En EE.UU. ya no es obligatorio el uso de mascarillas en transporte público: ¿qué hará el gobierno de Biden?

El lunes 18 la jueza federal Kathryn Kimball Mizelle declaró ilegal la ordenanza de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) que obligaba a los ciudadanos a utilizar mascarillas durante sus viajes en transporte público.

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Durante su fallo, la magistrada argumentó que la aplicación de la orden emitida por los CDC viola el derecho administrativo y consideró que este organismo había excedido sus facultades con la disposición.

Con esta decisión, los pasajeros de vuelos comerciales, trenes, buses, taxis y estaciones de transporte ya no están obligados a utilizar mascarillas durante sus viajes. La gran aceptación del público a la decisión quedó resumida en un video que fue difundido por redes sociales poco después de conocerse la sentencia.

En él se puede ver a un grupo de pasajeros de un vuelo comercial celebrando luego de que la tripulación les informara que ya no era necesario usar tapabocas en los aviones o aeropuertos.

Compañías aéreas como American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines; de taxis como Uber y Lift, además de la red estatal de trenes Amtrak han reemplazado sus normas de uso obligatorio de mascarillas por la “recomendación” de emplearlas.

La decisión de la jueza Mizelle ha representado un revés para los CDC, que apenas una semana atrás habían ampliado por 15 días más el mandato de usar tapabocas en lugares públicos.

Golpe al gobierno

De la misma forma, la Administración de Joe Biden ha recibido la noticia como un golpe a sus políticas de salud pública contra el COVID-19. Sin embargo, hasta el momento no se tiene claro si Washington buscará apelar a la decisión.

El Departamento de Justicia emitió un comunicado el martes 19 anunciando que la apelación está “sujeta a las conclusiones de los CDC de que la orden sigue siendo necesaria para la salud pública”.

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Los CDC, por su parte, no aportaron mayor claridad al asunto. Una hora después del comunicado del Departamento de Justicia emitieron su propia nota en la que aseguraban que seguían revisando si la orden aún era necesaria, pero repetían su recomendación de utilizar los cubrebocas.

“Los CDC continúan recomendando que las personas usen máscaras en todos los entornos de transporte público en interiores”, señaló la agencia. “Seguiremos evaluando la necesidad de un requisito de máscara en esos entornos, en función de varios factores, incluidos los niveles de la comunidad de COVID-19 en EE. UU., el riesgo de circulación y variantes novedosas, y las tendencias en los casos y la gravedad de la enfermedad”.

Ese mismo martes 19 el presidente Biden fue abordado por la prensa antes de volar hacia New Hampshire y fue consultado sobre la decisión judicial y sobre sus recomendaciones hacia la ciudadanía por el uso de mascarillas, a lo que respondió que “depende de ellos mismos”.

Poco más tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, parecía aumentar el apoyo del gobierno hacia los CDC. “Continuamos alentando a las personas a usar mascarillas en el transporte público. Tomarán esa decisión porque obviamente no se está implementando en este momento, pero continuaremos cumpliendo con la guía de los CDC”, señaló.

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¿Opciones reales de éxito?

La incertidumbre sobre una apelación por parte del Gobierno Federal parece deberse más a las consecuencias que podría tener el fallo sobre el prestigio de los órganos sanitarios que sobre la medida en sí.

Andy Slavitt, exmiembro del equipo de respuesta al COVID-19 durante la Administración Biden, se lo resume a Bloomberg señalando las “desventajas” que podría traer una apelación.

“Si bien es muy tentador apelar un fallo tan dudoso como este, existe un riesgo al hacerlo. Si apelan y pierden, los CDC podrían quedar impotentes para tomar algunas precauciones básicas de salud pública en caso de un aumento repentino de casos en otoño o invierno”, señala Slavitt.

El experto destaca, además, que este riesgo aumenta para la administración federal si se toma en cuenta que la jueza que dictó la orden fue designada por el expresidente Donald Trump y habría mostrado una tendencia más cercana a los republicanos que se oponen al uso de mascarillas.

