Bellavista | Pareja ganó contratos por S/ 2.4 millones, pero negaron haber realizado los servicios: Gestión del alcalde Callán en la mira

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El equipo de la Unidad de Investigación de El Comercio (Udiec) visitó, el pasado martes 19, el asentamiento humano Luz y Paz de Pachacútec para buscar la versión de la dupla. Antonio nos recibió en la puerta de su humilde casa y fue tajante al asegurar que nunca ha brindado servicios a la Municipalidad de Bellavista. Arraiza detalló que labora en una empresa de producción de cartones, mientras que su pareja es trabajadora del hogar en el distrito de San Miguel.

La pareja fue registrada como proveedores del Estado desde agosto de 2023, durante los primeros meses de gestión del alcalde Callán. Desde ese entonces, ambos figuran como “todoterrenos” en las contrataciones con Bellavista, la única entidad estatal con la que registran facturación. Arraiza, con 62 órdenes de servicio, aparece como organizador de eventos, vendedor de artículos y hasta mantenimientos, logrando más de S/ 844 mil. Lo mismo sucede con su pareja Domínguez que, a través de diversos rubros, facturó más de S/ 1.3 millones en 119 órdenes de servicio.

“Nunca nos hemos dirigido a Bellavista. (...)Me sorprende que salga que yo estoy facturado para la municipalidad. Nunca he trabajado para la municipalidad. Niego haber brindado servicio a la municipalidad”, dijo Arraiza cuando le detallamos todos los servicios que figuraban a su nombre.

Cuatro meses después de su registro, el 28 de diciembre de 2023, ambos obtuvieron adjudicaciones en concursos públicos convocados por la misma municipalidad. Zulema fue seleccionada para el acondicionamiento de los ambientes de la piscina municipal, mientras que Antonio ganó la adquisición de materiales para la misma infraestructura.

En el caso de Antonio, compitió con propuestas de Percy Timaná Zapata y Jannet Margot Márquez Yllanes. Cabe destacar que Timaná Zapata ha sido investigado por la Fiscalía en relación con un presunto caso de trabajadores fantasmas en la Municipalidad del Callao en 2017.

Tanto Timaná como su empresa Fabrixmark Publicidad E.I.R.L. también han competido con Zulema en posteriores procesos. En 2024, Domínguez obtuvo otra adjudicación por el “Servicio de inventario forestal”, en el que nuevamente participó la empresa Fabrixmark.

Ante la cámara de la Unidad de Investigación de El Comercio, Antonio Arraiza observó las cuantiosas órdenes de servicio que el municipio de Bellavista ha declarado como realizadas a su nombre y al de quien él identificó como su esposa, Zulema, y negó todo. Alegó que, de haber recibido el dinero que implicaban esos contratos, no viviría en las condiciones actuales. “Si hubiera recibido ese dinero no estaría viviendo como vivo acá”, declaró.

Después de la entrevista con Antonio Arraiza, este Diario solicitó descargos a la Municipalidad de Bellavista. Coincidentemente, luego de tomar contacto con la entidad, Arraiza nos envió un mensaje de texto intentando desacreditar lo que afirmó ante cámaras. Sin embargo, cuando este Diario le solicitó pruebas que sustente su supuesto trabajo, este no volvió a responder.

El jueves 21 de agosto, el equipo de Udiec regresó a la vivienda de la pareja, pero esta vez nadie abrió la puerta.

Ante los cuestionamientos por las contrataciones realizadas durante su gestión, el alcalde Alex Callán se negó a responder en una entrevista. En su reemplazo puso al gerente municipal Alejandro Rivera, quien solo atinó a decir que, de acuerdo a la normativa vigente, lo determinante para contratar con el Estado no es la condición social ni el lugar de residencia de los proveedores, sino su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

De igual manera, comentó que no es responsabilidad del municipio verificar las identidades de sus proveedores. “Mi gente, mi área que requiere (los servicios), solo verifica si tiene su RNP, que es el Registro Nacional de Proveedores, si tiene su constitución de empresa (…) si tiene su DNI y si tiene su RNP, eso es lo que manda la ley”, afirmó.

Sobre las cantidad de órdenes de servicio obtenidas por los proveedores en cuestión, Rivera relativizó los montos, señalando que no corresponden a utilidades netas. En cuanto a la supuesta diversidad de servicios contratados —desde shows artísticos hasta el acondicionamiento de piscinas—, insistió en que la ley no establece límites a la cantidad ni a la naturaleza de los contratos mientras se cumplan los requisitos legales.

Rivera recalcó que todo proceso de compra sigue un procedimiento reglado, que incluye la recepción de cotizaciones y la verificación de calidad y precio. Finalmente, negó que existiera irregularidad en los procesos. “Puede haber suspicacia, por supuesto, todos tenemos derecho a hacer suspicacia. Pero la sospecha no basta. Tienen que haber hechos”, agregó.

