En el ingreso al distrito de San Bartolo, al lado de la carretera, hay un basural en donde diariamente se deja desmonte de construcciones. Los vecinos también abandonan bolsas con desperdicios en este terreno. (Juan Ponce / El Comercio)
En el ingreso al distrito de San Bartolo, al lado de la carretera, hay un basural en donde diariamente se deja desmonte de construcciones. Los vecinos también abandonan bolsas con desperdicios en este terreno. (Juan Ponce / El Comercio)
Jorge Malpartida Tabuchi

La basura acumulada en la vía de ingreso a podría ser un símbolo de la crisis que actualmente atraviesa el distrito. Desde hace meses, restos de botellas, cajas, desmonte y hasta piezas de televisores están regados en una franja de casi un kilómetro sin que las autoridades municipales los recojan.

A dos meses de que se inicie el verano, este botadero es un riesgo para la salud y seguridad de los lugareños y de los visitantes que concurrirán a este balneario del sur de Lima. Sin embargo, los problemas en San Bartolo no solo se reducen a esto. En las calles los vecinos viven con incertidumbre ante la crisis política que se ha apoderado en la municipalidad distrital por la ausencia de su principal autoridad.

“San Bartolo es un caos porque no hay alcalde. Hace unas semanas no se recogía la basura porque no le pagaban al personal. También se redujo el patrullaje de serenazgo y comenzaron a robar casas”, cuenta un policía que nació y creció en el distrito.

El alcalde de San Bartolo, Jorge Barthelmess, está no habido desde fines de setiembre y tiene una orden de captura vigente, luego de que el martes pasado se ratificara en sala de apelaciones el pedido de seis meses de prisión preventiva dictado en su contra por la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.

Barthelmess, quien ejerce el cargo desde hace 14 años, y los ex funcionarios municipales Manuel Ruiz Blanco (gerente de Desarrollo Territorial que está prófugo) y María Lourdes Rueda Lescano (secretaria general que se encuentra bajo prisión preventiva) son acusados por el delito de peculado doloso. Según la fiscalía, entre el 2009 y el 2010 los tres procesados habrían girado y cobrado 15 cheques a nombre de proveedores fantasmas por más de S/68 mil.

En mayo de este año ya se le había dictado nueve meses de prisión preventiva por apoderarse supuestamente de S/705 mil de fondos municipales. En el 2014 y el 2016, Barthelmess recibió sentencias por la venta irregular de un terreno y por enriquecimiento ilícito.

Debido a una de estas sentencias, en octubre del 2015 el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le quitó su credencial de alcalde. Sin embargo, esta se le restableció en febrero del 2016 debido a que el Poder Judicial declaró fundado el pedido de cese de prisión preventiva de su defensa.

Este año, Barthelmess siguió en funciones en el municipio. Firmó documentos oficiales y ordenanzas municipales hasta fines de agosto de este año.

—Deudas a trabajadores—
Katy Aguirre, gerenta municipal encargada de la comuna de San Bartolo, reconoce que entre junio y agosto no se cumplió con los pagos de los trabajadores municipales, pero que este mes ya se regularizaron los depósitos.

Esta versión fue corroborada a El Comercio por personal de parques y jardines de la comuna, quienes dijeron que les habían depositado de manera escalonada los salarios, pero que todavía estaban pendientes los pagos de beneficios sociales, como CTS y pensiones.

“Estos pagos se realizarán pero tenemos un déficit financiero por la baja recaudación en los impuestos prediales. La morosidad es del 75%. Pese a ello los servicios municipales continúan”, asegura Aguirre.

—Sesión pendiente—
El abogado experto en temas municipales Julio César Castiglioni explica que, ante el impedimento del alcalde de San Bartolo de ejercer el cargo, las funciones son asumidas provisionalmente por el teniente alcalde. Castiglioni dice que es necesario que el concejo municipal acuerde suspender a Barthelmess. A partir de esta decisión, el JNE podrá dejar sin efecto su credencial como autoridad mientras dure el proceso judicial. En caso de que sea condenado procedería su vacancia.

El regidor oficialista Antonio Sánchez indica que aún no se ha programado la sesión para acordar la suspensión del alcalde. “Estamos esperando que el juzgado nos notifique el pedido de prisión preventiva”, aduce.

Según Castiglioni, si los regidores no realizan dicha votación, el JNE puede conminarlos a tomar el acuerdo con riesgo a ser denunciados por el delito de abuso de autoridad por omisión de funciones.
Mientras tanto, la Municipalidad de San Bartolo funciona bajo la sombra de una autoridad que ha desaparecido. 

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