La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Lima, a cargo de la investigación por las muertes de Jack Bryan Pintado e Inti Sotelo Camargo, busca identificar a todos los mandos, altos e intermedios, de la Policía Nacional del Perú (PNP) que ordenaron y participaron en los operativos durante las marchas realizadas la semana pasada en el Centro de Lima.
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El fiscal provincial Yoni Soto Jiménez informó que se ha solicitado a la PNP el plan de operaciones del día de los hechos, a fin de lograr la identificación de los agentes involucrados.
“En ese plan debe constar quiénes son los jefes policiales que estuvieron al mando del personal el día 14. Quién es el coronel, el general, cuáles eran las órdenes, qué tipo de armamento se debía emplear”, dijo.
Para la defensa de los deudos, con la información de este plan se podrá individualizar las denuncias penales. Actualmente, las pesquisas de la fiscalía por el presunto delito de homicidio en contexto de violación de derechos humanos se realizan “contra quienes resulten responsables”.
“Si no identificamos a las personas en concreto, no se podrá formalizar la investigación y la fiscalía podría archivar el caso”, dijo Jimmy Sotomayor, abogado de la familia de Jack Bryan Pintado.
En diálogo con El Comercio, el letrado agregó que solicitarán que el caso sea declarado complejo para que el plazo de investigación preliminar sea de ocho meses. “Se ha corroborado que usaron perdigones de plomo contra Bryan. Eso es un hecho objetivo y por eso necesitamos identificar quiénes eran los escopeteros de la policía ese día”, agregó. De acuerdo con la necropsia de ley, el joven de 22 años tenía diez perdigones en el cuerpo.
En el caso de Inti Sotelo también se determinó que le dispararon este tipo de proyectil. Según el fiscal Soto, en la necropsia se recuperó “una canica de metal”, la cual ha sido entregada al Sistema de Peritajes del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. “Ese perdigón metálico, con la debida cadena de custodia y lacrado, ha sido remitido a los peritos”, explicó el fiscal.
No son los únicos casos. Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), informó que al menos otros cinco manifestantes presentan lesiones, algunas de gravedad, por perdigones de metal o canicas, pese a que la ley contempla solo el uso perdigones de goma para el control de disturbios. “Al usar canicas están construyendo una estrategia de impunidad porque intentan decir que los manifestantes se dispararon entre sí o que fueron personas desconocidas vestidas de civil”, dijo en conferencia de prensa junto a los familiares de las víctimas de la represión. Con ella coincide Sotomayor, quien considera inadmisible que la PNP no reconozca el empleo de perdigones no autorizados. “Están insinuando que los manifestantes manejan perdigones de plomo y eso es imposible”, agregó a este Diario.
Exigen renuncias de altos mandos PNP
Para los familiares de las víctimas también resulta necesaria la salida del comandante general de la PNP, Jorge Lam, y del jefe de la región policial Lima, Jorge Luis Cayas Medina, a fin de garantizar las investigaciones.
“No deberíamos llegar a pedirlo, por ética el comando debió dar un paso al costado”, señaló Walter Matos, abogado de los padres de Inti Sotelo, durante una conferencia de prensa.
Este pedido se sustenta también, según indica Sotomayor, en que actos “provocativos” que estaría cometiendo la PNP contra los deudos de los jóvenes víctimas de los perdigones. Según dijo el abogado, el día del velorio de Jack Pintado, un patrullero llegó hasta la vivienda del joven, hecho que fue registrado en video por testigos.
Mar Pérez agregó que son varios los heridos que han denunciado haber sido presionados por la PNP para entregar evidencias o firmar documentos, situación que calificó como acoso hacia las víctimas La abogada remarcó que cualquier entrega de evidencias debe realizarse a través de las fiscalías de derechos humanos encargadas de las investigaciones. “La proximidad de la policía con la familia está generando revictimización. Si hay que recoger las evidencias o pruebas, que entreguen sus documentos, que pongan a disposición la lista de los policías que actuaron en las operaciones”, expresó.
El último sábado, Alonso Chero, periodista de El Comercio que resultó herido con un perdigón durante la marcha del jueves 12, denunció que un grupo de policías que no quiso identificarse presionó para que entregue la canica que le extrajeron de la espalda.
El viernes pasado fue la última vez que Lam se pronunció públicamente por las denuncias sobre la actuación policial. Al día siguiente, Bryan e Inti fueron baleados con perdigones.
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