PNP interviene San Marcos: todo lo que se sabe sobre el operativo en el que se emplearon una tanqueta y un helicóptero

Un contingente de alrededor 300 policías ingresó ayer al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para desalojar a los manifestantes de distintas regiones del país que pernoctaban en el recinto universitario desde el último miércoles.

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Con un helicóptero y una tanqueta que derribó las rejas y uno de los muros de la puerta número 3 del campus, los policías accedieron a la ciudad universitaria tomada por un grupo de estudiantes en apoyo a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

El operativo, en el que no participó la fiscalía, incluyó la intervención de unas 200 personas, entre manifestantes y estudiantes, así como el allanamiento a la residencia universitaria, en el pabellón designado a mujeres. Entre los intervenidos se encontraban una niña y una mujer gestante, así como adultos mayores.

En videos registrados por estudiantes se denunció el uso de gases lacrimógenos, maltrato a personas enmarrocadas en el suelo, destrucción de donaciones y resistencia por parte de la policía al ingreso de abogados, congresistas y representantes de la Defensoría del Pueblo. Esto último fue confirmado por la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, quien recordó que es indispensable garantizar trato digno y sin maltrato a todas las personas, en especial a mujeres, personas indígenas y adultas mayores. ”Toda intervención debe ser proporcional y respetuosa de derechos humanos”, dijo en RPP.

Detenidos

El Ministerio Público, que llegó al campus horas después de la intervención, informó que la policía detuvo “a tres personas presuntamente vinculadas al delito de terrorismo”, por lo que el fiscal especializado de turno acudió a la Ciudad Universitaria para realizar diligencias. No se informaron sus identidades ni las evidencias que los vincularían a grupos subversivos.

Según el fiscal Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, en total fue “un número ligeramente superior a los 200 ciudadanos detenidos”, los que fueron derivados a las sedes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). La Defensoría reportó que 93 personas fueron llevadas a la Prefectura y 101 a la Dirincri.

Entre los intervenidos también había por lo menos tres periodistas, provenientes de Puno. Así lo denunció la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), que exigió la liberación inmediata de la enviada especial de Fama TV, Paty Condori Huanca; el reportero de Radio Huancané y Líder TV, Percy Pampamallco Yancachajlla; y el reportero de Radio Sudamericana de Juliaca, César Huasaca Abarca. Ellos reportaban incidencias durante la irrupción policial en el campus cuando “fueron arbitrariamente detenidos al interior de la casa de estudios”.

“El gremio ha recibido información pendiente de confirmar que daría cuenta de por lo menos un comunicador más en la misma condición”, añadieron en un comunicado.

De igual forma, el fotoperiodista Omar Lucas denunció en sus redes sociales que su padre, Santiago Arapa Fuiguero (63), sus hermanos Luis y Janeth Arapa Castro y la pareja de esta última, Paul Mesa, fueron detenidos en la universidad cuando acompañaban a una delegación de Juliaca. Debido a que les quitaron sus celulares, están incomunicados y se desconocía su situación.

Recién, a las 10:39 de la noche, la Policía difundió la lista completa de 193 detenidos: 102 fueron llevados a las instalaciones de la Dirincri y 91 personas a la Dircote.

Jennie Dador, secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), denunció que algunas intervenidas declararon que fueron obligadas a desnudarse durante una revisión en la Dircote. La CNDDHH y el Instituto de Defensa Legal (IDL) interpusieron un hábeas corpus ante el Séptimo Juzgado Constitucional para la liberación de las casi 200 personas

Razones

En un primer comunicado, el rectorado de la UNMSM informó que la noche anterior se había registrado el robo de equipos de seguridad y agresión a personal de vigilancia que resguardaba la puerta N°1 del campus por parte de “un grupo de manifestantes que se encontraban con el rostro cubierto”. Este hecho fue denunciado ante la comisaría de la Unidad Vecinal N°3.

Horas después de la intervención policial, la universidad emitió un segundo comunicado donde afirmaba que la PNP “actuó de oficio” en marco del estado de emergencia nacional. “¿Cómo voy a saber que van a ir con tanquetas?”, justificó la rectora Jerí Ramón, en entrevista con Latina.

Sin embargo, un oficio firmado por Abelardo Rojas Palomino, apoderado judicial de la UNMSM, confirma que la casa de estudios solicitó al jefe de la región policial de Lima, Coronel PNP Víctor Zanabria, “la liberación de las puertas tomadas ilegalmente” para la recuperación del recinto.

Esto fue reiterado por el ministro del Interior, Vicente Romero, quien aseguró que la operación respondió a la flagrancia delictiva de los presuntos delitos contra el patrimonio, usurpación agravada, contra la paz pública y violación de domicilio. “Ha sido una intervención prolija, con respeto a los derechos humanos y con consideración a las personas que han venido desde los departamentos del sur”, dijo.

En un comunicado, los estudiantes negaron la denuncia de agresión y robo a vigilantes. “No hubo ningún altercado con los encargados de seguridad ni hurto de sus pertenencias, sino, más bien, sus chalecos los dejaron a la intemperie del campus universitario […] La PNP entró alrededor de las 9:40 a.m. aproximadamente de forma violenta, destrozando todo el campus como la infraestructura y las donaciones que no eran de su propiedad ni representaban riesgo alguno”, indicaron en un comunicado en el que exigieron la renuncia de la rectora.

Sobre la ausencia de fiscales, Romero dijo que hubo una coordinación telefónica previa, pero no dio más detalles.

El abogado constitucionalista Omar Cairo recordó que el estado de emergencia restringe la protección judicial de algunos derechos como a la libertad personal y libertad de reunión, pero no los elimina, por lo que deberá demostrarse que el uso de fuerza fue proporcionada. “La policía puede ingresar a un predio sin orden judicial siempre que haya una vinculación con la causal del estado de emergencia y sea correspondiente a la intensidad de la situación que se denuncia. ¿Había necesidad de romper una pared?”, dijo a este Diario.

“Han sometido en el piso a estudiantes y manifestantes, han ingresado a la residencia de estudiantes femeninas y eso sobrepasa las atribuciones que tienen las fuerzas de seguridad en estado de emergencia. Pudieron haber roto simplemente la cadena de la puerta e ingresar para restablecer el control de los vigilantes; es decir una medida proporcional”, agregó.

La abogada Liliana Calderón, añadió que la ausencia de fiscales también dificultaría las investigaciones sobre la participación de cada intervenido en los supuestos delitos denunciados. “Sin fiscales que puedan estar presentes en la intervención e incautación de objetos va a ser complicado demostrar que se cumplió el principio de legalidad”, explicó.

Tras lo ocurrido, la Misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades peruanas para “asegurar la legalidad y proporcionalidad” en las detenciones e instó a que se protejan los derechos de todos los intervenidos, recordando que muchas de ellas integraron delegaciones de organizaciones indígenas y campesinas.

Del mismo modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las detenciones y pidió que el estado rinda cuentas y garantice “la integridad y debido proceso de todas las personas”.

Hasta el cierre de esta nota, los intervenidos permanecían en ambas sedes policiales. Durante la tarde, más de una decena de portatropas llegaron ayer a los exteriores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde también hay manifestantes alojados. No hubo intervención.