Los especialistas, sin embargo, temen que la medida pueda traer consigo un repunte de casos de COVID-19 en el país, donde actualmente se registra un drástico descenso luego de picos de casos causados por la variante BA.2 durante el invierno.

“La mayor preocupación es que queremos que las personas estén seguras y nos preocupa que aún no hayamos superado la pandemia tanto como la gente quiere, y las tasas (de COVID-19) están comenzando a aumentar”, señaló a la cadena CNN el director médico de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales, doctor Marcus Plescia.

En el mismo artículo de CNN resaltan cómo la experiencia de otros países demuestra que el paso de “prohibir” a “recomendar” el uso de mascarillas en la práctica representa el abandono de estas.

Para ello, la cadena de noticias estadounidense cita los ejemplos de Inglaterra y Francia, señalando que la mayoría de gente que usaba los cubrebocas mientras era una ordenanza dejaron de hacerlo al convertirla en una sugerencia.

Minientrevista

Jennifer Piatt, experta en leyes y políticas sanitarias de la Universidad de Arizona

— ¿Qué tan único es un caso en la historia de los Estados Unidos donde una organización civil denuncia y gana una demanda contra el gobierno federal por una ordenanza de salud pública?

Esta decisión específica es sorprendente en términos del resultado, pero no es sorprendente que se haya presentado. Desafíos como este ocurren a menudo, especialmente durante la pandemia de COVID-19, ya que las personas y organizaciones han tratado de limitar los poderes de salud pública a través de argumentos legales sobre los derechos individuales o argumentando que las entidades gubernamentales carecen de poder para implementar ciertas medidas de salud pública en primer lugar. El poder de los CDC se basa en la autoridad del Congreso; en esencia, los CDC tiene el poder que le otorgan las leyes federales del Congreso. Este tipo de demandas generalmente argumentan que los CDC u otras autoridades de salud pública han actuado más allá de los límites permitidos por la ley y el Congreso.  

— En su veredicto, la jueza Kathryn Kimball Mizelle señala que los CDC no justificaron adecuadamente su decisión y no siguieron los procedimientos al emitir la orden judicial. ¿Qué opina sobre ese argumento? ¿Hay antecedentes de casos similares?

El análisis utilizado por la jueza en este caso presenta una interpretación errónea fundamental de la Ley del Servicio de Salud Pública. La ley otorga claramente a los CDC el poder de promulgar las normas necesarias para “prevenir la introducción, transmisión o propagación de enfermedades transmisibles” entre los estados o de fuentes extranjeras. Parece bastante obvio que este lenguaje permitiría a los CDC exigir mascarillas en el transporte entre estados para evitar la propagación de una enfermedad infecciosa mortal como la COVID-19 en medio de una pandemia mundial. El razonamiento del juez aquí fue fundamentalmente defectuoso y proporciona una lectura severamente limitada de los poderes que realmente tiene el CDC.

En cuanto a casos similares en el pasado, sí y no. Hemos visto una gran cantidad de litigios que desafían a las autoridades de los CDC y otras agencias durante la pandemia de COVID-19, y aunque algunos de esos casos han tenido éxito, este caso claramente va demasiado lejos.

— La Administración Biden podría apelar la decisión, ¿qué opciones cree que tiene para ganar esa apelación? Y, ¿hasta qué instancia judicial podría llegar esta disputa?

La Administración Biden ciertamente podría apelar la decisión ante la Corte de Apelaciones del 11° Circuito, y ha indicado que lo hará si los CDC determinan que el mandato sigue siendo necesario. Dependiendo del resultado de esa decisión, el caso podría apelarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Debido a que el juez del tribunal de distrito aquí obviamente malinterpretó la ley, es probable que una apelación de la Administración Biden tenga éxito, pero, por supuesto, no hay garantía.