Al ser cuestionado respecto a que las órdenes de compra y servicios lucen como publicadas fuera de plazo en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), se defendió mencionando que cuenta con poco personal y que debido a ello tienen retrasos en la publicación de información.

Este no es un caso aislado. En marzo de este año, la Contraloría General de la República advirtió que la Municipalidad de Bellavista publicó fuera de plazo las órdenes de compra y de servicios correspondientes a octubre y noviembre de 2024. Asimismo, alertó que en enero y febrero de 2025 dichas órdenes no fueron publicadas en absoluto.

Durante la entrevista se solicitaron pruebas correspondientes a los servicios brindados por la pareja. En respuesta a los requerimientos, el subgerente de Tesorería del municipio, Francisco Zapata, mostró un documento en el que la jefa del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Bellavista solicitaba todos los comprobantes de pago e información de tres proveedores que contrataron con la entidad entre 2023 y 2024, entre ellos Zulema Domínguez Chumacero.

Sin embargo, cuando nuevamente se le solicitó a Rivera la entrega de documentación o comprobantes que acrediten que todos los servicios, compras y adjudicaciones contratados a la pareja se realizaron efectivamente, no presentó ningún registro. En un momento de la entrevista mostró la Orden de Servicio 2024-0005545, correspondiente a la adjudicación del servicio de ‘Inventarios forestales’ ganado por Zulema en 2024, pero se trataba de un documento que este equipo de prensa ya había enviado al municipio al solicitar sus descargos. Además, el documento solo contaba con la firma del área de Subgerencia de Logística, y no de Parques y Jardines, que es la responsable directa del servicio.

Posterior a la entrevista, el gerente municipal Alejandro Rivera se comunicó con este Diario a través de mensajes de texto donde brindó nuevamente documentación de acceso público, alegando que correspondía a los “pagos de los proveedores”; sin embargo, al revisarlos se pudo constatar que se trataba de una recopilación del proceso registrado en OCSE sobre la contratación por el servicio de inventario forestal y el acondicionamiento de la piscina municipal. Además, el funcionario amenazó con iniciar acciones legales por la publicación del informe periodístico.

La abogada Jackeline López, socia del estudio Alemán y López, advirtió que el caso de las contrataciones en la Municipalidad de Bellavista con los proveedores Antonio Arraiza y Zulema Domínguez presenta “graves indicios de irregularidades que estarían cometiéndose en el manejo de los recursos de la municipalidad. Y esto constituiría el delito de corrupción”.

Según explicó, la modalidad evidenciaría una posible simulación de procesos de contratación pública y direccionamiento de adjudicaciones a personas que no estarían legitimadas o facultadas para ser adjudicatarios.

Asimismo, la especialista destacó lo sospechoso de la rápida aparición de los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores. En este escenario, López señaló que corresponde la intervención del Ministerio Público para iniciar una investigación para efectos de verificar los indicios. Además, precisó que tanto los particulares como los funcionarios públicos que adjudicaron las contrataciones tendrían responsabilidad. “Se tiene que procesar tanto a los particulares como a los funcionarios estatales que han adjudicado la buena pro a estas personas”, declaró.

Respecto a la posición del municipio de que basta con verificar la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, la abogada fue enfática al señalar que existe un área usuaria que son los encargados de brindar la conformidad del servicio. “No es que simplemente se licita y ahí queda, sino que hay un cumplimiento que se tiene que realizar (…) Por tanto, no se podrían escudar en que no los conoce o en que no les compete, porque es todo lo contrario”, aclaró López.

Finalmente, López cuestionó la afirmación del gerente municipal sobre la posibilidad de contratar ilimitadamente al mismo proveedor. “No es necesariamente que se puede contratar a diestra y siniestra cualquier persona, sino que siempre y cuando cumplan ese perfil, sobre todo experiencia, el servicio que brinda, el perfil técnico propiamente se va a poder adjudicar”, comentó. En ese sentido, advirtió que el presunto direccionamiento reiterado de adjudicaciones “va en contra de los principios de la contratación pública”.

Por su parte, el abogado penalista Jimmy Sotomayor explicó que la Fiscalía de la Nación puede iniciar una investigación por el presunto delito de colusión agravada en agravio del estado. Asimismo, precisó que la Contraloría de la República podría realizar un informe y a partir del mismo solicitar a la fiscalía que se aperture la investigación con las conclusiones de este.

“Claramente aquí (en el caso expuesto), habría un perjuicio patrimonial. Porque hay una aparente sobrevaloración de los costos de los servicios, con lo cual las penas podrían ir desde los 6 hasta los 15 años de prisión”, explicó el abogado respecto a la responsabilidad penal tanto para los funcionarios como para las personas que habrían prestado sus nombres.