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Este jueves 16 se cumple un año del incendio en los cines UVK de Larcomar, donde murieron cuatro personas. Al día siguiente, viernes 17, habrá una audiencia en la que el Poder Judicial decidirá si se abre instrucción, es decir, un juicio penal a quienes han sido acusados como presuntos responsables de la tragedia.
La diligencia se realizará en el Juzgado Penal 20 de Lima, en la Av. Abancay.
La Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores pedirá que se procese por homicidio culposo a dos gerentes de UVK Larco S.A.C. (Arun Kumbar Kapur, gerente general, y Mónica Elizabeth Ubillús Jiménez, gerenta administrativa) y al gerente general de Larcomar, Luis Guillermo D’Angelo Macchiavello.
La denuncia incluye a Carlos Llerena Zegarra, ex subgerente de Fiscalización y Control de Miraflores, quien debía supervisar las medidas de seguridad del cine y las había calificado de “excelentes”. Se lo acusa por el delito contra la administración pública.
—Negligencias—
Peritajes forenses confirmaron que fue un cortocircuito el que originó el incendio. El 16 de noviembre del 2016, a las 9:50 a.m., hubo una sobrecarga eléctrica en la sala 11 del cine, donde, según el Ministerio Público, había “instalaciones precarias a base de filamentos de cobre, que no estaban protegidas o entubadas”. Esto fue seguido de una combustión súbita generalizada. Todos los ambientes estaban construidos y acondicionados con materiales muy inflamables.
Ana Betsabé Torres Cochachín (46), Joel Mario Condori Rejas (27), Zoledad Moreima Oliveros (42) y Sonia Graciela Repetto Chamochumbi (71), empleados del cine, quedaron atrapados. Buscaron protegerse en una oficina administrativa y murieron asfixiados.
Los bomberos tardaron seis horas en apagar las llamas. Los cuerpos quedaron carbonizados. La oficina donde se habían refugiado las víctimas estaba a unos pasos de una de las salidas de evacuación, pero alguien la había dejado con llave.
“No había un sistema de rociadores en salas ni pasillos. Los detectores de humo tampoco funcionaron a tiempo”, recuerda Eduardo Villar Calderón, abogado de los deudos de Ana Torres.
Al inicio se quiso culpar a un trabajador externo del cine y el ministro del interior, Carlos Basombrío, ofreció S/15.000 de recompensa por su captura. Pero los peritajes forenses confirmarían, al poco tiempo, que la responsabilidad recaía en otros.
—Cambios—
Tras el incendio, la Municipalidad de Miraflores volvió a inspeccionar todos los locales del distrito, incluso aquellos que tenían un certificado indefinido de Defensa Civil. También dio una ordenanza que obliga a los negocios a firmar una declaración jurada para garantizar la seguridad de los clientes. “En caso de desgracias, el local será responsable. Somos el único distrito que exige ese compromiso”, asegura Zara Santillán, subgerenta de Defensa Civil de Miraflores.
Gloria Corvacho, gerenta de Autorización y Control, añade: “Si al supervisar el local vemos que nos han mentido, se revocará el certificado de defensa civil y se procederá a la clausura definitiva”. Larcomar ha adoptado nuevas medidas de seguridad, como la construcción de otras dos escaleras de evacuación. El municipio le ha exigido centralizar la red de sistemas contraincendios y colocar rociadores en todo el centro comercial. “También se les ha pedido cambios en las instalaciones de gas. Ya nos alcanzaron el proyecto”, dice Santillán.
Donde funcionaba el cine no se ha podido hacer ningún trabajo. Hay un litigio entre el ‘mall’ y el cine. Después del incendio, el municipio revocó todos los permisos a UVK y Larcomar le rescindió el contrato de alquiler. Pero la empresa se resiste a devolver las instalaciones. “Hay que seguirle un juicio por desalojo ahora”, dice una fuente del ‘mall’. 
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