Universidad San Marcos: la historia de un aniversario con presencia de encapuchados, tomas en facultades y enfrentamientos

La situación de tensión inició la tarde del lunes luego de un comunicado emitido por el Vicerrectorado Académico en el que anunciaba la suspensión de las actividades presenciales por el paro nacional de transportistas convocado para el miércoles 14. “Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de nuestra comunidad, las actividades académicas presenciales quedan suspendidas a partir de las 17:00 horas de hoy, 12 de mayo, así como los días 13 y 14 de mayo de 2025, el desarrollo de clases serán de manera virtual”, informaron a través de las redes sociales de la universidad.

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Renzo Rojas Peña, vocero de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), denunció que la orden de cierre de puertas fue intempestivo y perjudicó a los estudiantes en semana de exámenes parciales. En diálogo con El Comercio, añadió que personal externo agredió a jóvenes durante la madrugada.

“El cierre fue en el contexto del paro, pero con dos días de anticipación cuando estamos en plenos parciales. Lo que se sospechaba era que la verdadera intención era que personal de seguridad pueda retirar a compañeros que estaban en tomas en Matemática y Educación. Entre la 1 y las 2 de la madrugada personal no identificado ingresó por la puerta de la OCA [puerta 8] a la ciudad universitaria y atacó a los estudiantes” dijo. En el caso de la facultad de Ciencias Matemáticas, el 21 de abril pasado un grupo de estudiantes de la sede Chilca de la UNMSM tomó dicha dependencia para exigir mejoras en la infraestructura y calidad académica. Desde entonces, las actividades académicas de estudiantes y docentes de Ciencias Matemáticas se desarrollan de manera virtual. Las autoridades de San Marcos, sin embargo, han señalado que la medida de fuerza fue realizada por alumnos que no pertenecerían a la sede Chilca.

Sobre el inicio de la tensión, sanmarquinos que prefieren mantener su nombre en reserva indicaron a este Diario que, aunque sí se cerraron las puertas sin avisar con suficiente antelación, la confrontación fue motivada por un grupo de estudiantes que se oponía a la suspensión de actividades. “Nos informaron que no habría clases martes y jueves, pero desde el lunes en la tarde empezaron a cerrar las puertas cuando habían exámenes programados. Lo que no es verdad es que los guardias estaban sacando a estudiantes de las facultades, yo estuve hasta las 6 de la tarde y no me hicieron problemas. Lo que sí vi fue estudiantes que tienen varios años en la universidad que llamaban gente para hacer disturbios y tomar las puertas de la universidad. Hasta las 10 de la noche, los que controlaban el ingreso y salida era ese grupo de estudiantes”, dijo una fuente.

Lo cierto es que por la noche ocurrieron serios actos de violencia en las puertas 8 y 2 de la universidad con la participación de encapuchados cuya autorización de ingreso al campus ha sido atribuido por representaciones estudiantiles, como los centros federados de Educación, Derecho y Ciencia Política, a la rectora Jerí Ramón.

Asimismo, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Cristóbal Aljovín, calificó de injustificado el cierre de dos días y medio de todo el campus debido al paro de transportistas. “Nuevamente se han repetido los sucesos de octubre de 2024, cuando un grupo de encapuchados sin identificar ingresó al campus a la fuerza y agredieron a los estudiantes, resultado en varios heridos”, dijo en un comunicado y añadió que lo sucedido, junto a los procesos internos, es evidencia de la falta de cultura de diálogo en las autoridades.

Videos registrados por estudiantes muestran cómo sujetos con el rostro cubierto, provistos de palos, arremeten contra una de las casetas de seguridad que había sido tomada por estudiantes ante el cierre del campus.

Según Rojas, dos estudiantes resultaron heridos debido a las agresiones de este personal sin identificar. “A una compañera le cayó una piedra en la boca y a otro, en el hombro. Los enfrentamientos fueron provocados por terceros que no sabemos quiénes son y es la segunda vez en menos de seis meses que ingresa personal así. Estaban con capuchas, casacas negras y palos en la mano. No estaban identificados ni tenían distintivos de la universidad, pero eran personas con claras actitudes delictivas, matonescas”, denunció.

Para el vocero del FUSM, es cuestionable que pese a lo sucedido en la ciudad universitaria, las autoridades participaran sin inconvenientes en las actividades de aniversario. “Sorprende que las autoridades hayan estado festejando en la Casona Universitaria mientras dos facultades llevan varias semanas tomadas. No se dan soluciones a las problemáticas”, agregó a este Diario.

RESPONDE LA UNIVERSIDAD

A través de un comunicado, la UNMSM informó que ha iniciado una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de los enfrentamientos que incluyeron agresiones a estudiantes y personal de seguridad, así como daños a la infraestructura. No reconocen haber autorizado el ingreso de dichas personas.

“La presencia de grupos de encapuchados ajenos a la universidad, que han ocupado instalaciones de manera ilegítima, generando caos y vienen afectando el normal desarrollo de las actividades académicas”, indicaron en el comunicado.

Según las autoridades de la Decana de América, se trataría de “intentos deliberados de interrumpir el funcionamiento institucional, en un contexto marcado por las elecciones estudiantiles y de autoridades de facultades, previstas para el próximo 27 de mayo”.

Hace una semana, el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de habeas corpus presentada por estudiantes de la UNMSM por la detención de casi 200 personas dentro del campus en enero del 2023, en marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

La sentencia emitida en el Expediente 02513-2023-PHC/TC, publicada el pasado 30 de abril, exhorta al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú a “que, en lo sucesivo, respeten los derechos a la libertad personal y a la protesta de los manifestantes, debiendo adecuar sus protocolos y prácticas de manera que hagan uso proporcionado de la fuerza, distingan entre los manifestantes pacíficos y violentos, y eviten realizar detenciones masivas, bajo responsabilidad”.

Dicha resolución está conformada por el voto de los magistrados Domínguez Haro, Gutiérrez Ticse y el voto del magistrado Monteagudo Valdez, quien fue convocado para dirimir la discordia suscitada en autos. De acuerdo con el voto decisivo de Monteagudo, lo sucedido en San Marcos debe ser evitado en el marco de cualquier Estado Constitucional. “Las detenciones masivas y arbitrarias, así como el uso desproporcional de la fuerza, constituyen fenómenos que deben ser especialmente fiscalizados tanto por la opinión pública como por la justicia constitucional, en la medida en que reflejan la forma de cómo el aparato estatal maneja episodios de oposición política. Y es que, en el marco de cualquier sociedad democrática, el acto de la protesta refleja el disenso que resulta natural en cualquier asociación política, y que requiere, por ello, una respuesta dentro de los estándares tanto nacionales como internacionales de protección de las libertades fundamentales”, indicó en la justificación de su voto a favor del habeas corpus.

Un informe de la Defensora del Pueblo, de mayo del 2023, precisó que fueron en total 191 personas las que fueron dependencias policiales, entre ellas estudiantes, madres embarazadas, madres con niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas pertenecientes a pueblos indígenas. Se concluyó que en el desarrollo del operativo policial, en el que no participaron representantes del Ministerio Público, se advirtieron inadecuados procedimientos de inmovilización y maltrato físico y psicológico hacia detenidos de procedencia indígena, con ofensas de índole racista. “Durante la intervención policial a la UNMSM no se cumplió con las salvaguardas, que son las garantías que permiten evitar actos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derechos tan elementales como el de la dignidad e integridad, el de defensa, la posibilidad de acceder a alimentos y a agua, a servicios higiénicos, a contar con intérpretes, entre otros, no fueron respetados”, señaló el informe de la Dirección Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de dicho organismo.