Taxis por aplicativo: comisión aprueba observaciones a ley que crea registro nacional

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó por unanimidad las observaciones del Ejecutivo a la ley que regula el servicio de taxi por aplicativo y crea el “Registro nacional de entidades administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial-taxi”.

La norma había sido aprobada por el Pleno en noviembre pasado, pero su promulgación no fue posible debido a las observaciones del Ejecutivo, entre ellas lo referido al financiamiento del registro nacional.

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El congresista Miguel Angel Elías, presidente de la mencionada comisión, explicó a este Diario que se han allanado a las propuestas del Gobierno sobre el tema. El siguiente paso es que el dictamen regrese al Pleno para su aprobación.

Sobre el financiamiento, detalló que será incluido en el Presupuesto del Año Fiscal 2020, cuya aprobación se realizará en el mes de noviembre.

“Uno de los puntos que observaron es que no tenían dinero para crear esta plataforma virtual. Sin embargo, (el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC) ha devuelto más de 600 millones de soles. Entonces queda para el próximo presupuesto”, mencionó.

De acuerdo al parlamentario, con la nueva norma el usuario sabrá a dónde recurrir y reclamar en caso de que la empresa de taxi que solicitó por aplicativo no realice un buen servicio. “Es importante por la seguridad que deben tener los usuarios por los asaltos y otros delitos”, dijo.

La norma detalla que las empresas de taxi por aplicación deben registrarse ante el MTC para el inicio de sus actividades comerciales. Dicha información estará disponible por internet en línea para el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

De omitir el registro respectivo, la empresa y su representante legal son responsables administrativamente por dicho incumplimiento.

De igual forma, el MTC estará obligado a establecer los requisitos que garanticen los derechos y seguridad de los usuarios. Asimismo, establece las infracciones y sanciones que les son aplicables a las empresas (que no podrán los datos de los usuarios para otros fines) y a los conductores.