces las cifras han ido en aumento: 911 en 2018 y 1.070 en 2019. Aunque en 2020 se observó una ligera disminución con 1.002 casos, esto solo fue una pausa temporal. Desde 2021, los números volvieron a aumentar de manera significativa, alcanzando 1.317 homicidios en 2021, 1.516 en 2022 y, hasta diciembre de 2023, un total de 1.485 casos.
En total, desde 2017 hasta octubre de 2024, Perú ha acumulado 9.573 homicidios, un número que simboliza el sufrimiento de miles de familias y plantea un desafío inminente para las autoridades.
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Durante setiembre de este año, el Ejecutivo decretó en estado de emergencia a 14 distritos de Lima y Callao. La medida, que está vigente por 60 días calendario, abarca las jurisdicciones de Ate, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Ventanilla, entre otras.
En ese contexto, entre el 27 de septiembre y el 27 de octubre, se registraron 56 homicidios en estas áreas, de los cuales 27 ocurrieron en los distritos en estado de emergencia: Carabayllo (1), Comas (3), Independencia (1), Los Olivos (1), Lurigancho-Chosica(1), Puente Piedra (2), San Juan de Lurigancho (7), Ate (4), Villa El Salvador (4) y Ventanilla (3).
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El 78,57% de estos homicidios (44 de 56) involucraron el uso de armas de fuego, lo que refleja una alta prevalencia de violencia armada. Del más de medio centenar de homicidios contabilizados durante el estado de emergencia, 23 ocurrieron en la vía pública, lo que ha evidenciando que las calles se han convertido en escenarios de una violencia significativa. A nivel nacional, se contabilizaron 685 homicidios en la vía pública, 500 en establecimientos de salud y 156 en los domicilios de las víctimas, además de 28 en sus lugares de trabajo.
El experto en seguridad ciudadana Frank Casas señaló que el incremento de los homicidios se puede relacionar a un efecto de la criminalidad organizada y sus actividades delictivas como la extorsión, vinculada directamente con el sicariato. “Marca una tendencia que va acompañada con el uso de armas de fuego, principalmente es muy probable que sean armas cortas”, dijo.
Casas resaltó que es necesario investigar de dónde provienen las armas que emplean los delincuentes. Señaló que algunas investigaciones que se han realizado precisaron que las dos grandes fuentes del mercado ilegal de armas provienen de dos causas: desde el mercado legal mal regulado y la corrupción por parte de las Fuerzas Armadas.
