Más deportaciones a El Salvador: “Trump está probando los límites a los que puede llegar su autoridad”

Fue el propio secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien confirmó este traslado este lunes 31 de marzo. “Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades y nuestros ciudadanos”, dijo.

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Según la agencia de noticias Europapress, la detención de los 17 implicados se dio tras “una exitosa operación antiterrorista”, y Rubio recordó que ambos grupos delictivos son considerados “organizaciones terroristas”.

La información fue ratificada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Todos los individuos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos seis violadores de niños”, señaló en su cuenta de X.

Unas horas después, Donald Trump respondió agradeciendo a Bukele por “darles un lugar tan maravilloso para vivir”, en alusión a la megacárcel símbolo de la guerra del líder salvadoreño contra las pandillas: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Sin embargo, el reciente traslado no deja de ser polémico. También durante el fin de semana, el juez federal Brian Murphy, informa CNN, bloqueó temporalmente la deportación de migrantes a lugares que no sean su país de origen, tras el envío de 238 venezolanos a la mencionada prisión de máxima seguridad en El Salvador, acusados de pertenecer a grupos delictivos.

El analista internacional Octavio Pescador compara la gestión de Donald Trump con un infante o adolescente que empieza a conocer los límites de su comportamiento. “Está probando los límites a los que puede llegar su autoridad frente al Poder Judicial y las consecuencias que puede tener, en términos del marco de la opinión pública”, indica en diálogo con El Comercio.

Y sí, aunque hay un marco jurídico que establece los procedimientos, el profesor de la UCLA y comentarista de CNN en Español agrega que “la opinión de la sociedad influye mucho en la interpretación de la ley y los precedentes”. Y hoy la opinión pública está a favor de la expulsión de migrantes, aunque con algunas observaciones.

El diario español El País informa que el 97% de los estadounidenses está a favor de la expulsión de migrantes que hayan cometido crímenes violentos. Ello según datos obtenidos por Pew Research Center. Pero la situación cambia respecto a los indocumentados: solo 32% considera que los inmigrantes que no tienen documentos deberían ser deportados, y un 16% dijo que ninguno. Es decir, no se puede decir que hay unanimidad en los casos de deportación.

Choque de poderes

Octavio Pescador apunta que tanto Trump como su equipo han sido claros en que “su agenda se va a implantar de cualquier manera, a costa de lo que sea”. Y uno de los puntos es lograr la mayor deportación en la historia de Estados Unidos.

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Además del juez Brian Murphy, quien delimitó las acciones en casos de deportaciones de migrantes a lugares que no sean su país de origen, a mediados de marzo el juez federal de Washington, James Boasberg, también suspendió las deportaciones, y desató la ira de Trump que lo llamó “lunático radical de izquierda” y pidió su expulsión.

¿Qué es lo que está en debate?

El gobierno de Donald Trump se ampara en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de guerra que le permitiría continuar con sus deportaciones. Sin embargo, hasta el momento no ha tenido respaldo en el sistema judicial.

El Departamento de Justicia estadounidense ha solicitado a la Corte Suprema que evalúe el caso, y continuar con sus deportaciones.

El analista internacional Francisco Belaúnde explica a este diario que la Corte Suprema es el máximo intérprete de la Constitución, y si bien es cierto que hay una mayoría conservadora, “no es que todos esos conservadores vayan necesariamente a apoyar a Donald Trump en este tema de expandir el Poder Ejecutivo por encima de la Constitución”.

Hoy la Corte Suprema es dirigida por el conservador John Roberts, quien ya rechazó públicamente el pedido de Trump de destituir al juez Boasberg, diciendo que “no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial”.

Es así como la reciente deportación, señala Belaúnde, “se suma a la serie de retos que están habiendo”. Aunque otro camino para continuar con las deportaciones estaría en una aprobación del Congreso.

¿Expulsiones manchadas?

Además del aspecto legal, también hay otro factor que advierte el analista Octavio Pescdor: la transparencia.

“El gobierno no ha dado datos específicos de cómo se identificó a los individuos. No han dado detalles. Eso sí constituiría como faltas, digamos, al debido proceso”, explica el docente a El Comercio. Un tema que también ha sido criticado por la organización Amnistía Internacional que calificó como “desprecio manifiesto de Estados Unidos a sus obligaciones en derechos humanos”.

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“Hay gente que solamente son inmigrantes ilegales. Entonces, el tema es también la crueldad de esta administración, que no le importa las consecuencias humanas. Están siendo sometidos a un tratamiento terrible que se aplica a los a los delincuentes, y ya se sabe que lo que ocurre en El Salvador viola los derechos humanos”, añadió, por su parte, el analista Belaúnde.

Mientras que el sistema judicial resuelve las medidas aplicadas por Trump, la incertidumbre para los migrantes continuará más tiempo.